La toma del edificio municipal en Aguaray que había empezado el miércoles pasado se mantuvo durante Semana Santa y se convirtió en huelga por tiempo indeterminado. El municipio es gobernado por el intendente Juan Carlos Alcoba al que la auditoria detectó innumerables irregularidades.
En medio de una coyuntura electoral y en el municipio que cuenta con un padrón electoral de 11.000 ciudadanos, se desató una huelga por tiempo indeterminado que había empezado el miércoles pasado con la toma del edificio municipal por parte de los empleados del mismo. La medida es en reclamo del incremento al sueldo básico. El delegado regional de ATE, Fermín Hoyos, anuncio que «durante todo el fin de semana largo no permitieron la salida de los vehículos por lo que no se brinda ningún tipo de servicio». El gremio exige $3.000 de incremento salarial al básico pero el intendente Alcoba ofreció $1.700 pesos escalonados.
Fermín Hoyos precisó que “bajo ningún motivo vamos a aceptar ese incremento escalonado de $1.700 pesos que pretende Alcoba. Conocemos los números de cada uno de los municipios del departamento San Martín y si estamos pidiendo el incremento es porque sabemos que la intendencia de Aguaray lo puede pagar. Si a la consultora Montoya le paga 2 millones y medio cómo pueden decir que no tienen plata para los que realmente trabajan y prestan un servicio» manifestó el sindicalista a El Tribuno.
La medida tiene sus sombras porque Fermín Hoyos es el sindicalista que actualmente ocupa las listas de candidato de Juan Carlos Romero en el norte; aunque evidentemente la protesta se asiente en problemáticas reales y en la gestión de un intendente cuestionado hasta por la propia auditoria de la provincia que en enero del 2014 publicó un informe sobre la gestión del intendente Alcoba donde denunciaron irregularidades de todo tipo: obras públicas previstas por $5.722.874 pero Ejecución Presupuestaria de $4.737.849 sin que nadie sepa dónde quedaron los $985.025 restantes; construcción de un Centro Integrador Comunitario para lo cual la Nación remitió $281.891, un intendente que dijo gastar $297.254 y una cuenta bancaria que mostró que los gastos fueron de $275.590 sin que nadie sepa qué paso con los $21.664 restantes; o programas de Refacción de 23 Escuelas para las cuales la provincia remitió $286.660 que el intendente dijo haber usado, aunque no presentó papel alguno que pruebe que rindió el gasto de ese dinero.
Esas y otras muchas irregularidades motivan que en varios casos, los técnicos de la auditoría recomienden al final de los informes “la aplicación de la normativa contemplada en la Res. A.G.P.S. Nº 20/04”. Tal resolución aprueba el Reglamento de Investigaciones Sumarísimas que provean “a la Auditoría General de un Reglamento que brinde celeridad a las actuaciones, asegurando el legítimo derecho del Estado de munirse de aquellos elementos esenciales para fundamentar la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los agentes y funcionarios, ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco”.
