El juicio unipersonal es presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar.
El juicio se encuentra en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. Hoy declararon vecinas del asentamiento donde ocurrió el hecho y peritos del CIF.
Una serie de denuncias cruzadas por ventas irregulares de terrenos en inmediaciones de los cerros de la zona este, desencadenaron un enfrentamiento entre vecinos que al día de hoy persiste. La parcela de tierra en disputa, se encontraba ocupada por una mujer y sus cinco hijos que, al igual que otras familias de la barriada, optaron por afrontar la crisis habitacional asentándose en terrenos deshabitados exponiéndose a vulnerabilidades de todo tipo.
Según adujeron los vecinos, el terreno había sido comprado por un efectivo policial que al encontrarlo ocupado decidió desalojar por su cuenta a la mujer y a sus cinco hijos acompañado de otros once colegas. Cuando Neri decide intervenir para frenar el desalojo, es tomado por el cuello por un policía hasta quedar inconsciente. Las maniobras de ahorcamiento a las que fue sometido se extendieron por 8 minutos, por lo que luego de una larga espera por la llegada de una ambulancia, Neri pierde la vida en el lugar.
Una vez más, los informes preliminares recurrieron al término «descompensación» para eludir la responsabilidad de los uniformados en el crimen, omitiendo las maniobras violentas que se aplicaron sobre el cuerpo de Neri; quien, por cierto, no había comprometido la seguridad de ningún efectivo.
El hecho se dio un día después del caso de Martín Rodrigo Carreras, quien encontró la muerte en la caja de una camioneta policial mientras era trasladado a una dependencia cercana a Barrio El Rosedal. El hombre se encontraba alcoholizado y fue denunciado por su expareja, lo que motivó la intervención de los uniformados que luego fue caratulada por la fiscal del caso como «imprudente y antirreglamentaria». La autopsia reveló mas tarde que Carreras falleció por «asfixia restrictiva por delirio agitado».
