Salta es una de las provincias que aún no cumplió con los requerimientos de la Ley de Tierras. Este incumplimiento, sin embargo, puede tener un efecto beneficioso al impedir la enajenación de tierras rurales al capital extranjero. (Gonzalo Teruel)

Salta integra el grupo de 8 provincias argentinas que aún no cumplieron con los postulados de la Ley de Tierras sancionada por el Congreso y promulgada por Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011. Esta norma -denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales- establece condiciones y límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Según la propia presidenta Cristina Kirchner el objetivo es “proteger la soberanía territorial y los recursos naturales, determinando la cantidad de tierras rurales y limitando la adquisición por parte de extranjeros”. Para ello, el gobierno nacional creó un Consejo Multiministerial y un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que las provincias deben informar sus inmuebles rurales y la nacionalidad de sus titulares. Pero Salta aún no cumplimentó con el relevamiento y se encuentra en infracción. El problema es que la provincia está por encima de la media nacional en cuanto al dominio extranjero de sus tierras. Viejos números “provisorios” informados por el gobierno nacional hace un año y medio revelan que Salta posee casi 16,5 millones de hectáreas rurales de las cuales algo más de 1,8 millones, es decir casi el 11%, ya están en poder del capital extranjero cuando en el resto del país ese porcentaje no llega al 6%.

Esta semana la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales denunció que Salta, junto a Santa Cruz, San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y Jujuy están en falta y reclamó a las autoridades nacionales que hagan cumplir la ley. La preocupación de la entidad inmobiliaria es grande porque, según acusa, esta falta de información impide la llegada de inversiones.

“Es incalculable la pérdida que implica que las autoridades de cada gobierno provincial, no cumplan con la ley o lo hagan a destiempo” aseguró Cristián Beláustegui, titular de la Cámara de Inmobiliarias, y puso por ejemplo a Córdoba que podría enajenar unas 2,2 millones de hectáreas “con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”. Otras provincias como Buenos Aires y Chubut, por el contrario, hicieron los deberes y ya “pueden recibir compradores por hasta 3,3 millones y 2,4 millones de hectáreas, respectivamente”.

En su punto medular, esta ley de tierras establece de manera taxativa que sólo puede venderse al capital extranjero el 15% de los predios rurales de cada jurisdicción nacional, provincial o subprovincial. Y, si bien Salta tiene bastante poco para comercializar: el 4%, equivalente a unas 670 mil hectáreas, con las demoras de sus autoridades tiene paralizadas posibles inversiones transnacionales en el sector agropecuario.

Aunque parezca mentira, la falta de eficiencia en la Dirección de Inmuebles que encabeza Esteban García Bes -y en otros despachos como la Dirección de Rentas o las secretarías de Ambiente y de Asuntos Agrarios que deben cooperar en el trabajo de relevamiento y planificación- puede tener un efecto beneficioso para la provincia al impedir que más y más campos sean vendidos al capital extranjero.

Para la provincia y el país queda, sin embargo, un verdadero debate sobre el uso y la tenencia de la tierra. El latifundio sigue todavía presente en Argentina y constituye la base del modelo productivo en muchas provincias como Salta.