El discurso de Urtubey el 1º de abril en la Legislatura ayudó a cotejar los datos expuestos con fuentes oficiales y analizar la relación entre lo que el gobierno dice y lo que las cosas son. El resultado del análisis muestra que el tono apasionado “U” sólo sirve para ocultar límites crónicos de una gestión de siete años. (Daniel Avalos)
El tenor de esta nota, exige un método que los académicos denominan deconstructivista. Uno que busca desmantelar cada uno de los elementos de un discurso para llegar al fenómeno esencial del análisis: el divorcio entre la intención no dicha y los argumentos sí expresados. Los deconstructivistas tenían algunos problemas también esenciales. Uno de ellos era que casi siempre resultaban inentendibles porque parecían convencidos de que mientras más críptico era el lenguaje, más inteligente podía considerarse el intelectual que así lo empleaba. Otro problema no menor era el de la obsesión de esos intelectuales por fragmentar el discurso hasta el infinito generando así algo tan enmarañado que uno no sabía cuándo y con qué se había empezado.
Por ello, esta nota prescindirá de estas dos características deconstructivistas para quedarse sólo con la primera: desmantelar los elementos del discurso de Urtubey, para mostrar el divorcio entre la intención no dicha y los argumentos sí expresados que, valiéndose de algunos tonos que buscaban romper el corazón de los bien intencionados, tenían por objeto ocultar los aspectos pocos convenientes de casi ocho años de gestión.
Desnutrición… ¿un flagelo?
En su mención al problema de la desnutrición, Urtubey califico al fenómeno de flagelo y anunció la construcción de un centro contra el mismo en Morillo y en Capital para que la articulación del esfuerzo con la fundación CONIN sea un movimiento clave para luchar contra el problema. Conceptualmente, referirse a la desnutrición como flagelo es un error. Supone entenderla como una desgracia que siendo externa a la sociedad, esta no puede más que padecerla como un infortunio cuando es esa sociedad la que tiene mucho por hacer para cambiar la situación.
Lo que ha hecho el gobierno en Morillo es muy poco. Conviene recordar que esa localidad se hizo tristemente célebre no porque el gobierno visibilizara las condiciones de vida en las que se desarrollan sus pobladores, sino porque el programa de Jorge Lanata emitió un informe en donde quedó expuesta la pobreza estructural del chaco salteño. A partir de ese informe, el polémico conductor lanzó la campaña “Argentina urgente” para la que la Fundación CONIN acercó alimentos, elementos para juntar agua y dinero. Como reacción, el gobierno anuncio el 28 de noviembre del 2013 en su sitio web lo que el martes 1 de abril del 2014 volvió a anunciar: la construcción de un edificio “a través del cual el Gobierno de la Provincia y la Fundación CONIN, sumarán esfuerzos en un trabajo conjunto en las acciones destinadas a prevenir y evitar la desnutrición en la población infantil”.
Morillo, sin embargo, es uno de los municipios menos favorecidos. Según los datos oficiales del Fondo de Reparación Histórica, actualizados al 1º de abril del 2014: de las 175 obras planificadas, a Morillo le correspondieron 14 obras proyectadas que suponen un monto de $25.950.000 sobre un total de $924.060.000; de esas 14 obras, al día de la fecha sólo se finalizaron 4 por un monto de $3.559.929; hay una en ejecución que costará $3.000.000 pero cuyo avance físico es de apenas el 22%; mientras otras cinco obras aparecen como en ejecución, con convenio firmado o en llamado a licitación pero cuyo denominador común es que en ninguna se empezaron los trabajos a casi dos años del lanzamiento del programa. Sobre las cuatro obras restantes, nada se sabe porque ni siquiera fueron llamadas a licitación.
Una característica saliente de Morillo: es el lugar en donde una delegada campesina, Marcela Carbajal, le ganó la intendencia al inefable Atta Gerala en el año 2.011. Carbajal impulsa una gestión participativa para las organizaciones populares de las que forma parte y exige al gobierno la reglamentación de la ley 7658. Ley que prohíbe los desalojos de campesinos y que fuera aprobada hace años por la legislatura salteña aunque aún no haya sido reglamentada por el ejecutivo.
Promesas que se evaporan
El tramo más aplaudido por los presentes en la legislatura fue cuando se prometió invertir 200 millones en el Hospital San Bernardo. El objetivo declarado es convertir al nosocomio en un Centro de Referencia del NOA. La inversión anunciada era merecedora de los aplausos porque comparando ese dinero con el utilizado en el Hospital Papa Francisco se concluiría que los 200 millones alcanzaría para construir cuatro hospitales de similares características. Y es que según datos oficiales, el hospital que se levanta en Bº Solidaridad costó $45.561.140. Esa cifra es la que apareció en la documentación remitida por el Ministerio de Economía a la Cámara de Diputados. Se trata de un informe firmado por el ministro Carlos Parodi, luego de que el diputado Javier David lo solicitara. La respuesta de Parodi estuvo fechada en junio del 2011 (Expte 91-27.000/11) y en ella se explicó que el monto original era de $39.633.628 en diciembre de 2009; cifra que con adicionales y redeterminaciones de precios aprobados en junio de 2011 se convirtió en $45.561.140.
La importancia de la cifra no debe hacer perder de vista otras variables importantes. Una no poco importante es el de la somnolencia en la gestión que caracterizó a este gobierno y que también atravesó a la construcción del Hospital “Papa Francisco”. Veamos: el anuncio de la obra ocurrió en junio del 2009 cuando Urtubey inauguró un playón deportivo del B° Solidaridad. La expectativa que generó fue tal, que en agosto de ese 2009 los vecinos de la barriada solicitaron a la entonces presidenta del IPV, Adriana Krumpholz, que acelerara las gestiones para determinar el lugar donde se levantaría la obra; entre el anuncio y el inicio efectivo de las obras transcurrieron once meses cuando en abril del 2010, el gobernador y la empresa Juan Caros Segura SRL firmaron el contrato que establecía el inicio de los trabajos para el 27 de mayo de 2010 (Informate Salta 21/4/10); contra un pago de $39.633.628, la empresa debía entregar la obra en 660 días, es decir en marzo de 2012; el hospital, sin embargo, abrió sus puertas en octubre del 2013. La película aún no termina. El 19 de marzo de 2014, la edil Romina Arroyo se apersonó al nosocomio y denunció que en el lugar no funcionan los servicios de terapia, internación, neonatología y pediatría. Cuando consultó al gerente del Hospital sobre las razones, éste le contesto que “faltan detalles de infraestructura para habilitar la sala de terapia y el servicio de internación”.
La seguridad I
El gobernador Urtubey le dedicó varios párrafos al tema seguridad. Uno de los ejes del discurso fue lo supuestamente conseguido en materia de infraestructura y equipamiento. Prescindamos aquí del enunciado que remarcó los 46 nuevos edificios construidos por la gestión en siete años. Y prescindamos porque en una provincia con 59 municipios el anuncio de 46 construcciones es pobre, más aún teniendo en cuenta que los datos oficiales muestran que 8 de esas 46 se levantaron a partir del 2012 con el Fondo de Reparación Histórica: 5 en Orán, 2 en San Martín y 1 en Rivadavia.
Detengámonos sí, en las celebradas 400 cámaras, los 20 municipios sumados al sistema de emergencia 911 o el Centro de Coordinación Operativo de la Policía. Esos “avances” forman parte del llamado Plan Provincial de Conectividad, por el que la provincia desembolsó 54 millones de dólares a la empresa del millonario mexicano Carlos Slim: Telmex Argentina S.A. Lo increíble, sin embargo, es que a esta altura los resultados deberían ser otros. Veamos: el contrato entre Telmex y el gobierno se firmó el 6 de junio del 2012 y el representante provincial en esa firma fue el entonces Secretario Ejecutivo de la Coordinación de Gabinete de Ministerios, Alejandro Cornejo D´Andrea, hoy ministro de Seguridad. En ese documento se acordó que el gobierno desembolsaría de una sola vez US$6.532.724 correspondientes al total de los doce primeros meses de entregas parciales, mientras los U$S47.438.400 restantes se pagarían en 60 cuotas mensuales de US$ 790.640 lo que empezó a correr en junio del 2013. En tanto la moneda de cotización sería el dólar aunque en pesos el valor de las cuotas se incrementó notablemente: si en el junio del 2012 la cotización oficial del dólar era de $4,540 y la cuota mensual de US$ 790.640 significaban $3.589.505; esos dólares representan hoy $6.333.026 mensuales con un tipo de cambio oficial de $8,010 por cada dólar.
¿Qué es lo que debía proveer Telmex? Según el Anexo 1 del Decreto 4584 (27/10/2011), mucho más de lo que se celebró el pasado martes: instalación de la red que conectará a los distintos organismos y en el que se instalaría el sistema de video vigilancia; adquisición de los artefactos que conectados unos con otros posibilitarán la telecomunicación entre los distintos puntos de la conexión; el funcionamiento de 100 Hot Spots de Wi Fi a instalarse en las principales plazas de la provincia, 1000 teléfonos analógicos estándar para los organismos que no cuenten con ellos, 1000 computadoras o notebooks intermedias, otras 600 netbooks con conexión a internet, una plataforma de administración de conectividad de voz y datos, otra plataforma de video conferencia, la conexión de 1100 cámaras (500 para la capital provincial y el Valle de Lerma, una cifra similar para el resto de la provincia y las cien restantes para los vehículos del 911).
Seguridad II
Como dijimos, Urtubey dedico varios párrafos al tema seguridad y el otro eje que acaparó su discurso en la materia fue la reforma del procesal penal y la desfederalización de la lucha contra el microtráfico. En la era del arte supremo de la publicidad cuyas reglas recomiendan invisibilizar los rasgos poco convenientes para resaltar sólo los convenientes… Urtubey lo ha hecho bien: resaltó que luego de 70 días de lucha, ya hay un condenado con debido proceso y enfatizó que esos personajes no son perejiles, sino seres que matan a nuestros jóvenes. El enunciado, hay que reconocerlo, es de alto impacto en una sociedad en donde el problema de las adicciones es enorme y la desesperación de miles de padres y madres también.
Nada dijo, en cambio, de la cantidad de estupefacientes secuestrados en esos procedimientos que podrían dar una idea de la importancia de los operativos. Tampoco de los tratamientos que el estado debe garantizar a los adictos. Y tampoco se refirió al caos en la secretaria de Lucha contra las Adicciones en donde un informe de la Auditoría General de la Provincia concluyó que “…no ejerce plenamente las competencias que le fueran asignadas (…) destacándose en este sentido: la ausencia de disposiciones destinadas a definir y coordinar las actividades de los efectores públicos con esa problemática; la inexistencia de acciones de regulación y control sobre las actividades de terceros en el área de competencia y la carencia de información completa y organizada sobre la problemática (…) que permita el diagnóstico de la situación y evaluar el impacto de las medidas adoptadas”.
Producción sustentable
Como siempre, se reivindicó la supuesta armonía entre el avance de la frontera agropecuaria y el cuidado del medio ambiente, luego de un 2013 en donde la furia extractivista se convirtió en noticia nacional.
Un Informe de Greenpeace de julio de 2013, elaborado con datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, denunció que el gobierno de Urtubey atenta contra el medio ambiente. Algunas de las acusaciones realizadas fueron las siguientes: después de la sanción de la Ley de Bosques (28/11/07) en Salta se deforestaron 350.000 hectáreas; de esas 350.000 hectáreas, 100.000 se encontraban en zonas protegidas por la normativa; varios desmontes se realizaron con permisos otorgados especulativamente por Romero antes de la sanción de la Ley de Bosques, pero que el gobierno de Urtubey no se adecuó a la nueva normativa; el ahora gobernador realizó recategorizaciones prediales que modificaron, a solicitud del titular de la finca, lo establecido por la Ley; el gobierno salteño autorizó desmontes para ganadería intensiva en zonas protegidas con el objetivo de cuadruplicar el stock ganadero para 2030, lo que implicará el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosque nativos.
La política de desmontes también mereció planteos de organismos que están lejos del llamado fanatismo ambiental. La Defensoría del Pueblo de la Nación es una de ellas. A fines de 2012 y luego de publicar un informe sobre lo que ocurría en Fortín Dragones (al norte de la provincia), el Defensor del Pueblo remitió una carta al gobernador advirtiéndole sobre las consecuencias del avance sojero sobre criollos e indígenas. Carta e informe fueron publicadas en la web del organismo. Según esos documentos, las injusticias que padecen indígenas y criollos salteños incluyen desmontes en sus territorios; acciones de agentes privados contra comunidades; inacción del Ministerio de Ambiente y Producción; restricciones de las comunidades para acceder a la justicia; tala indiscriminada, deslindes y cierre de caminos que no cuentan autorización del Ministerio de Ambiente; obstaculización del paso de los animales de las comunidades hacia las aguadas naturales.
Por todo ello, se solicitó a Urtubey que haga cumplir las leyes nacionales y provinciales que al ser dictadas buscaban evitar los abusos denunciados, aunque en abril del 2013, Fortín Dragones volvió a ser noticia nacional: la AFIP denunció que una de las civilizadas fincas que desmontó parte de esas tierras y facturó setenta millones de pesos durante el 2012, sometía a familias enteras a un régimen de trabajo semiesclavo.
