Con el fin de aliviar la carga de los comercios en crisis, el oficialismo salteño propone una reforma que permitiría tramitar la baja municipal de actividades aún con deudas pendientes. Esta iniciativa busca evitar que las empresas que ya han cerrado sigan acumulando obligaciones en un contexto económico desafiante.
Una nueva iniciativa oficialista en Salta busca modificar la Ordenanza N° 15.292 de Habilitaciones Comerciales para permitir que los comercios puedan dar de baja su actividad municipalmente aun cuando posean deudas pendientes. El proyecto, impulsado por la concejal Camila Lobo, surge como respuesta a un complejo panorama económico que, a nivel nacional, registra el cierre de 22.600 empresas en los últimos dos años y casi mil pymes en Salta, según datos de la Cámara Pyme local.
Actualmente, la normativa impide la baja si hay pagos impagos, lo que genera que muchos comerciantes que ya cesaron su actividad sigan acumulando nuevas obligaciones. La propuesta busca separar el trámite administrativo de la baja del cumplimiento de las deudas, permitiendo que la comunicación de cese tenga efecto dentro de los 15 días. Para los monotributistas, la baja a nivel nacional implicaría automáticamente la municipal.
Desde el oficialismo, señalaron que la intención es crear un sistema «más simple, razonable y eficiente» que acompañe al sector privado en un contexto difícil, destacando que el municipio «no puede ser un problema más» para los comercios que ya han cerrado. Es importante aclarar que la medida no elimina las deudas existentes, sino que las desvincula como requisito para formalizar el cese de la actividad.
