Los desmontes en la ladera de los cerros de la zona este continúan a pesar de la aparente firmeza del municipio. Los vecinos de la zona temen que el negocio inmobiliario arrase con parte de una reserva protegida por ley.
En septiembre de 2019, en una de sus habituales publinotas, el matutino de la familia Romero plasmó una generosa descripción de un proyecto hotelero-turístico que pretendía emplazarse al pie del denominado cerro de la virgen: “Se trata de un moderno complejo desarrollado bajo el formato de usos mixtos (condo hotel) gerenciado por una cadena hotelera internacional, el cual contará con más de 100 unidades habitacionales entre habitaciones, cabañas y apart, emplazadas dentro de un predio de 4 hectáreas ubicadas a 10 minutos del centro. Este complejo contará con todos los servicios y amenities de calidad que brindan las cadenas hoteleras de primera línea, como piscinas, restaurante, gimnasio, spa, salas de conferencia y salón de eventos, entre otros”.
La cadena internacional a la que hacía referencia el aviso comercial disfrazado de artículo era nada menos que Hilton, y la inversión prometida rondaba los U$S 20 millones. No obstante, dos detalles elementales echaron por tierra la ilusión empresaria y terminaron por paralizar el proyecto: En primer lugar, el terreno no contaba con factibilidad de servicios, ni certificado de no inundabilidad, entre otros requisitos. En segundo lugar, la parcela en cuestión era (es) una reserva natural protegida por ley.
A dos años de aquella frustrada experiencia, la zona sigue siendo testigo del avance de emprendimientos que abren paso al negocio inmobiliario a fuerza de máquinas. Los vecinos de Los Carolinos al 700, cansados de ver cómo la pelota vuela de un lado al otro, decidieron hacerse escuchar y presentaron una cautelar ante el municipio. En los últimos meses lograron poner un alto a dos desmontes en la zona, aunque a los pocos días, las máquinas retomaron las tareas con absoluta impunidad. Además de la colocación de medianeras de lona que infringen todo tipo de normativas, los trabajos realizados en el lugar taparon un desagüe pluvial, afectando gravemente la inundabilidad de la zona.
El trasfondo de los negocios
En el espacio natural que colinda con el exclusivo barrio Tres Cerritos confluyen intereses particulares y empresariales de todo tipo, en especial del rubro inmobiliario. En 2015, según la información que consta en la Dirección de Inmuebles, una parte importante de la extensión es adquirida por Hernán Correa, gerente del grupo Ragone S.A., por un valor de $350 mil pesos. Un año después, transferiría una parte del terruño a Javier Alderete, ex-intendente de la ciudad de Salta por el PJ entre 1987 y 1991.
A comienzos de 2016, el empresario inició los trámites en el Concejo Deliberante para dar curso al desarrollo turístico que tenía como potenciales inversores a las firmas: Hillton, Marriot y Accor. Allí encontró fervientes opositores, otros que se mostraron cautos y quienes, sin decirlo, dejaron entrever su postura a favor. Entre los argumentos de quienes pusieron reparos a la aprobación, figuraba el hecho de que el complejo no contaba con factibilidad de servicios, ni certificados de no inundabilidad. El estudio de impacto ambiental, por otro lado, se había aprobado sin convocar una audiencia pública, tal como manda la ley 7070. Finalmente, el proyecto quedó paralizado.
La cédula parcelaria del terreno refiere que, además de Alderete y Correa, son propietarios de subdivisiones del mismo: Ana Laura Ragone y Cristian Gabriel Suaina. La primera es familiar del exgobernador peronista desaparecido en 1976 y había sido protagonista de un inusitado escándalo en enero, cuando quiso cobrar un canon a todos los medios de comunicación que tienen antenas emplazadas en el cerro 20 de febrero. El segundo, integra la familia propietaria desde 1993 del Centro Integral de Alta Complejidad (CIAC), ubicado en Santiago del Estero 449. A juzgar por las declaraciones de Suaina al medio IN Salta en 2019, el tema de las disputas inmobiliarias viene de familia: “Mi mamá consiguió plata prestada para comprar la casa de al lado de los consultorios y entró en una disputa con una constructora que también quería ese terreno. Finalmente, la dueña de casa se lo vendió a ella porque decía: ‘la doctora cura gente`”, recordó.
Otra de las áreas naturales en disputa es la exclusiva Finca La Candelaria, donde operan las inmobiliarias Altos Tres Cerritos y Tres Cerritos SA. La primera sería propiedad de la familia Cantarero, mientras que la segunda estaría en manos de los Lacroze Garat. Esta última firma fue la que donó en 2003 más de 30 hectáreas a la fundación de María Livia para que monte allí el santuario religioso en honor a la Virgen del Cerro.
Vecinos indignados
«A todos los vecinos nos afecta en la calidad de vida porque se está desmontando un cerro y porque tenemos problemas de agua», relató a Cuarto Poder Bettina Ayejes, vecina del lugar. «Hay una lona verde, por lo que se infiere que están intentando encubrir algún tipo de actividad y se puede ver también la tala de árboles. El canal de desagüe que nos protegía de las inundaciones está todo cubierto», añadió.
Bettina, junto a un grupo de vecinos, presentaron todo tipo de documentación, a la vez que recibieron todo tipo de respuestas. El municipio, que ante la opinión pública se mostró inflexible con los desmontes, tuvo una posición bastante más tibia con los vecinos: «Nos dijeron que hasta ahí es su competencia, que más allá no pueden ir. Además, nos informaron que el Concejo Deliberante tiene el poder de sacar la excepción y por ahí podría venir el problema», comentó Ayejes.
La devolución no resulta novedosa, considerando el prontuario de excepciones que el cuerpo de ediles aprobó en nombre del negocio inmobiliario, aunque es ciertamente elusiva de las atribuciones y responsabilidades del Ejecutivo municipal. «Nada puede estar encima de la Carta Orgánica Municipal», aclara Bettina, «pero siempre aparecen excepciones por afuera de la municipalidad, por eso también enviamos la nota al Concejo Deliberante».
En la información entregada a los vecinos, hay un resumen de la actividad desarrollada en la matrícula. Allí se destaca un expediente del ingeniero Rafael Cornejo, en el que consulta qué tipo de construcción se podía hacer allí. «Algo ya se venía planeando», subrayaron los afectados.
La legislación
Además de la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente, la carta orgánica y el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental, una serie de ordenanzas municipales dejan en claro el carácter protegido del lugar. Para el CPUA, el terreno se encuentra categorizado como «Área Especial de Interés Ambiental Reserva Natural», por encima de la cota, en Área Suburbana no urbanizable.
En 2016 se modificó la Ordenanza Municipal N° 9.278/1999, quedando la reserva delimitada finalmente como sigue: “a) al Norte por el río Mojotoro, al Sur por la Ruta Nacional N°9 de acceso a la Ciudad de Salta, excluyendo los barrios: Floresta Alta, Portal de Güemes, Las Colinas, El Mirador, Constitución, Velata, al Este por el camino Quebrada del Cuarteadero y al Oeste por la cota 1.225 de la ladera de los cerros ubicados al este de la ciudad”, y “b) por el parque Los Lapachos, el Tiro Federal, Villa Las Rosas, el Cementerio San Antonio de Padua, villa Aída y Ruta Nacional N° 9 a partir de la cota 1.225”.
Aquella modificación tuvo la intención de facilitar el acceso a servicios básicos en los barrios mencionados. A su vez, se establecieron restricciones para la construcción de residencias: por lo menos 60% de la superficie del terreno debía estar libre de construcciones y ser verde.
Desde 1989 se encuentra declarada de interés municipal “la protección y mejora de los bosques que cubren los cerros que cercan por el Este la ciudad de Salta, desde el Parque Industrial hasta el río Mojotoro y en general en toda la jurisdicción municipal”.
