La denuncia del PO contra Urtubey por la condonación de deuda a la familia Olmedo en Salta Forestal, recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Se trata de 300 millones que no llegarán a Anta. (Aníbal Roldán)
Algunos despistados no entendían el porqué del final abrupto. La conferencia, convocada para anunciar el acuerdo por paritarias hace dos semanas, se había complicado. Una sugerencia en el oído del locutor oficial había advertido el cambio de clima en la conferencia; y mientras éste, con tono solemne se esforzaba por finalizar el protocolo, como tratando de atajar otra posible consulta, se evidenciaba que el cierre era la mejor opción para salir del momento agrio. Es que antes, una periodista había incomodado al gobernador preguntándole sobre un tema del cual no tenía ganas de hablar: Salta Forestal.
“Lo que hizo el gobierno fue recuperar más del 50% de las hectáreas de Salta Forestal; si uno analiza el impacto patrimonial de recuperar 80 mil hectáreas y lo compara con la compensación de un canon advierte que el estado ha ganado muchísimo dinero”, fue la escueta y poco convincente respuesta de Urtubey.
De todos modos, lo interesante no había sido lo dicho en sí mismo sino la reacción de todo el equipo oficial. Con esta conducta quedaba claro que el tema Salta Forestal producía temor en varios acólitos del gobierno que, en cierto modo, no veían con buenos ojos la imagen del gobernador relacionada con semejante escándalo envuelto en millones de pesos. Así fue que la ronda de prensa finalizó para prevenir que fuera llevada a un terreno ríspido y nada conveniente.
La denuncia
El hecho de que una pregunta le haya cambiado la cara al gobernador permite imaginar que cuando se enteró de una denuncia penal efectuada contra suyo, su rostro se terminó desfigurando.
La presentación judicial, impulsada por el diputado Claudio Del Plá, aterrizó en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Mónica Poma, quien tendrá que considerar el correspondiente desarrollo procedimental. En concreto, Urtubey fue denunciado por una de las figuras penales más conocidas de la corrupción en política: incumplimiento de los deberes de funcionario y fraude a la administración pública. La denuncia fue realizada por el legislador que no se anduvo con chiquitas al prestar atención a la información publicada en los decretos 24 y 67, de principios de enero de 2017, donde el mandatario, en nombre del Estado Provincial, deja establecido que la empresa Eco Desarrollo no adeuda el 10% correspondiente al canon del valor de la producción por la explotación de Salta Forestal, canon establecido por la ley 7.623, vigente desde 2011, la cual establece que se debe pagar un canon del 10% de valor de la producción por la explotación de tierras fiscales.
“Con este decreto Urtubey establece, pasando por encima de una facultad de los legisladores, una suerte de condonación de una deuda que estimamos en casi 300 millones de pesos. Cometió un delito porque según la constitución sus facultades son, entre otras, las de recaudar las rentas de la provincia, incluso, por medios de acciones judiciales y no perdonar deudas millonarias”, declaró Del Plá a Cuarto Poder.
La denuncia promovida dejó conformes a muchos entendidos de la economía local, quienes se percataron de que esos recursos regalados podrían ser invertidos en los municipios de Anta y defensores de la jurisprudencia, pero, no obstante, produjo un notable malestar en el ámbito político que interpretó la acción como una desestabilización en el panorama. Sin dudas, los efectos fueron contundentes.
El acuerdo y los cambios
Desde hace casi dos décadas, la firma Eco Desarrollo tiene en concesión una porción nada menor de tierras de Salta Forestal, una sociedad anónima conformada mayoritariamente por el Estado Provincial. Fue Juan Carlos Romero, cuando ejercía el cargo de gobernador, quien tramó el acuerdo que otorgó más de 350 mil hectáreas a Olmedo (padre) y Néstor Cervera (por entonces socios de la mencionada empresa). Resulta asombroso el acuerdo alcanzado: la concesión fue por más de 60 años, sin pagar siquiera un mínimo canon hasta el vigésimo primer año.
Tiempo después, Eco Desarrollo se dividió y, mediante otra resolución del ex gobernador, el ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera S.A. a quedarse con 132 mil hectáreas de Salta Forestal, que después se traspasó a Cresud, firma liderada por el empresario Eduardo Elsztain, miembro del poderoso holding inmobiliario IRSA, aliado a George Soros y dueño de los principales shoppings del país, entre ellos el Alto NOA.
Cuando llegó Urtubey a la gobernación, allá por 2007, no era un tema urgente Salta Forestal; sin embargo, para los entendidos, sí representaba un tema controversial, fundamentalmente por la forma en que habían sido entregadas las tierras a estos personajes y por sobre todo por el provecho que habían obtenido de esa enorme cantidad de hectáreas dadas en concesión bajo la custodia del exdiputado del PJ, Alfredo Petron, hombre fuerte de la gestión de Romero como su secretario de prensa y que con Urtubey fue colocado para dirigir Salta Forestal S.A. a pesar de las serias denuncias por enriquecimiento ilícito y realizar negocios incompatibles con la función pública.
De tanto en tanto, la polémica se reflotaba ya que el entramado de conveniencia era alevoso y más aun con la consolidación del modelo sojero que relegaba la ganadería y otras actividades productivas y que, por cierto, generaba extraordinarios beneficios en el mercado asiático, hasta hace un par de temporadas atrás.
En 2008, un informe de la Auditoria General de la Provincia concluía lapidariamente contra los concesionarios. Señalaban que no se cumplían las pautas establecidas. Recién en el 2011 y tras sonantes críticas se dispuso crear una comisión parlamentaria investigadora del asunto. Ante las comprobadas irregularidades, no estaba dentro de lo posible escamotear los cuestionamientos, sin embargo, en la comisión se dividieron romeristas y oficialistas, por un lado, quienes con matices aconsejaron renegociar y apoyar el decreto 2478/11 de Urtubey que indicaba llevar todo el conflicto a la justicia; mientras por el otro estaba la posición del PO que pedía rescindir el contrato e iniciar acciones judiciales de reparación contra ambos concesionarios por los incumplimientos bastamente comprobados.
A esto, las cosas de la política tenían a Olmedo y Urtubey enemistados electoralmente, lo cual exacerbaba una reyerta que sostenían de forma grandilocuente solo para la opinión pública. Finalmente, la iniciativa judicial adoptada por la provincia, en manos de la Fiscalía de Estado, fue tan inconsistente que, con el tiempo a favor, se puede decir que resultó un claro favor para Olmedo; sin problemas, la familia del diputado de campera amarilla continuó beneficiándose de dichas tierras con el aval judicial.
Como resultado de las acciones llevadas a cabo, la gestión de Urtubey explica de manera general, así, los beneficios del nuevo acuerdo alcanzado: a) el Estado ganó dinero condonando el canon; b) se le cobrará a la concesionaria la campaña 2016 y 2017; c) se destinaran más de 13 mil hectáreas de las 81.000 a resolver conflictos con los pastajeros y pequeños productores. Esto, como quedo dicho, es señalado por encima, ya que no se especifica cómo se llevará a cabo.
El verdadero temor
Si se observa en perspectiva, el temor real que tiene el equipo de Urtubey no radica en las consecuencias que puedan tener las acciones de jueces o fiscales que, en cierto modo, respetan la gobernabilidad, sino en el tiempo que puede llevar la denuncia y la posible instalación en medios nacionales, lo cual puede generar un enorme escándalo y terminar desdibujando su cuidada figura, que busca generar un mensaje de decencia y ademanes de austeridad y moderación ante el establishment político.
En rigor, el análisis de la actitud de Urtubey no implica decir que directamente tiene un acuerdo pleno con Olmedo sino que respeta una serie de acuerdos diseñados años atrás para beneficiarlo. Las contradicciones en su actitud son notables; primero, dijo que el contrato resultaba lesivo para la provincia, y luego que una “condonación” representa un buen negocio, y da luz ver al contrato.
La lupa sobre el contrato la colocó el PO. Pero incluso, legisladores de la zona, se mostraron críticos con lo que ocurre. Lo cierto es que desde el poder preferirían evitar estas denuncias, que tarde o temprano se terminan pagando caro. Ahora resta esperar qué hará la justicia.
