El gobierno reaccionó tras la sentencia por el crimen de las turistas francesas. El caso no estaba resuelto. La gestión Urtubey separó a los primeros policías. El gobierno los había condecorado en 2011. Del juicio político a Martín Pérez no hay nada.
Pomposo anuncio en el diario local, pero escasa información oficial y pública. Es un anuncio del que nadie quiere decir mucho. Pero parece que es tal cual anunció el gobierno a través de un dialogo con el medio gráfico.
Según relata el matutino salteño de mayor tirada junto al gobierno provincial, finalmente se “sancionó a los efectivos que habían sido condecorados”. Incluso el propio Ministro de Seguridad de la gestión Urtubey, Alejandro Cornejo D´Andrea indica: “separamos a los policías para que no entorpezcan la investigación”. Al parecer el ministro dialogó con el diario y contó todo esto. Las conocidas buenas noticias.
La crónica de la separación de efectivos asegura que son “los mismos efectivos que habían sido condecorados en 2011” quienes “ahora fueron separados de la fuerza por presuntos apremios policiales en el marco de la causa por el crimen de las turistas francesas”. Incluso el diario se atreve a preguntar y pregunta: “consultado sobre los motivos que llevaron al Gobierno a condecorar a los efectivos, el funcionario sostuvo que “hay cuestiones que se pueden rever” y que “en su momento se hizo una investigación y con los elementos probatorios que había se tomó esa decisión”. “La postura oficial es separar a los efectivos involucrados en denuncias de torturas y excesos policiales”, agregó. “Estamos a disposición de la Justicia para lo que necesite”, concluyó hoy el ministro”. Una verdadera acción de gobierno. Sin embargo, no hay nombres. Tampoco se habla de los delitos por los cuales la policía de Pablo Kosiner está siendo investigada. Aunque hoy D`Andrea no quiera reconocerlo, tuvieron que separar los policías, porque seis de ellos están procesados penalmente y ostentan confirmación de esos procesamientos. Es decir que los policías condecorados están a punto de llegar a juicio oral, con delitos que alcanzan los siete años de prisión.
Delitos cometidos en el marco de las investigaciones que ordenaba Martín Pérez. Además de la causa por apremios ilegales, que suma seis efectivos procesados, ahora comienzan dos causas por falso testimonio y hay otra por falsedad ideológica, que ya investiga el plantado de pruebas fraudulentas por parte de la policía. Todas las investigaciones están enmarcadas en los procedimientos que hicieron bajo órdenes de Aldo Saravia, para resolver el doble crimen de San Lorenzo.
La lista es de 21
Según el matutino –luego del dialogo con el funcionario- serían “al menos 21 policías de los que participaron en la investigación del crimen de las turistas francesas, la mayoría pertenecientes a la Dirección General de Investigaciones y a la comisaría de San Lorenzo”, los que recibieron sanciones.
En tal sentido, el diario también afirma que los “policías fueron informados a través de cédulas y debieron entregar a sus respectivos jefes la credencial y el arma reglamentaria, ordenándoseles además la prohibición del uso del uniforme de la fuerza pública de la Provincia por el tiempo que dure la sanción”.
Las sanciones a los policías que aplicó el gobierno se fundaron en la resolución 12.272 que da cuenta del sumario administrativo en contra de la veintena de funcionarios policiales, supeditado a una causa penal que se tramita ante el Juzgado de Transición de Primera Nominación, que es la causa que ostenta los seis policías procesados. La causa penal está caratulada como “Apremios ilegales agravado por el uso de violencia, en contra de Francisco Tejeda, Daniel Vilte Laxi, Nelson Ricardo Vilte Laxi y Gustavo Lasi”. Los efectivos policiales, investigados en esta causa por apremios, próximamente tendrían domicilio fijo en el barrio de Villa Las Rosas. Sin embargo, las otras causas penales -menos avanzadas hasta el momento-, también aportarán al barrio nueva población privada de libertad. Esta situación era inevitable para el ejecutivo provincial. De ahí el dialogo entre el diario y el ministro. De ahí el anuncio de la “buena noticia”. El resto es folclore.
Adentro!
Pese al ritmo de chacarera de la historia, la crónica de los hechos parece bastante interesante. Los acontecimientos por sí mismos debelan el grado de compromiso que tiene el gobierno, si avanzan las causas penales contra la policía. Y todo parece indicar que ese avance judicial es inevitable. Para el diario las sanciones se impusieron “apenas tres días después que la Justicia penal absolviera a dos de los denunciantes de los apremios ilegales, quienes permanecieron privados de su libertad por espacio de casi tres años”. Para el matutino “los policías separados por Jefatura de sus respectivos cargos apelaron la medida a través de sus abogados. El caso amenaza destapar la trama de una investigación viciada de nulidades y que culminó con la condena de solo uno de los imputados”. Los mismos policías de los que habla el gobierno ahora eran hasta recién efectivos ascendidos y en funciones. “Están ahora acusados de haber apremiado en su momento y de haber arrancado confesiones ilegales a través de tormentos sobre al menos cinco personas, tres de las cuales fueron posteriormente procesadas”, resume el medio que habló con el funcionario. Lo que aún nadie aclaró es qué harán con la responsabilidad que les toca. Incluso el diario que dialogó con D´Andrea podría preguntarse ¿qué pasa con Martín Pérez?, ¿qué pasa con Pablo Kosiner, con Aldo Saravia?.
Hace 72 horas se conocieron los fundamentos de la sentencia. Las 500 páginas que tiene el fallo demandan tiempo. Se especula que demorará unos días la formulación del pedido de juicio político. Una solicitud de esta magnitud debe estar muy bien fundada para no ser rechazada. Resta conocer si existe voluntad política de ir tras el juez ascendido. Aldo Saravia mientras tanto recorre las calles de El Quebrachal. Pablo Kosiner sueña con ser presidente de Gimnasia y Tiro.
