El gobierno escuchó el reclamo sin entenderlo. Una de las demandas de los Docentes Unidos – la disminución de la carga horaria – está bajo análisis del Ministerio de Educación que elaboró una propuesta que preocupa a los gremios por la falta de precisión y el ajuste encubierto. (Gonzalo Teruel)
“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deja a consideración de la docencia salteña el Proyecto de Modificatoria al RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN DE CARGOS Y/U HORAS CÁTEDRA para el personal incluido en el Sistema Educativo Provincial”, explica un memorándum distribuido a fines de la semana pasada en los establecimientos educativos y detalla que “el mismo deroga los Artículos 1° y 3° del Decreto 14/91”. Adjunto al memorándum, se envió un listado de consignas para que los docentes -sin suspender las clases- debatan y respondan el lunes para luego devolverlo a Educación. “¿Considera adecuado el límite de 45 Horas Cátedra o que debería ser menor?, ¿Cuánto sugeriría?, Fundamente su respuesta”, podemos leer en el documento gubernamental.
Sucede que los docentes reclaman desde hace años la disminución de sus horas cátedra. Durante el conflicto del primer semestre los referentes de la Asamblea Docente repitieron en cada discurso que “en Salta los maestros y profesores tienen que trabajar 60 horas semanales o más para llegar a fin de mes”, aseguraron que en las otras provincias “las horas trabajadas son menos”, y exigieron ubicar en 40 o 45 la exigencia horaria en la provincia.
En la cartera que encabeza Roberto Dib Ashur avanzan en esa dirección pero no conforman a los docentes que sospechan de la real intensión del gobierno. Ocurre que el proyecto oficial no sólo puntualiza la carga horaria sino que también establece cargos e incompatibilidades que -en definitiva- determinan la liquidación salarial de los educadores. Los más desconfiados creen que se trata de un “ajuste encubierto”.
Desde Tribuna Docente, por ejemplo, advirtieron que “si quieren rebajar horas, está bien pero no pueden tocar el sueldo que actualmente se cobra porque sino estamos ante un descuento salarial encubierto”. “El cálculo es simple: para mantener los sueldos actuales con 45 horas, cada hora tiene que pagarse $180 y eso subiría el básico a $3800 que es lo que no quiere el gobierno”, detalló Samuel Huerga, delegado docente de Orán, y señaló que para evitarlo, el gobierno “quiere desenganchar a los secundarios de los primarios”. El planteo no es descabellado: al separar maestros de profesores, el gobierno podría romper al nutrido grupo de educadores y negociar por separado con grupos más pequeños y con menos fortaleza gremial.
Por el contrario, desde AMET, Eloy Vidal Alcalá, afirmó que “nosotros exigimos que se cumpla el acuerdo con el Concejo Federal de Educación en cuanto al tope de entre 36 y 45 horas” pero consideró, en sintonía con el gobierno, que “no es una reducción de horas sino que se fija un tope para los docentes que recién ingresan al sistema o que tienen 45 horas”. “Hay que trabajar en elevar el valor de hora cátedra de la provincia que hoy es $120”, puntualizó el referente de los docentes de Escuelas Técnicas.
Otro referente docente, Víctor Gamboa de SITEPSA, coincidió y sostuvo que “está bien que reduzcan la carga horaria” pero aclaró que “la primer duda que le surge a cualquier trabajador es de qué manera repercute en el salario”. “Genera mucha incertidumbre el silencio que hay, sobre todo porque el gobierno no nos está hablando claramente”, agregó Gamboa abonando las dudas sobre la voluntad política del gobierno.
El proyecto oficial -que ya tiene un borrador de decreto y sus consecuentes anexos administrativos- prescribe un “desempeño exclusivo en horas cátedra” con una “acumulación máxima de 45 horas cátedra titulares, interinas o suplentes, de cualquier nivel”. Y además establece la “incompatibilidad por horario” y la “incompatibilidad por ubicación” entre otros ítems aún pendientes de discusión.
En el primer caso prohíbe “acordar u otorgar permisos especiales facilitando el cumplimiento de horarios distintos del que oficialmente tenga asignado el cargo” y enfatiza que “la superposición horaria constituye una causa de incompatibilidad absoluta”. Estos mandatos son de difícil aplicación en Salta donde muchos educadores en actividad superan ampliamente las 45 horas y se verían obligados a renunciar a algún cargo para adaptarse al nuevo esquema. En idéntica situación quedarían los maestros y profesores que hoy trabajan en doble -y hasta triple turno- porque excederían las 10 horas diarias que prevé el proyecto de Dib Ashur.
Algo parecido sucedería con los “docentes ómnibus” que corren de una escuela a otra para completar su salario. “El desempeño de la docencia será considerado incompatible por ubicación cuando medien razones de distancia, transporte o acceso que impidan el cumplimiento de los horarios correspondientes”, advierte el proyecto gubernamental. “Estamos de acuerdo con la reducción horaria pero que nos sigan pagando lo que veníamos cobrando”, pidió una docente del Colegio Arturo Illia, con 66 horas cátedra, que se manifestó durante la semana preocupada por una posible disminución salarial.
El proyecto del Ministerio de Educación va en el sentido correcto pero se estrella contra la cruda realidad. Con la carrera docente destruida, cientos o miles de trabajadores exceden largamente el horario pretendido por las autoridades para “preservar la calidad del servicio educativo y al mejor y mayor rendimiento áulico”.
Para que esos maestros cubran menos horas sin sufrir una disminución salarial, el gobierno debería incrementar notablemente el valor de la hora cátedra. Pero si lo hace, se le dispara el sueldo básico y el consecuente gasto salarial, cosas que no parecen estar en los planes del ministro de Economía, Carlos Parodi. De aprobarse el nuevo régimen, al gobierno se le presenta un problema adicional: muchos docentes deberán renunciar a horas y cargos para adaptarse a la normativa y, entonces, otros tantos docentes deberán ser designados en esos cargos.
Después de un año de intenso conflicto gremial, las dudas sobre la capacidad de gestión sumada a la incapacidad de comunicar un proyecto -en el fondo- correcto genera incertidumbre en la docencia salteña que espera la reapertura de las paritarias para conocer la verdadera voluntad del gobierno de Juan Urtubey para cono los maestros de sus hijos.
En algún lugar de la provincia…
Sin omitir juicio alguno sobre el nuevo Régimen de Acumulación de Cargos y/u Horas Cátedra y ajena a todas las preocupaciones de sus representados, la titular de la ADP, Patricia Argañaráz, volvió a mostrarse muy cerca del gobierno. Esta semana recibió por parte del mismísimo Juan Manuel Urtubey los papeles que acreditan la titularidad -en comodato- de un terreno cedido al gremio mayoritario de la docencia.
La ADP, el Círculo Médico, e Hirpace recibieron terrenos en la zona norte de la ciudad. El gremio docente lo utilizará para la construcción de un albergue universitario. Según informó el gobierno en un parte de prensa “la secretaria general de ADP, Patricia Argañaraz, indicó que la asociación espera desde hace varios años este proyecto”. “Por eso agradecemos al gobierno por tener siempre el apoyo incondicional para nuestros docentes”, agregó en voz alta la blonda gremialista.
El fantasma de Van Cauwleart
La molestia entre los docentes por un posible recorte de sus salarios a partir de la disminución de las horas cátedra, motivó que la secretaria de Gestión Educativa, Analía Berruezo, saliera a los medios de difusión intentando llevar calma.
La funcionaria aseguró que “de ninguna manera” se afectará el salario de aquellos docentes que cuentan con más de 45 horas cátedra. “Los profesores con más de 45 y hasta 66 horas cátedras podrán incorporar parte o el total de las horas en exceso a proyectos de investigación y desarrollo pedagógico, o en programas especiales nacionales o provinciales”, explicó tranquilizar los ánimos.
No consiguió su objetivo y Víctor Gamboa le enrostró que el proyecto no es nuevo y que “es el mismo que en 2009 presentó Leopoldo Van Cauwlaert”. El líder de SITEPSA incluso planteó que podría empujarse a los docentes a una suerte de “retiro voluntario”. En efecto, Berruezo mencionó el “retiro en la carga horaria en exceso, titular o interina sin término” y reconoció que “quien acceda será indemnizado”.
De acuerdo a los más elementales principios del derecho laboral, esa compensación debería ser “equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 6 meses, computando los años de servicios a indemnizar a partir de la toma de posesión original de las horas a elección del docente”. Sin embargo, en Educación ya avisaron que “esta opción estará sujeta a existencia de la partida presupuestaria pertinente”.
