El Doctor en Ciencias Biológicas Martín Iribarnegaray, junto a un grupo de científicos, encabezó una investigación que busca reducir la contaminación de aguas subterráneas y aplicarla traería benéficos inmediatos a la salud y al medio ambiente. A partir de los resultados se presentó un proyecto en el Congreso Nacional. 

El proyecto de ley, impulsado por la diputada Alcira Figueroa, consiste en ordenar y normativizar la manera en que las nuevas urbanizaciones accederán al sistema de cloacas o al tratamiento correcto de aguas residuales dependiendo de la infraestructura, el tamaño de los lotes y la densidad territorial, en la búsqueda del equilibrio presupuestario y la mitigación de los daños a la salud y al medio ambiente.

En diálogo con Cuarto Poder, el Doctor Iribarnegaray explicó aspectos esenciales para entender la propuesta desde una perspectiva ambiental; primeramente destacó la necesidad de promulgar dicha ley ya que en la Argentina no hay ninguna legislación relacionada al tratamiento de las aguas residuales en el propio lote de generación (también denominado tratamiento descentralizado).

El sistema de cloacas se ve limitado debido al gran costo de su ampliación, es por ello que los terrenos que se venden hoy en día suelen tener acceso a la luz o agua pero no a este servicio. Sobre este último aspecto, destacó que es preciso entender que hay zonas en las cuales no se precisa la inversión en redes cloacales de manera inmediata, mientras que en otras es urgente debido a los daños que están provocando la contaminación con aguas residuales.

Criterios de selección

“No hay normativa vigente para ordenar desde el inicio las nuevas urbanizaciones incluso que tipo de sistemas de tratamiento mínimo deben instalarse en las viviendas no hay nada; no hay normas ni controles entonces se hace imperioso que se empiece a ordenar. Que los gobiernos a diferentes niveles ya sean municipales o provinciales, tengan algún instrumento de ordenamiento donde puedan tener herramientas para que puedan decidir en qué sectores van a proyectar cloacas con los fondos (que siempre es poco); porque es necesario y estratégico y en que otros sectores se puede pensar la urbanización en una forma distinta, en lugar de cloacas que las aguas se traten en los propios lotes monitoreados de una forma ordenada y efectiva”, destacó el investigador.

Para definir el criterio sobre la selección es fundamental entender los daños que producen las aguas mal tratadas. Los hogares del área metropolitana del Valle de Lerma, y de la provincia, no cuentan ni siquiera con cámaras sépticas debido a su realidad socio económica, debido a esto la manera en que resuelven la problemática es precaria y deficiente y ponen en riesgo no solo su salud al estar en contacto con líquidos residuales, sino a las napas de agua que al entrar en contacto con estos sufren un deterioro de difícil reparación a lo largo del tiempo.

En este sentido, en aquellas zonas muy densas como ser asentamientos, casas del IPV o lotes de 200 metros cuadrados en las cuales los riesgos de contaminación son muy altos incluso los de afectación de la salud saltan a la vista, es primordial la colocación del sistema de cloacas, mientras que si la superficie es mayor, hay disgregación entre los hogares o las áreas de terrenos son muy bastas, la señal de alarma disminuye y allí se podrá aplicar los sistemas de tratamientos correctos en cada lote; pero al hacerlo de manera eficaz y con la supervisión del Estado el suelo terminará de proteger el agua y cuando llegue el líquido residual al contacto con el área subterránea lo hará de manera más depurada.

Para ello el proyecto, que contó con la redacción del reconocido abogado ambientalista Luis Segovia, propone que un organismo competente se encargue de llevar a cabo un control minucioso de determinados porcentajes de sistemas al año para ver si se está contaminando o no y poner en marcha un proceso de mejoras constantes para disminuir al máximo la cantidad de efluentes no tratados o tratados deficientemente que llegan a las napas.