Estudiar en escuelas públicas es un lujo que no muchos pueden darse. A días del inicio de clases denunciaron que las instituciones educativas “obligan” a pagar y se intima a las madres y padres a no inscribir a sus hijes de no depositar la “tela” que va de $500 a $1500.
Las críticas son variadas y poseen un mismo eje temático: la tela, plata, guita, filo, mosca, dinero. Como quieras llamarlo da igual, lo cierto es que madres y padres denuncian públicamente que las instituciones educativas salteñas y se suponen públicas, exigen el pago obligatorio de lo que se conoce como “bono contribución” para la inscripción de sus hijes, pero que de contribución tiene poco, puesto que son intimados a pagar si o si porque de no efectuarse el pago, hije no será inscripto.
Hay otra alternativa que podría ser peor, ser torturado constantemente por autoridades educativas a alumnes que no hayan abonado tal bono.
Quien se hizo eco de esto fue el mediático abogado Santiago Pedroza, presentando una nota al Ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa en donde le informa sobre estos pagos indebidos por parte de “cooperadoras asistenciales” y además le recuerda la Ley provincial de educación y la Ley de educación común, gratuita y obligatoria. Normativa legal que directivas y cooperadoras asistenciales deberían conocer.
