Pagó poco y nada por Salta Forestal, instaló un discurso de derecha y homofóbico entre las clases más vulnerables y ahora aparece como la principal figura del gobierno de Javier Milei más cruel e inhumano de las últimas décadas. La hermana del Presidente visitó Salta con el titular de la cámara baja nacional, Martín Menem, especialmente para firmar el cambio de nombre del partido Salta Somos Todos y asegurarse los “derechos de autor” sobre el sello La Libertad Avanza (LLA).
El cambio de nombre de uno de los dos partidos de Alfredo Olmedo, aliado local de la primera hora, que en diciembre asumió la presidencia del Parlasur, se realizó en el Juzgado Electoral Nacional y reunió también a los diputados María Emilia Orozco y Carlos Zapata, entre otros referentes.
La presidencia del renombrado partido quedó en manos del ex concejal Eduardo Virgili. Mientras que el mismo Olmedo se mantendrá como titular del otro sello, Ahora Patria, el cual lo usará para sumar fuerzas el año que viene, quizá en forma de una coalición distrital.
Olmedo, hoy en día quien capitaliza el fenómeno milieista, aunque el año pasado estaba desaparecido, y no eran pocos los decían que estaba con problemas de salud (mental), en la horrenda actualidad que reina para la mayoría de salteños, renace como un miembro de la dirigencia anti-popular.
Ahora son dos las provincias donde LLA es formalmente un partido político y no una coalición. La otra es La Rioja, donde Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, fue pionero en la inscripción del partido y casualmente donde Olmedo tiene una extensa plantación de olivos.
Una familia emprendedora con la tuya
Los negocios de la familia Olmedo y el gobierno de Juan Romero empezaron a finales de la década del 90 cuando se licitó la concesión de las más de 300 mil hectáreas fiscales de la antigua empresa Salta Forestal SA a la firma Eco Desarrollo Salta SA, de Alfredo Paulino Olmedo y Néstor Cervera. El acuerdo no contemplaba el pago de impuestos en los primeros 21 años y a pesar de ello acumuló múltiples irregularidades en el cumplimiento del pliego de condiciones.
Los terrenos estaban en proceso de liquidación por parte del Estado, en medio de la ola privatizadora que impulsó Romero. Alfredo Olmedo (padre) y Néstor Cervera presentaron una “iniciativa privada” para obtener la “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral: biológico, económico y social”. Mediante un decreto, Romero le otorgó al proyecto una ventaja del 7 por ciento y dejó la licitación sin competidores. Su nombre sonó entonces como uno de los socios fuera de los papeles para que el contrato se terminara por firmar el 16 de mayo del año 2000.
El objetivo de la concesión era desarrollar el área durante 64 años, sin tener que pagar ningún canon hasta el vigésimo primer año. La inversión no debía ser menor a 36 millones de dólares y, a partir de 2021, Ecodesarrollo SA debía pagar 50 mil dólares por año. Entre las obligaciones que estableció el pliego y que se incumplieron estaba la de mejorar “la calidad de vida de los habitantes”, y quedaba prohibido el monocultivo, además de tener indicaciones específicas para desmontes, mejora de la infraestructura y forestación.
Según informes oficiales, desde 2003 las inspecciones detectaron que el cronograma de inversiones no estaba siendo respetado y que el concesionario no cumplía con los montos acordados. Ese mismo año la empresa se dividió y, mediante otra discutida resolución del Gobernador Romero, el Ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera SA a quedarse con 132 mil hectáreas de Salta Forestal, que luego traspasó a Cresud SAIF, propiedad del poderoso holding inmobiliario IRSA, dueño de los principales shoppings del país. En 2008, tras crear la Unidad de Revisión y Renegociación (Uniren) de contratos y licencias, la provincia logró firmar un acuerdo con Cresud por la devolución de 30 mil hectáreas y el pago de un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada por año, lo que representaba más de un millón trescientos mil pesos. Olmedo nunca aceptó sentarse a negociar, aduciendo que no se respetaba “la letra del contrato”.
En las 230 mil hectáreas que están bajo el control de los Olmedo ya se desmontaron cerca de 30 mil para plantar soja. La Legislatura aprobó en 2010 una ley que los intima a pagar un 10 por ciento de su producción, algo insuficiente ya que Olmedo, a su vez, arrienda parte del territorio y cobra un 30 por ciento de lo cosechado a productores de menor escala. El Gobernador Juan Urtubey, finalmente antes de un pasamanos de la firma que explotaba las tierras en Anta, le condonó una suma millonaria por el pago del canon.
Acusaciones de trabajo esclavo
Olmedo es conocido por ser un esclavista en el siglo XXI. Informes de inspecciones han documentado situaciones en las que los trabajadores han sufrido las peores explotaciones. Trata de personas y reducción a la servidumbre en su finca en La Rioja. Fue indagado en Mendoza por lavado de activos y por la utilización de vehículos a su nombre por parte de la organización del narcotraficante Enrique “El Oso” Argumedo. También fue investigado de homicidio culposo por un siniestro automovilístico en Buenos Aires que dejó como saldo un muerto y tres heridos. El juez Darío Bonanno lo sobreseyó, pero en su resolución apareció el nombre de Marcelo D’Alessio, que se presentó en su auxilio como agente de la DEA. El falso abogado está detenido en una causa por extorsiones y asociación ilícita, que también tuvo como protagonistas al fiscal Carlos Stornelli.
Doble moral
Un divorcio, tres parejas, dos casamientos, cuatro hijos, acusaciones de violencia de género, descubrimientos in fraganti en hoteles alojamientos y prostíbulos. Su esposa Eliana Piorno García, con 26 años en 2017, ratificó que las fotos de sus manos golpeadas eran ciertas y declaró en el diario La Gaceta: “No se puede hablar con una persona que defiende a la familia y deja a la suya en la puerta de un telo”.
Hay sobradas muestras de sus locuras en el boliche Cocodrilo en Buenos Aires y no solo eso también de su infame vida nocturna. El mismo que propone el regreso del servicio militar obligatorio, allá por el 2012 le hizo costosos regalos a Rocío Marengo y ella lo acompaño en distintos actos proselitistas; pero cuando le consultaron sobre el romance que venia intentando financiar Olmedo fue la propia Marengo, quien al sentir vergüenza aclaró: “Jamás salí con ese señor. No tengo la culpa de que se enamoren de mí”.
Lavado de dinero
La justicia federal también lo investigó por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La causa se inició a partir de una serie de denuncias anónimas en las que se acusaba a Severiano Antonio Vara Moyano de dedicarse al tráfico de estupefacientes, en vinculación con “Araya” y “Pocholo” Giraldes, Omar “Oso” Argumedo, Guillermo “Guachin”, “Los Riverito” de Maipú, Beto Alonso y Ramón Vara, algunos de los cuales ya se encontraban detenidos por ese delito.
En abril de 2013 se procedió a un allanamiento en la casa de Vara Moyano donde si bien no se encontraron sustancias estupefacientes, sí se hallaron grandes montos de dinero. Además se identificó una camioneta a nombre del principal acusado y otros dos vehículos, uno a nombre de Anabela Yesica Vara -hija de éste- y el otro a nombre de Marcela Alejandra Moyano, de quien aún no se pudo definir el parentesco. Se estima que los bienes fueron adquiridos con dinero proveniente del tráfico de estupefacientes que desarrollaría Vara Moyano.
A raíz de otras denuncias también se pudo detectar un cargamento de ٦٩٣ kg. de marihuana que partía desde Mendoza hacia Chile y otro cargamento de 2000 kg. proveniente de Formosa con destino a la provincia de Mendoza y a Chile. Los informes aportados a la causa por la Unidad de Información Financiera, en función del pedido de colaboración solicitado por el Ministerio Público Fiscal, permitieron revelar una notoria inconsistencia entre el perfil patrimonial y la actividad formal registrada por los imputados, así como los diferentes roles que ocupan las mismas personas en calidad de miembros, socios y accionistas de diversas sociedades vinculadas a éstos. Por otra parte, la Dirección Nacional de Migraciones detectó multiplicidad de cruces transfronterizos realizados por los integrantes de la organización desde Mendoza hacia Chile.
En septiembre de 2011, Carlos Miguel Fernández–pareja de quien sería la dueña del camión que trasportaba los 693 kg de marihuana–cruzó a Chile en un vehículo BMW registrado a nombre de Alfredo Horacio Olmedo, en ese momento Diputado Nacional por la provincia de Salta. Según surge de los análisis de los registros, ese vehículo ya había realizado numerosos cruces transfronterizos.
A partir de esto, la fiscal interviniente, María Alejandra Obregón, amplió el requerimiento de instrucción solicitando se investigue a Omar Argumedo, al diputado Alfredo Olmedo, a Carolina Verini -pareja de Vara Moyano y titular de uno de los vehículos utilizados por la banda- y Julio Abdala -financista de Vara Moyano- por lavado de activos. La posibilidad de ser querellante en la causa implica para la UIF una mayor participación en la investigación, permitiéndole sugerir medidas y seguir el caso hasta el eventual dictado de condenas. Entre las medidas ahora requeridas el juez federal Walter Bento, se encuentra el congelamiento de cuentas, el embargo preventivo de bienes y su posterior decomiso, a fin de evitar se continúe con la comisión del delito de lavado de activos. De verificarse la responsabilidad de los imputados sobre los hechos, los integrantes de la organización podrían ser multados de dos a diez veces por el monto de la operación y penados con tres a diez años de prisión -artículo 303 del Código Penal-.
El descargo “Me enteré de esto el ٦ de agosto, fui y busqué cuando había vendido ese auto y fue en el año ٢٠٠٦. No tengo nada que ver. Yo no conozco el paso a Chile”, indicó Olmedo al ser consultado sobre el tema y agregó: “A mí, nunca me llegó una notificación del Juzgado Federal N° ١ de Mendoza pero si me llaman, yo voy”.
En mayo del 2011 fueron detenidos en un operativo en Güemes, Gabriel Giménez y Carlos Gallardo, con 52 kg de cocaína. El caso fue conocido como el de los “narcopolicias” ya que ambos pertenecían a la fuerza. Ya en el 2013, durante el juicio, se conocieron detalles que apuntaban a una interna policial. Los acusados aducían que toda la causa había sido armada por Aldo Rogelio Saravia – secretario de seguridad de la provincia en el 2011 – con la intención que ambos policías no revelaran las actividades de espionaje político que realizaban bajo las órdenes del gobierno provincial. En sucesivas declaraciones, Gallardo describió que se espiaba a periodistas y a funcionarios de prensa del Gobierno, como así también a dirigentes políticos y – en especial – a Alfredo Olmedo, quien por ese entonces – 2011 – disputaba la gobernación de la provincia. La intención era encontrar algo que pudiese dañar la imagen del sojero. Como era de esperarse, Olmedo tomó las declaraciones de Gallardo – realizadas en el juicio, año 2013 – como un caballito de batalla para denunciar mediáticamente un operativo en su contra.
Según dicen en el sur: relacionado con los narco vuelos
El ex diputado provincial por Anta justicialista, Pedro Sández, tiempo atrás realizó manifestaciones que bien valen recordarlas. Se refirió en el recinto legislativo acerca del incremento de avionetas del narcotráfico en la zona, habló sobre el futuro del PJ en Salta y el lugar vacante en la Auditoría General de la Provincia tras la muerte de su presidente, Oscar Salvatierra.
“Desde que llegó Alfredo Olmedo (hijo) a Anta uno ve las estadísticas y ve que todas las avionetas, que ahora caen dentro de las tierras de Salta Forestal – concesionadas a la familia Olmedo – o a la par de esos campos”, comentó el legislador anteño.
En ese contexto, Sández habló sobre el pedido del diputado nacional respecto a la declaración de emergencia nacional ante el avance del narcotráfico y lo calificó como una “gran farsa”, relacionándolo con “la llegada” de la droga a ese departamento. El legislador indicó que el también empresario sojero “se iba de viaje a La Rioja con la avioneta vacía y volvía llena”. “Con aceitunas, supongo yo”, ironizó.
El dirigente justicialista sostuvo, además, que los caminos y picadas trazadas por la empresa de la familia Olmedo se hicieron a fin de darle oportunidad de aterrizar a narcotraficantes.
Sández expresó que son “ellos” (en alusión a la familia Olmedo) quienes deben hacerse cargo del narcotráfico si éste está ingresando por sus propias tierras. “Es una propiedad privada de ellos, está alambrada y todo, como no van a saber y poder controlar si son los dueños”, argumentó.
