En Morillo, el municipio que Lanata hizo famoso en el país, gobierna una exdelegada campesina que impulsa una gestión participativa y exige al gobierno que se reglamente la ley que prohíbe desalojos campesinos. De 26 millones que el Fondo de Reparación Histórica debía invertir allí, se concretaron obras por $1.900.000 (D.A.)
Al fantasma de la somnolencia del Fondo de Reparación Histórica que es un rasgo estructural del gobierno de Urtubey, acompaña otro con exclusiva jurisdicción en Morillo: el lugar en donde una delegada campesina, Marcela Carbajal, le ganó la intendencia al inefable Atta Gerala en el 2.011, se impulsa una gestión participativa y exige al gobierno la reglamentación de la ley 7658 que prohíbe los desalojos de campesinos y que ya fuera aprobado hace años por la legislatura salteña.
Que el fantasma de la persecución merodea en Rivadavia Banda Norte (Morillo) puede confirmarse con relativa facilidad. De las 14 obras aprobadas por el Fondo de Reparación Histórica para ese municipio y que suponen $25.950.000, sólo se finalizaron dos: una salita en Pluma de Pato que costo de $400.000 y la remodelación de una escuela que, presupuestada en un millón de pesos, terminó costando $856.876. Según la información oficial, allí está por concluirse una comisaría valuada en $1.500.000 y la refacción de otro centro de salud presupuestado en $1.000.000. Las diez obras restantes brillan por su ausencia. De esas diez, sólo la construcción de un puesto sanitario ha logrado la firma de un convenio que no significa avance alguno de obra; mientras las nueve restantes ni siquiera se han licitado. Se trata de la terminal de ómnibus, dos nuevos pozos de agua, un hospital, la refacción de otro centro de salud, dos nuevos colegios y dos obras vinculadas a desagües cloacales. Las diez representan $21.700.000, es decir el 84% de lo presupuestado por el gobierno para invertir allí hace dos años y del que todavía no se ha efectivizado un peso.
Que el problema parezca trascender a la clásica somnolencia “U” en lo que a gestión se refiere, está vinculado a lo que ocurre en Rivadavia Banda Norte desde hace dos años. Una delegada campesina, Marcela Carbajal, que luchaba para terminar con los desalojos de las familias campesinas expulsadas de sus tierras por la voracidad de los grandes empresarios, terminó imponiéndose en las urnas al inefable Atta Gerala que durante décadas había gobernado el lugar como feudo propio. A poco de asumir, Carbajal dio muestras de su autonomía ante el establishment político: cuando el ministro Carlos Parodi reunió a los intendentes que había sido elegidos en el 2011 y les “sugirió” no mirar atrás, Carbajal denuncio a Gerala por el faltante de $1.200.000 que aun tiene estado judicial. La misma intendenta y funcionarios que forman parte de su ejecutivo como Lucia Ruiz, vienen reclamando como miembros de las organizaciones campesinas que Urtubey reglamente la ley 7658 que aprobada hace dos años, garantizaría la suspensión de los desalojos de campesinos en conflicto con grandes empresarios.
Por si esto fuera poco, la intendencia de Morillo ha desplegado en el corazón mismo del infierno en donde las temperaturas pueden llegar a los 50 grados en verano, una gestión que para el poder de los intendentes de la provincia es insólito: participación popular que incluye hasta el diseño participativo del presupuesto municipal.
