El Banco Macro ya posee sucursal en la Ciudad Judicial. El Poder Judicial y el Ministerio Público cedieron el uso del espacio público a un pulpo financiero que gozará de un privilegio que cualquier inquilino salteño desearía: no pagar alquiler durante diez años. (Daniel Avalos)
La nueva sucursal es bien recibida por los jóvenes y no tan jóvenes que con pose propia de quienes se sienten dueños de sí mismos, cargan expedientes judiciales mientras hablan por celular. Y es que la cómoda oficina bancaria se montó para que los abogados litigantes puedan realizar trámites judiciales. “Antes teníamos que ir a la sucursal central donde teníamos un lugar para nosotros, pero que el banco se instale aquí está bárbaro”, declara una profesional consultada por Cuarto Poder en la puerta de la amplia oficina ubicada en la galería de doble altura del sector sur de la Ciudad Judicial.
Según el sitio oficial del Poder Judicial, la nueva instalación fue una solicitud del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta aunque el pedido culmina con un hecho que para miles de salteños que deben alquilar una casa para vivir o un local para trabajar resultará estrafalario: una de las entidades financieras más poderosa del país montó en un edificio público una amplia oficina por la que a pesar de prestar servicios que le generan enormes rentabilidades no paga un peso de alquiler, aun cuando su montaje incluye planta baja y alta, escritorios varios y cuatro cajeros de los cuales uno es automático.
Así lo estipula el “Convenio de Instalación de Oficinas del Banco Macro en Edificio del Poder Judicial y Ministerio Público del Distrito Centro”. El mismo fue rubricado en septiembre por la Secretaria de Superintendencia, Marina Russo, quien representó al Poder Judicial; la Auditora de Gestión del Ministerio Público, Marina Caballer; mientras que por el Banco Macro estamparon la firma dos apoderados: Jorgelina Basso y Luis Antonio Rodríguez.
Se trata de un documento que contiene once cláusulas y ninguna de ellas hace mención al costo de alquiler que debe abonar la entidad financiera a la que la justicia salteña sólo le exigió la suma mensual de $8.100 en concepto de expensas, según lo expresa la cláusula novena. Semejante privilegio se extiende por un periodo de diez años según indica el punto diez del convenio que textualmente dice así: “El plazo de vigencia del presente contrato será de diez (10) años a contar desde la firma del presente, prorrogable automáticamente, salvo que cualquiera de las partes notifique a la otra la resolución del presente contrato con sesenta (60) días de antelación al vencimiento”.
Semejante privilegio demuestra que los mismos no son hijos sólo de un problema de moral, ni de educación, ni de conciencia, sino de grupos organizados con mucho poder de dinero y de decisión que en este caso se trata de disimular con la cláusula segunda donde se aclara lo siguiente: “las mejoras edilicias quedaran a favor de COMODANTE”. Ello no parece representar un gran beneficio para el patrimonio del Estado provincial. No sólo porque puede ocurrir en el año 2027; también porque el contrato puede extenderse hasta 2037; pero sobre todo porque las oficinas tienen una doble característica: una inversión mínima que sin afear ni contradecir el estilo del edificio mayor, esta engarzada en las poderosas estructuras arquitectónicas de la Ciudad Judicial.
Ello explica que a poco más de dos meses de firmado el convenio, la amplia oficina ya esté funcionado. Se trata de un montaje que resalta más por elementos que no pasarán a ser patrimonio del Estado porque según el punto 8 del convenio el Banco se reserva el derecho de rescindir el contrato sin necesidad de explicar por qué quiere hacerlo, para lo cual se establece que el Poder Judicial deberá permitirle “el retiro de los bienes muebles, maquinarias, equipo de aire acondicionado, blindex, instalaciones, etc.”, con lo cual es de suponer que ni siquiera los artefactos propios del sistema de seguridad -como lo son las cámaras- podrán ser reclamadas por el Poder Judicial ni el Ministerio Publico que al menos fueron presas de un ataque de sentido común al estipular que el Banco Macro debía “realizar una conexión al SETA del edificio e instalar un instrumento de medición en la alimentación del Banco Macro a fin de poder abonar su consumo”.
Así de curioso resulta ese convenio que permite a un Banco poderoso que amasa fortunas beneficiarse por el uso de instalaciones que en diez años le representarán una erogación en concepto de expensas de $972.000; una cifra inferior a la que debe emplear una familia tipo de clase media baja para alquilar una casa o departamento en Barrio Castañares. Parece un chiste. No en el sentido de una diversión que nos distienda el ánimo; sino chiste en tanto hecho que saca a la luz las infinitas posibilidades de desvarío de las que son capaces los diestros malabaristas del Poder local.
