En una carta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el legislador porteño, Claudio Morresi le pidio que separe a Mauricio Macri de su cargo por los escandalosos hechos que lo involucran con el golpe en Bolivia.
Tras la denuncia por el envío de material represivo a Bolivia, mientras era presidente de la Argentina, allá por noviembre de 2019, el ex secretario de Deportes y actual legislador del Frente de Todos envió una carta a Gianni Infantino, para solicitarle que evalúe la salida de Mauricio Macri de la entidad.
«En mi carácter de ex autoridad máxima del deporte argentino entre 2004 y 2014 y actual presidente de la Comisión de Deportes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le solicito, a título personal, tenga a bien considerar la continuidad en su cargo del actual presidente de la Fundación FIFA, Ingeniero Mauricio Macri», dice el texto.
Motivado por la provisión de material bélico de manera clandestina al régimen de Jeanine Áñez, utilizado para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales.
A la denuncia de las autoridades bolivianas, se suma la del propio Gobierno argentino por este hecho delictivo. El texto detalla que se mandaron «por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC».
Morresi advierte en su carta que la FIFA «no puede seguir contando en sus filas con personas que han sido denunciadas por dos países por hechos altamente repudiables para la comunidad internacional y que contradicen los objetivos institucionales».
Macri fue designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA un mes y medio despues de finalizar su mandato presidencial. La FIFA lo colocó en ese cargo para ocuparse «de incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo», según su designación.
Junto a Macri fueron casi una decena de funcionarios de la gestión de Cambiemos, los que fueron denunciados por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019.
La presentación judicial llevó las firmas de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
