La violencia policial desde el inicio de la cuarentena incrementó las situaciones de violencia física por parte de efectivos de la fuerza de seguridad. El decreto 255/2020 otorga a las fuerzas policiales un poder arbitrario, desde organizaciones de derechos humanos reclaman su inconstitucionalidad. 20 casos de violencia policial severa fueron registrados por estos organismos. Los jóvenes y pueblos originarios son los que más sufren la violencia policial. (Guadalupe Macedo)

Amnistía Internacional ha relevado más de 30 casos de violencia institucional en Argentina donde existe un uso excesivo de la fuerza. Señala que: «la repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos. El Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos»

«Muchos de los hechos relevados en el presente documento se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, todos ellos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad de todo el país que exigen una evaluación del rol de las fuerzas de seguridad de la mano de una reforma integral por parte de las autoridades nacionales y provinciales para establecer una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos» versa el artículo de Amistia Internacional donde agrega que los casos relevados se produjeron en contexto de vulnerabilidad social y de pobreza. Se produce en la sociedad un disciplinamiento o ensañamiento a personas o grupos que se encuentren en vulnerabilidad social por parte de la fuerza policial.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país, en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En salta, se registraron 17.709 personas detenidas durante la cuarentena según cifras oficiales de la fuerza policial. Según el informe fueron detenidos por no cumplir con la normativa vinculada a la pandemia. A través de un informe realizado por la organización H.I.J.O.S y la asociación Pensamiento Penal que presentaron en la legislatura salteña se registraron en la provincia 20 casos de violencia policial. En el informe presentado, se detallan 17 denuncias en las que se denuncias hechos de torturas y apremios ilegales a partir del decreto 255/ 2020 donde establece al Jefe de la Policía de la Provincia de Salta como autoridad con competencia jurisdiccional es encargado de aplicar las sanciones establecidas en dicho Decreto.

El Informe que presentan desde HIJOS y Asociación Pensamiento Penal, como numerosas denuncias que tuvieron relevancia pública dan notoria cuenta de cómo los hechos de violencia y abuso policial se han incrementado ostensiblemente estos últimos meses a partir de la sanción de mencionado Decreto. “Desde el Colectivo de Abogades Populares de Salta queremos alertar sobre la gravedad de la situación tanto por las facultades que el DNU ahora ley 1181 le otorga a la policía como por la situación que queda al descubierto y que debe merecer toda nuestra condena social, esto es que el Poder Ejecutivo se maneje con total impunidad y no sea controlado por ningún poder estatal esto se llama suma del poder público y se encuentra prohibido en un estado democrático” anuncian desde su página de Facebook. .

En diálogo con FM 91.1, Blanca Lescano, referente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Salta afirmó: “Mucha gente tiene miedo porque es la misma policía que reprime la que después amenaza”. Muchos casos de violencia policial no son registrados y que muchas personas no denuncian porque es la misma policía la que recepciona las denuncia. Esto sucedió hasta hace unos días, ya que se inauguró una plataforma virtual en donde, la Procuraduría de la Provincia presentó una página web que recepcionara denuncias por hechos de violencia institucional cometida por miembros de las fuerzas de seguridad.  Por otro lado, denunció que los efectivos policiales ejercen violencia y discriminación principalmente en jóvenes, mujeres trans e indígenas. Según Lescano: “son las principales víctimas de la represión”.

Los pueblos originarios son los más afectados

Agentes policiales violentan a indígenas en la provincia de Salta. Mujeres indígenas de la comunidad Misión Tapiete, ciudad de Tartagal, departamento de San Martín, denunciaron que miembros de la Policía de Salta han violentado a sus familias y amenazaron con violarlas informó Elena Corvalan. Luego de intentos varios lograron realizar la denuncia gracias a la gestión del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir.  “Me han dicho que ese es el trabajo de ellos y que estamos en cuarentena” contaron las mujeres violentadas a la agencia presentes.

La violencia policial es una constante que afecta principalmente a jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas. Muchos jóvenes temen ser golpeados o detenidos por la policía y muchos no quieren ir a la escuela. Chavarría de la comunidad Tapiete comentó a la agencia presentes que: «Unos cuantos nomás son los que están en la secundaria y como cinco, seis en la terciaria. Hay jóvenes que trabajan, tienen su familia, algunos trabajan en aserraderos porque no tienen estudios. Salen al aserradero a las 3, 4 de la mañana y cada vez que salen les pilla la policía y después de dos días recién los sueltan” y ya pierden sus trabajos”.

La violencia policial es un problema estructural de larga data en la provincia de Salta, pero la pandemia profundizo esta situación con la declaración del decreto 255/2020, donde se permite la violación de derechos humanos por parte de los efectivos policiales. La violencia es una de las deudas pendientes de nuestra democracia, es un problema social con muchas aristas que deben ser resueltas antes de que muchas personas sufran vejaciones por parte de efectivos policiales.