La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 101 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 37. En el mismo lapso, se registraron 409 denuncias por abusos policiales.
Salta duplica la tasa de policías que fija la ONU. La Provincia cuenta con 11.050 efectivos, de los cuales 6.750 están para los operativos. Hay 785 cada 100 mil habitante cuando se recomienda que haya 300 cada 100 mil habitantes. La sobrepoblación policial se presenta como un problema grave en Salta donde gran parte de sus hombres están acusados de abusos policiales.
En el período comprendido entre julio y noviembre de este año un centenar de policías fueron imputados dejando a la vista que en Salta la Policía no está para cuidarte.-
Entre los casos más resonantes, se destacan la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real.
También fue requerida la elevación a juicio contra los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo, al igual que esperan ser juzgados los efectivos policiales que le causaron la pérdida de un ojo al militar Néstor Ramón Ávalos.
De igual manera, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, informó que desde julio a la fecha, fueron recepcionadas 409 denuncias por abusos policiales. Vale recordar que desde el martes 11 de agosto, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales.
Simesen de Bielke recordó que el vínculo solo está habilitado para denuncias vinculadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscales penales comunes y especializadas, según el caso.
Al respecto, la fiscal recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado, un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.
En el inicio de julio, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que la fiscal Verónica Simesen de Bielke, se hiciera cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos; en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal y con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal y aprovechar mejor los recursos humanos disponibles para favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.
En esa inteligencia, Cornejo consideró las necesidades funcionales de la Fiscalía de Derechos Humanos, sin perjuicio de la obligación de las y los fiscales de garantizar el servicio de justicia que deben prestar, cumplir con sus actividades y de realizar todas las medidas que no admitan demora.
