Cuarto Poder difunde los extremos de la operatoria de recaudación tributaria ordenada por las máximas autoridades municipales que se inició hace más de año y todavía no se agotó. Nuevamente llegaron facturas con datos falsos a los domicilios de la Capital que multiplicarán los más de quinientos reclamos ya presentados. Fundado en documentación y testimonios sólidos, este medio periodístico, junto a todos sus periodistas, desnuda la secuencia y el modus operandi de un asalto al bolsillo ciudadano y exige que la Justicia investigue.
Las respuestas de sus funcionarios transitan por simples negativas o explicaciones intrincadas que aprovechan lo complejo de la temática para confundir a familias empobrecidas que no entienden por qué desde 2022 pagan dos o tres veces más plata por servicios que, encima, se prestan mal o no se prestan.
Antes y después del golpe
A raíz de la pandemia Covid-19, la baja imagen de Bettina Romero y la falta de recursos, en el Centro Cívico Municipal comenzaron a convencerse de que la única manera de revertir una situación penosa era incrementando impuestos y ampliar el número de cautivos que calladamente pagan lo que apenas pueden, mientras sus escasos ingresos se diluyen a diario por la inflación. Mediante comunicados oficiales alertaron en Julio de 2020 que la recaudación había caído un 22%.
Luego de una reunión con EDESA que se realizó en el despacho de Bettina Romero, confirmaron que existían miles de catastros que tenían más de un medidor de energía eléctrica y decidieron ir a la caza de nuevos aportantes para que engordaran las arcas comunales.
Hasta noviembre de 2020 el procedimiento para incorporar contribuyentes comprendía fiscalizaciones y notificaciones a los vecinos para que supieran de la pretensión de cobrarles. Se sumaban informes del IPV, Dirección de Inmuebles, la Gerencia de Información y Desarrollo Territorial, en forma coordinada con la Gerencia de Tributos Patrimoniales y la Gerencia de Sistemas que procesaban la información y luego cargaban los datos en el sistema de gestión tributaria. Demasiadas manos en el mismo plato, curiosamente, no causaron este arrebato.
Las presiones
En Febrero de 2021 sorprendió la salida de la Agencia de Recaudación Municipal de su entonces director ejecutivo y del Sub-Director Ejecutivo de Recaudación y Fiscalización. Con un operativo de la prensa municipal se instaló la versión de que el titular de ARMSa había incumplido con sus deberes porque demoraba el “alta catastral” de muchos inmuebles que no pagaban tributos a la Intendencia capitalina. Se habló de responsabilidades penales, civiles y administrativas y hasta de un daño al fisco de casi 11 millones de pesos. A pesar de que ya habían renunciado, igualmente dispusieron iniciar un sumario administrativo que sigue abierto hasta la fecha.
Lo que escondía la maniobra, era la intención de echar a funcionarios heredados del “saencismo” (siempre sospechados por el Bettinismo), que se mostraron rebeldes. Según ventilaron algunos medios afines a la intendencia, las sospechas sobre ellos llegaban a la Cooperadora Asistencial cuando era presidida por Pablo Outes.
Los sumariados dijeron que no podían avanzar con dar de alta catastros que “no existían”; que las inspecciones que realizaban para cumplir con trámites que terminaban en la Dirección de Inmuebles estaban un poco demoradas porque no tenían personal y que tampoco les enviaba información el IPV ni las áreas municipales de Susana Pontussi, María Angulo y María Ruiz de los Llanos.
Juntos por el Cambio
Los cambios se hicieron sentir y avanzaron primero sobre empresarios. Incorporaron 97 edificios de propiedad horizontal y cargaron las deudas a los titulares de estos catastros, porque no sabían la identidad de los propietarios de los departamentos y aún hoy la desconocen en su totalidad. Tampoco sabían desde cuando cobrarles porque no conocían cuando se habían mudado o cuando le habían instalado el medidor de energía eléctrica. Se trató de altas sistemáticas improvisadas sin fiscalización previa.
Funcionarios municipales les advirtieron por escrito que el municipio no contaba con una base de datos que permitiera conocer la real situación de los inmuebles capitalinos, pero no les hicieron caso y se decidieron por engrosar la caja. Pidieron drones y los condenaron a seguir usando el “Google Earth” y a fiscalizaciones reducidas que realizaba la arquitecta María Marta Fonzalida. Solicitaron elementos de seguridad e higiene imprescindibles en ese tiempo pero el expediente fue archivado por Agustina Gallo, que era Coordinadora de Contenidos.
Una muestra del desorden es la vacancia de la Subdirección Legal y Catastral tras la renuncia del Dr. Gonzalo Salado (también en 2020), la que nunca fue cubierta a pesar de que agregaron 23.000 “unidades parcelarias” truchas.
Tras semejante movida, monitoreada siempre por ARMSa y Daniel Nallar, hablaron con EDESA que hizo de cómplice de toda esta operación entregándole a la Municipalidad los datos de los residentes de los edificios y otras urbanizaciones. El interés de la empresa de energía eléctrica que justificó el buchoneo fue un porcentaje de la recaudación. Ese fue el primer error colectivo que generó numerosos reclamos que hasta ahora no fueron resueltos, al margen de que tampoco devolvieron lo que cobraron.
Las presiones y la difamación que padecieron algunos empleados hoy parecen tener una explicación más que clara. Cuando lograron que se fueran, avanzaron desde ARMSa con la decisión de multiplicar la recaudación municipal desconociendo el Código Fiscal Provincial, la Carta Orgánica Municipal, el Código Tributario Municipal y sus propias reglamentaciones. El abogado Daniel Nallar informó a los medios que trabajó de manera “impecable” en lo legal y en lo técnico y ha sido felicitado por Bettina Romero y Agustina Gallo.
Las versiones dadas por testigos a las que accedió Cuarto Poder hablan de las ordenes de Nallar para que se aplicara la Ley Penal Tributaria a los contribuyentes capitalinos que no pagaban, la creación virtual de 23.000 contribuyentes sin ninguna resolución y el doble y triple cobro del impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles y la tasa de protección de bienes y personas. Cuando se negaron los persiguieron, sumariaron y el Coordinador habría tirado a la basura algunos expedientes y habría invitado a uno de ellos a una pelea en la playa del CCM.
Cuarto Poder cumple en informar que esta expresión periodística no es compartida por la Intendencia que niega que haya existido coacción agravada y amenazas hacia los funcionarios; que se hubieran incumplido deberes de funcionarios públicos y que se haya ejecutado una estafa masiva usando esta modalidad de alta de contribuyentes. Es por ello, que para garantizar la honorabilidad de los funcionarios municipales se pide la apertura de la investigación al Señor Fiscal Penal.
Impuestazos
En el tiempo de las fiestas la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Salta remitió de urgencia al Concejo Deliberante el proyecto de reforma del Código Tributario Municipal que finalmente se aprobó en la sesión del 27 de Diciembre de 2021.
El contenido le permitió al municipio comenzar a corregir los errores –y horrores- que ya se venían cometiendo con la finalidad de cumplir con la decisión política de incrementar la recaudación. Para ello, cambiaron
las normas que regulan el Impuesto Inmobiliario, lo que solamente pueden hacerlo los senadores y diputados provinciales. De esta manera buscaron legalizar la creación ilegal de 23.000 unidades parcelarias transitorias que pagan cada una aproximadamente 1.476 pesos mensuales, es decir que casi 40 millones mensuales se recaudan solamente de este impuesto o, 480 millones anuales.
Lo obrado por la Intendenta, ARMSa y los concejales va en contra del Código Fiscal de Salta creado por el Decreto-ley 9/75 que en relación al impuesto inmobiliario considera como contribuyentes a los propietarios de las parcelas o sus poseedores a título de dueño. Estas parcelas tienen una regulación que exige perfecta identificación con planos que se presentan y aprueban en la Dirección General de Inmuebles. Nunca los confeccionaron, ni aprobaron.
Con sus aclaraciones la Intendencia niega que exista abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y que haya existido una inducción a los ingenuos ediles para una estafa masiva violando el Código Fiscal de la Provincia de Salta.
Datos compactados
Una vez que expulsaron a los rebeldes, los nuevos funcionarios de ARMSa avanzaron con la carga de datos falsos en un disco compacto que enviaron a EDESA sin mayores aclaraciones y comenzaron a cobrar los tributos a los miles de contribuyentes que pagaron doble o triple o más por cada boleta. Según comentan los empleados de la oficina recaudadora, la orden la habría dado Daniel Nallar y la cumplió el CPN Alejandro Levín que cargó los datos y los montos que finalmente les pagaron. El engaño partió del uso de un número de catastro falso y de la multiplicación de tributos que se realizó por una simple transmisión de datos.
Funcionarios municipales que fueron consultados por este medio niegan que haya existido una estafa masiva mediante engaño que provocó un perjuicio a 23.000 propietarios y que en un año les rendirá 1.400 millones de pesos.
Otro ardid
ARMSa a nadie le dijo que cambió la base imponible que en todos los casos –Impuesto Inmobiliario, TGI y Tasa de Protección de Bienes y Personas- se basa en la valuación fiscal de los catastros. Para cobrar más consideraron que en cada casa había dos o tres “unidades parcelarias” independientes, pero no dividieron esa base de cálculo. Es por eso que en cada casa donde hay más de un medidor -dos o tres o cinco- les llegan sendas facturas de EDESA en las que figuran dos, tres o cinco veces los impuestos que les exige pagar Bettina Romero. Si fuera dividida en tres, por ejemplo, una familia pagaría 1.500 pesos en total sumando 500 por cada “unidad”. Pero ARMSa le cobra 1500 a cada una, es decir $4.500 por catastro.
El modus operandi tiene una clara expresión al no dividir la base sobre la que les calcula a los vecinos los impuestos y que impacta en el bolsillo de miles de contribuyentes. Es el director de ARMSa el que aprueba finalmente las operaciones y el software que han utilizado y aparece como uno de los principales responsables del atraco.
Pensaron que a nadie se le ocurriría hacer cálculos sin considerar la plaga de necesidades que acosan a pobres que sopesan el destino de cada peso que le cuesta conseguir en crueles jornadas.
Parcelas truchas
Los empleados municipales ya se animan a contar que no existe ninguna resolución que diera de alta a los 23.000 nuevos deudores. También faltan 23.000 notas dirigidas a la Dirección de Inmuebles para que las apruebe. Tampoco existen 23.000 inspecciones en cada casa o lugar, ni 23.000 legajos o carpetas, ni 23.000 fotos o planos, ni cartografía, ni polígonos.
Las altas de contribuyentes dispuestas por los empleados de Bettina no tienen ningún expediente que los sustente, y considerando su volumen tendrían que ocupar una oficina entera, o varias.
Lo peor es que para la Tasa de Protección de Bienes y Personas no se previeron estas parcelas transitorias y no las incorporaron al Código Tributario Municipal que lograron aprobar con algunos bondadosos obsequios destinados a los ediles. La multiplicación de los impuestos por cada parcela de un catastro es claramente resulta ilegal. Mientras tanto, la Dirección General de Inmuebles sigue adormilada y no se animó a disponer alguna pesquisa por la aparición de 23.000 parcelas que no se vinculan con pedazos de tierra determinados.
Sobre este tema la Intendencia no comparte la hipótesis de que haya existido algún incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad al violar la ley provincial que solamente le da facultades a la Dirección de Inmuebles para crear parcelas o catastros que son únicos..
En penumbras
Otro de los indicios que generó sospechas es la falta de publicación de algunos actos y anexos dictados por ARMSa en el Boletín Oficial Municipal y de convenios firmados con EDESA que no fueron aprobados por decretos que debía firmar Bettina Romero.
El boletín está en la órbita de la coordinación legal y técnica a cargo del abogado Daniel Nallar. Empleados municipales confirman que no se informaron resoluciones que hubieran permitido analizar lo que hicieron, y que la omisión u ocultamiento podría interpretarse como parte de una maniobra perjudicial para los intereses de los vecinos contribuyentes.
Los republicanos que militan en el partido que divulga las ventajas del republicanismo –PRO- se niegan en Salta a informar sus decisiones a ciudadanos que enflaquecieron sus billeteras pagando el impuestazo y el fraude sin siquiera haber logrado leer una carta.
El ente en contra
Ni EDESA ni la Municipalidad de Salta pidieron autorización al Ente Regulador de Servicios para “colgar” en la boleta de luz los impuestos municipales, salvo la Tasa General de Inmuebles en el año 2005 cuando era intendente Miguel Isa.
El presidente de ese organismo ha amenazado con desautorizar esta operatoria y la consideró engañosa y confusa para los usuarios. Los bettinistas acusan al Uluncha Saravia de querer esconder los tarifazos y de estar mandado por el gobernador en una pelea que nadie presenció. Lo cierto es que la autorización del Ente no existe para el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Protección de Personas según la resolución 729/22 que ese organismo informó sin éxito al Tribunal de Cuentas Municipal y al Concejo Deliberante que temen las represalias de la Intendenta.
Desde la Intendencia niegan que la falta de esta autorización sea motivo de queja y desde la empresa de energía eléctrica dicen que llevan 15 años haciendo lo mismo por lo que consideran que nada pueden reclamarles. Para ellos la ley puede ser demorada, arrestada, suspendida o erradicada según les convenga.
El caño del todo
La tasa de protección de personas y bienes, según lo manda el artículo 313 del Código Tributario Municipal debía ser depositada en una cuenta especial de afectación específica cuya única utilización es la prestación de los servicios municipales de protección ambiental. Según lo aseveran empleados de la Comuna, los funcionarios de ARMSa no habrían cumplido con este destino específico y la plata recaudada se habría concentrado en una cuenta de gastos generales.
Para ser claros, no se conocen cuáles son las obras de control, regulación, certificación, inspección y prevención sobre actividades potencialmente contaminantes que hubieran realizado los empleados de Bettina Romero. Al menos no fueron informadas al Concejo Deliberante ni publicadas en el Boletín Oficial que controla Daniel Nallar.
Esta línea investigativa de Cuarto Poder tampoco generó adhesión de la Intendencia que niega que haya existido una malversación de caudales públicos de aproximadamente 60 millones de pesos sólo en lo que va del año 2022..
El tiro del final
Bettina Romero decidió viajar a Estados Unidos esta semana, e intimó a sus vasallos a solucionar el escándalo para cuando regrese y pueda hacer declaraciones después de quince días de silencio comprometedor y devaluatorio. El ingreso de esta noticia a una fiscalía podría profundizar la crisis que hace rato se instaló en la Avenida Paraguay.
Aunque hacia afuera muestra alguna calma, en la intimidad del gabinete ya le ganó la histeria y el clima tenso se expande a cada miembro al que no le alcanza la adulación. El proyecto de la reelección ya hacía aguas antes de que se conocieran estos abusos, pero ahora la desconfianza ciudadana crece. Algunos encuestólogos dicen que la imagen de Bettina no resulta indiferente y que, más bien, provoca la bronca de los insatisfechos.
Los mozos de la Intendencia extrañan la simpatía y humildad de Gustavo Sáenz que los saludaba y abrazaba. A la Intendenta y su séquito, a escondidas y con algo de ironía, les dedican un pedazo de un tango del Polaco: “Estás desorienta’o y no sabés qué trole hay que tomar para seguir; y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés”.
