Los millonarios hermanos Ruiz, quienes hasta ahora no abonaron las indemnizaciones del Ingenio San Isidro, también contarían con una enorme morosidad en el canon que deben pagar a la Provincia, por su explotación en Salta Forestal. Allí, adquirieron parte de las tierras originalmente concesionadas a Ecodesarrollo, del clan Olmedo. La empresa estatal no habría podido cobrar hasta hoy, el 10% correspondiente a la última cosecha gruesa que, según la Bolsa de Cereales Argentina fue record histórico con un total de 150 millones de toneladas. Rodolfo Bayer
La firma controladora del Ingenio San Isidro, Paramérica S.A., de los millonarios hermanos Ruiz no solo adeuda la indemnización de 460 obreros en Campo Santo, despedidos por la anterior explotadora de origen peruano, sino que además tampoco habría pagado el arriendo de las hectáreas que explota en el predio de Salta Forestal. La explotación agropecuaria rige desde 2017 a costillas de los salteños, desde que la firma Ecodesarrollo retornó al Estado parte de su explotación original, por la cual jamás pagó un centavo. Esas tierras fueron entonces sub entregadas nuevamente en un vidrioso pasamanos U, a la firma Anta del Plata S.A., compuesta en partes iguales por la empresa de los Ruiz y AGSOF, de Miguel Francisco Medina. La millonaria deuda que debería cobrar la actual gestión provincial, surge de la Ley provincial 7623, que indica que “la contraprestación a recibir por la Provincia no podrá ser inferior al diez por ciento del valor de la producción anual que se obtenga del predio en explotación”.
Si bien hace tres años la agónica gestión de Juan Manuel Urtubey le adjudicó a Ruiz/Medina 67.000 hectáreas sin contar con la aprobación de la legislatura provincial, hasta hoy poco se sabe de los montos que debía percibir el Estado provincial por tal volumen de negocios, a través de la Sociedad Anónima Salta Forestal, que es propiedad en un 97% de la provincia y un 3% del municipio local. La firma Anta del Plata fue creada en 2016 y un año después habría abonado cerca de 20 millones de dólares por cuatro décadas de concesión estatal. La cifra final nunca fue conocida, porque el acuerdo entre Ecodesarollo y los nuevos explotadores, nunca aporto peso alguno a las arcas públicas.
Según la página web de AGSOF en Salta Forestal la UTE posee “20.000 hectáreas productivas” en la actualidad, donde se produce ganadería de la raza braford y cultivos extensivos como soja y maíz, aunque también explotan poroto alubia y poroto negro. Por su puesto que ninguna de estas actividades genera puestos de trabajo aunque si, jugosos dividendos económicos para los empresarios, ya que la misma página web afirma que se trata de productos 100 % de exportación.
Directorio a medida
No debería sorprender a nadie que los privados levanten millonarias ganancias sin que el Estado vea un centavo, puesto que el ex gerente de la familia Olmedo fue nombrado como actual director de la Sociedad Anónima. José Marcelino Sierra Echenique, además de conducir la empresa Ecodesarrollo que abandonó el barco sin abonar los 300 millones de pesos de canon adeudado, es un empresario agropecuario muy conocido en el sur provincial. Presidió la Sociedad Rural Salteña sucediendo a Milagros Patrón Costas, cuando dejó su puesto en la entidad para asumir como diputada. Además de Sierra, fueron nombrados como directores Ramiro García Bes, Diego Zabaleta, y Juan Manuel Pizarro Echenique. Los dos últimos son dirigentes del radicalismo y según fuentes consultadas, el puesto es el premio por estrechar puentes entre el radicalismo y el frente de Gustavo Sáenz. Pizarro Echenique, posee poca experiencia en el rubro, pero fue apoderado de la UCR y es cercano a Federico Nuñez Burgos, quien pasó de cortar pensiones y jubilaciones en la Anses macrista, a convertirse ahora en el Defensor del Pueblo de Salta. Por su parte, Diego Zabaleta es hijo de Luis “Lucho” Zabaleta, abogado del foro local, quien anteriormente representaba los intereses de los pastajeros explotados por los anteriores concesionarios. García Bes pertenece a la clase de distinguida alcurnia, que es parte constante del presupuesto estatal, y representa en persona los intereses de Juan y Facundo Urtubey, dos chiques bien dedicados a los agronegocios.
Es conocida la maniobra realizada años atrás por la familia Olmedo para despistar y no quedar pegados tras la explosión de un escándalo que estalló cuando se conoció que Urtubey lejos del “lesivo 2011”, terminó perdonando los 300 millones del canon correspondiente, pese a que la firma de los Olmedo ya había comenzado a tomar previsiones (ahorrar el dinero), por si en realidad debía pagar. El gratuito (¿?) perdón de Urtubey fue mas tarde abalado por la Corte de Salta, siempre tan dispuesta a entregar al Poder Ejecutivo de turno las pruebitas de amor que hicieran falta.
La otra parte de Salta Forestal (320 mil hectáreas en total) continúa en manos del gigante Cresud, una firma que tiene una estructura accionaria variada, pero su mayoría está en manos de Eduardo S. Elsztain, amigo de Juan Urtubey. Esta empresa es a su vez, la dueña del 37,4% de IRSA, firma más conocida en Buenos Aires, porque controla casi todos los grandes centros comerciales porteños como el Alto Palermo, el DOT, el Patio Bulrrich o el Buenos Aires Design, al igual que el ALTO NOA, que fue su primera experiencia en el rubro. Y que le fue muy bien.
Olmedo devuelve
En 1998 el por entonces gobernador Juan Romero, adjudicó por decreto a Eco Desarrollo un total de 158.478 hectáreas de los inmuebles de Salta Forestal S.A. y se estableció el pago de un canon a la Provincia a partir del año 20 de la concesión, es decir a partir de 2018.
Sin embargo, en 2011 el gobernador Juan Urtubey, mediante decreto 2478/11 declaró “lesivo a los intereses del Estado provincial” el contrato de concesión a la empresa de la familia Olmedo, y promovió un juicio que se tramitaba en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo como expediente 5075/11 “Provincia de Salta contra Ecodesarrollo S.A. s/acción de lesividad”. A su vez, los Olmedo habían promovido juicio contra la Provincia, en el mismo juzgado.
El otro adjudicatario, Cresud, había cedido ante la revisora UNIREM y acordó el pago de un simbólico cannon, a los fines de mantener la explotación. Olmedo no aflojó un morlaco, y por eso la Fiscalía de Estado solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la autorización para celebrar un acuerdo transaccional que pusiera fin a los pleitos y posibilitase un acuerdo. Este acuerdo, firmado entre la partes, permite al Gobierno de la Provincia recuperar 81.819 hectáreas (improductivas) y a su vez perdonar la deuda olmedista.
Por aquellos días el diputado Claudio Del Plá en sesión ordinaria denunciaba: “en enero de este año, Urtubey renunció a seguir reclamando en la Justicia la recuperación y la recisión del contrato del sector de la familia Olmedo, que son poco más de 150.000 hectáreas. Por un lado, Olmedo se queda con las hectáreas productivas -74.000 – por los próximos 44 años y además le perdona una deuda de más de 300 millones de pesos, pero, además, el viernes pasado se anunció que del total de las hectáreas que quedaron en poder de la provincia, 67.000 fueron concesionadas nuevamente por el Estado, es decir, se fue Olmedo y ahora vino un tal Medina, de la empresa AGSOF SA”. En realidad se trataba de la firma Anta del Plata, pero hasta hoy no se conocen los procedimientos formales para esta entrega actualmente sostenida por un directorio con mucho apellido, poca transparencia y nula gestión de cobranzas. Un escándalo, por no decir un desfalco millonario.
