Mientras vecinos de la zona del Hogar Escuela denuncian oferta de sexo en la vía pública, se rescató a mujeres menores de edad obligadas a ejercer la prostitución en el lugar. Un porcentaje de lo que cobraban debían entregarle a una «travesti» que hacía de proxeneta. (Andrea Sz)

Una medida judicial de la Cámara Federal de Salta, publicada en noviembre de este año, ordenó el procesamiento de una persona por encontrarla “responsable del delito de captación y ofrecimiento de mujeres con fines de promover, facilitar y comercializar la prostitución ajena”, en la zona del Hogar Escuela.

La causa se inició, según consta en el fallo, el 16 de octubre de 2014 con el informe de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía que puso en conocimiento de la Fiscalía Federal la denuncia recepcionada. La misma fue realizada a través del sistema 911 y “daba cuenta que en la zona del Hogar Escuela un hombre junto a una travesti entregarían ropa provocativa a algunas mujeres, entre las que se encontraban menores de edad, a fin de que presten servicios sexuales a terceras personas que arribaban al lugar”, señala la Justicia y agrega que a partir del llamado se comenzó con las “tareas investigativas a fin de constatar los extremos denunciados”.

Según señala la investigación en la Plazoleta situada sobre la calle Francisco Arias “se reúnen las mujeres con sus proxenetas, quienes controlan la presencia de móviles policiales en el lugar y, en su caso, dan aviso a las jóvenes para que se escondan o disimulen.”

La declaración de un testigo ante la División de Lucha contra la Trata de Personas manifestando detalles de la situación también es reflejada en el escrito: “que en inmediaciones del Hogar Escuela siempre hay un grupo de mujeres menores y mayores de edad que se encuentran junto a una travesti, observando en varias oportunidades que las mujeres se suben a distintos autos que llegan al lugar y se retiran por un lapso de una hora y luego retornan al mismo sitio”.

Vulnerables

En base a las denuncias aportadas y las posteriores tareas de investigación, se ordenó la detención de una persona y se rescató a 5 menores que luego fueron entrevistadas por la Directora de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, oficina dependiente del Ministerio de DDHH de la provincia. En los testimonios de las menores un denominador común sale a la luz: declaran que se prostituyen porque necesitan plata y en algunos casos para comprar pasta base. Una de ellas también declaró que se fugó del Hogar Protección Esperanza.

Según consta en el expediente en cuestión las propias víctimas relataron que la persona ahora procesada, les exigía entre $50 a $150 de lo que cobraban por cada cliente. Es así que se lee: “La víctima (20 años) dijo que cobra $150 por cliente y que (…) le pide $50 por pase porque es su zona y aclaró que todas las chicas le pagan”.

Otra de las víctimas también de 20 años relató que trabaja como “prostituta” para la persona acusada de proxeneta hace más o menos 3 años, “quien le cobra $150 por pase y sostuvo que se enoja si no le paga. Comentó que desde el día 11/12/2014 ya no le paga porque el guardia cárcel que lo cuida al novio de la persona procesada llegó a un acuerdo con él”. Asimismo, señaló que la imputada le dijo que aunque esté en la cárcel mandaría a alguien para hacerles daños a las chicas y sus hijos.

La tercer victima rescatada (18 años) señaló “que se prostituye cerca del hogar Escuela y que cobra $ 300 por pase, de los cuales la imputada le sacaba $50 hasta que la empezó a acompañar Juan, a quien detuvieron pensando que era su ‘cafiso’.”

Finalmente una menor de 14 años de edad manifestó “que se prostituye cuando necesita plata porque lo que gana su mamá no le alcanza para satisfacer todas sus necesidades, a quien además le oculta la verdad diciéndole que trabaja como mesera. Relató que cobra $200 por cliente y que los pases los realiza en moteles de la zona. En un primer momento, sostuvo que no tiene contacto con la imputada pero luego admitió que sí trabaja para ella y que le entrega $50 por salida, haciendo un promedio de cuatro o cinco clientes”.

Según el informe judicial, en la audiencia realizada con la menor mediante Cámara Gesell bajo la supervisión de la psicóloga del Ministerio Público Fiscal, relató que los “pases” se hacían en el parque y que cobraban $150, de los cuales le dejaba $100 para ella. “Manifestó que la travesti le decía todo el tiempo que quería plata y que ella se la entregaba. Indicó que el día del procedimiento trabajó desde las 18 hs. hasta que fue rescatada por la División de Trata”.

Agregó además que “les controlaba el horario y no podían tardar más de 20 minutos en hacer los pases, de lo contrario se quedaba con más plata: Refirió que no quería hacer lo que le decían pero que se sentía obligada y amenazada ya que cada vez que se negaba la travesti la intimidaba diciéndole ‘ya vas a ver lo que te va a pasar’, por lo que temía por su familia”.

Se defiende

Según consta en el escrito “personal de la policía pudo observar en inmediaciones del Pasaje Abrahan Cornejo (detrás del Hogar Escuela) en horas de la tarde-noche que una persona travesti observaba y recorría la zona donde se apostaban las mujeres para ofrecer sus servicios sexuales. Asimismo, se indicó que la persona denunciada junto a un hombre vestido con ropa de trabajo controlarían que las mujeres realicen el trabajo sexual, manifestando a viva voz ‘Rochi deja de perder el tiempo y pónganse a trabajar’.”

Esa fue la frase con la que los investigadores detectaron, según se informa, que la persona hoy procesada incurría en el delito de comercializar la prostitución ajena. Además se consignó en el informe que “la travesti manifestó a un transeúnte que tenía cuatro chicas jóvenes a disposición para una fiesta privada, solicitándole la suma de $1.000 por cada una”.

Sin embargo la defensa de la persona acusada manifestó que lejos de obligar a otras jóvenes a ejercer la prostitución ella es una “víctima del delito de trata de personas, habiendo permanecido desde muy joven hasta la fecha en una situación de vulnerabilidad que facilitó su explotación por terceras personas”.

La persona acusada de proxeneta, en su declaración, negó prostituir a las menores, en cambio manifestó según señala el expediente, que ella hace veinticinco años que ejerce la prostitución y que en esa zona está hace diez o quince años.

 “Reiteró que no hace trabajar a ninguna persona y que por tener problemas con sus pares trabaja en el sector donde se encuentran las mujeres. Sostuvo que la persona que lo denunció es menor de edad de nombre D. y que su hermana, quien también ejerce la prostitución, le pidió que la cuidara para evitar que se drogue o le pase algo, a lo que se negó diciéndole que debía llevarla a otro lugar para evitar inconvenientes. Agregó que nunca controló los pases de D. y tampoco le pidió dinero”.

Entre otros de los argumentos expuestos la acusada señala la preocupante situación de vulnerabilidad en la que se encuentra desde chica y los hechos por los que atravesó que marcaron su camino: “Relató que se prostituye desde los 9 años a raíz de una violación que sufrió cuando tenía 8 años, momento en que abandonó su casa porque su madre no le creía y se fue a vivir a la casa de unas travestis (…) que le llevaban clientes para que ejerciera la prostitución, lo que hacía por el techo y la comida. Continuó con su relato señalando que se independizó a los 13 años y comenzó a viajar por las rutas del país, sufriendo en varias ocasiones violaciones, abusos, robos y golpes, acotando que siempre hubo alguien que se benefició de su trabajo. Dijo que a los 14 años era explotada por travestis en la zona de Constitución, donde los pases los cobraban las personas que la manejaban y le daban una parte del dinero recibido. Asimismo, sostuvo que la obligaban a drogarse lo que le ocasionó problemas sicológicos, intentando quitarse la vida en trece ocasiones y agregó que fue tratada en el Hospital Ragone donde le diagnosticaron depresión convulsiva autoagresiva”, señala el expediente judicial.

El escrito refleja una situación alarmante: mientras el nuevo Código contravencional estipula que cada municipio salteño podrá instalar una “zona roja legal” donde desee, el escrito de la Justicia deja de manifiesto que las víctimas rescatadas son mujeres en estado de vulnerabilidad y exclusión social que lejos de decidir prostituirse, lo hacen porque no les queda otra alternativa. Sin embargo, con la instalación de zonas rojas amparadas por el Estado lo que se haría es legitimar esta explotación sexual.