El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades junto al abogado Ramiro Javier Ulivarri, presentaron una demanda contra la Dirección General del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia por la histórica “discriminación hacia las mujeres”  y “violencia institucional” en contra de las mujeres que prestan servicio en dicha institución.

La demanda fue presentada a partir de la historia personal de una mujer que padeció en cuerpa propia las practicas naturalizadas de violencia institucional y de género que demuestran que la Dirección General del Servicio Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, está lejos de ser una dependencia estatal que incorpore disposiciones internacionales, nacionales o locales para luchar contra la violencia hacia mujeres en todos los ámbitos en donde se desarrollan.

Sumado a esto, el desinterés y la nula ayuda de organismos encargados de mínimamente escuchar a las víctimas, como lo son el Polo de las Mujeres, y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, entes estatales que demostraron la poca empatía que tienen quienes están a cargo-

El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades con el patrocinio letrado del Dr. Ramiro Javier Ulivarri, presentaron una demanda de acción colectiva a favor de una mujer, personal de la Dirección General del Servicio Penitenciario,  como así también contra el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. La misma se debe a que la Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta históricamente ejecuta actos de “discriminación hacia las mujeres” y “violencia institucional” de género, en contra de las mujeres que prestan servicio en dicha institución.

“Para revertir toda esa dinámica perversa, estereotipada, sexista, se interpone un amparo colectivo para que la justicia ponga en vigencia un ‘Protocolo para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el personal del servicio penitenciario de la provincia de Salta’ ”, describen desde el Foro.

En la demanda además hacen hincapié en las estrategias y maniobras persecutorias para castigar a las agentes que reclamaron jurídicamente contra dichos atropellos. Persecuciones con una apariencia de legalidad, son utilizadas para arruinarles sus carreras penitenciarias. Una forma más de violencia simbólica para disuadir a todo el colectivo de mujeres de hacer cualquier tipo de reclamo.

En la demanda también hacen mención a datos palpables que evidencian el histórico machismo reinante en el servicio penitenciario:

  • En toda la historia de la institución,  NINGUNA mujer del escalafón penitenciario accedió a los grados “más  altos” de la jerarquía penitenciaria. A saber Prefecto y Prefecto Mayor.
  • De los “ocho (8) cargos” que conforman la Plana Mayor, SOLAMENTE “uno (1)” es ocupado por una mujer.
  • Se nombran Subdirectores a varones “Oficiales Subalternos” con el grado de Adjutor Mayor (7º grado de la jerarquía), con marcada preferencia con respecto de las mujeres “Oficiales Superiores” con el grado de Subprefecto (3º grado de la jerarquía).
  • En TODA la historia del Servicio Penitenciario de Salta NUNCA una mujer fue designada para ser Director General  y TAMPOCO para ser nombrada en el cargo de Sub Director General.

El antecedente emblemático como víctima de estas prácticas de violencia de género es el de una trabajadora a quien en el año 2017, la Dirección del Servicio Penitenciario le denegó el ascenso al grado de Subprefecto. Cuando la misma había sido calificada con un concepto “sobresaliente y promedio final de 96 (noventa y seis) puntos”, sobre un total de 100 (cien).

Ante dicha arbitrariedad, mediante la interposición de recurso jerárquico, la mujer logró que la Subsecretaria de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios le otorgara el ascenso al grado de Sub Prefecto. Desde Diciembre del 2017, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia no ratifica el ascenso, no obstante los reclamos. Situación que le impidió a la trabajadora participar de los procedimientos de ascensos para el grado de Prefecto del año 2018, como así también del corriente año (2019).

El reclamo por el ascenso, describió el letrado desató una persecución desde la Cúpula del Servicio Penitenciario, con una clara intención de arruinarle su carrera. Entre la que podemos citar: a) Fue destituida como Directora de la Unidad Carcelaria Nº4 de Mujeres; b) Fue puesta en Disponibilidad. Como consecuencia de la persecución aludida, en fecha 17 de Agosto del 2018,  denunció al Director y Subdirector del Servicio Penitenciario.  La represalia por denunciar fue un sumario.

En la demanda dejan sentado las diferentes presentaciones efectuadas en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia y en el propio Observatorio de Violencia contra las mujeres. Las cuales no fueron tenidas en cuenta.

Ante la falta de resolución de la problemática, inclusive por parte de los organismos con competencia específica en violencia de género, es que se interpuso esta acción de amparo colectivo.