Aunque el hecho pretende investigarse como un caso policial aislado, el asesinato de Nahuel Vilte develó un entramado de ilegalidad y connivencia política con el delito. ¿Qué papel jugaron el municipio y la policía en la conformación de «mafias» vinculadas al comercio informal?
Una semana para el espanto transcurrió en el seno de la municipalidad de Salta, puntualmente en el área encargada de controlar y fiscalizar la actividad en la vía pública. Sumida en denuncias por el cobro de coimas y acechada por el desborde del comercio informal, la subsecretaría de Espacios Públicos se constituyó en el blanco de todas las acusaciones luego del brutal asesinato de Nahuel Vilte Martínez.
El hecho, que en primera instancia se presentó como un caso policial aislado, hizo brotar profundas polémicas y denuncias en torno al accionar del ejecutivo municipal, justo en medio de una escalada en el conflicto con los manteros del microcentro. A pesar del absoluto silencio mediático, en la primera semana de octubre los trabajadores de la subsecretaría estuvieron de paro exigiendo el pago de las horas extras de agosto. Los destinatarios del reclamo fueron: el secretario de Servicios Públicos, Federico Casas; el subsecretario de Espacios Públicos, Vicente Cordeyro; el director de Espacios Públicos, Sergio Villarreal y el subdirector de Espacios Públicos, Guillermo Padilla.
Los dos últimos, además de tener bajo su órbita a la mayoría de los inspectores, fueron señalados con dureza en los últimos días como los responsables del cobro de coimas en distintas zonas de la ciudad. Un vendedor de la peatonal Alberdi dijo en relación a ambos que festejarían su día el próximo 17 de octubre. «¿Por el día de la Lealtad peronista?», consultó ingenuo este cronista. «No, por el día de la madre. Porque son la mama de los coimeros», remató el ambulante.
El subsecretario Cordeyro estaba advertido de estas prácticas que tuvieron su momento cúlmine durante la festividad del Milagro. En esta fecha, y a pesar del anuncio oficial sobre la suspensión de las habilitaciones a puesteros, decenas de ellos informaron sobre el cobro de montos cercanos a los 7 mil pesos. El tamaño del botín se puede dimensionar siguiendo el cálculo que el mismo Cordeyro realizó en relación al dinero que, supuestamente, perdería la Agencia de Recaudación Municipal al no permitir las habilitaciones. En sus propias palabras: «Como no se va a cobrar ningún espacio, la Municipalidad perderá un ingreso de más de 2 millones de pesos porque es lo que se calcula por la cantidad de gazebos que se instalan para esta época».
Si bien es cierto que la Municipalidad se abstuvo de recaudar dicho monto, son cada vez más las denuncias que indicarían que una cifra similar habría ido a parar a los bolsillos de los funcionarios cobradores. Tanto Padilla como Villarreal fueron mencionados en más de una ocasión por vendedores en entrevistas posteriores al asesinato de Vilte. Uno de ellos, que prefirió resguardar su identidad, dialogó con este medio. «Yo trabajo en las peatonales y te puedo decir que todo esto es culpa de Cordeyro que tiene a dos coimeros a cargo de la recaudación en el centro y el parque San Martín. Esta gente recaudaba plata para Villarreal y Padilla y se repartían los montos. Hay denuncias en la justicia por este tema contra algunos inspectores como Mamaní, Pantoja o Puntano, aunque no se dijo nada hasta ahora». La grave acusación se alinea con la información que fuentes de la subsecretaría de Espacios Públicos confiaron a Cuarto Poder y que refieren a un sumario administrativo abierto contra el director de Espacios Públicos, Sergio Villarreal, por el cobro de coimas.
Fue la propia intendenta Romero quien instaló en el debate público la palabra «mafia» para referir a lo ocurrido con Nahuel Vilte. Fue también quien adelantó que las investigaciones alcanzarían a sus propios funcionarios de ser necesario. Y fue además quien dispuso que el área de Control Comercial pasara a depender de ARMSa, la agencia de recaudación municipal. Según aducen desde la subsecretaría de Espacios Públicos, «los inspectores tienen prohibido pedir el pase para ahí porque los tilda a todos de coimeros así que prefieren pagar a estudiantes de la Universidad Católica para que hagan ese trabajo. Es una gestión nefasta que busca privatizar todo».
Cordeyro rima con Pulleiro
«Ni la municipalidad ni nosotros teníamos información precisa de los cobros irregulares que realizaban estas supuestas mafias para ocupar espacios públicos en el parque». La frase corresponde al ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. El mismo que, según sus dichos recientes, pretende erradicar los hechos delincuenciales en el parque San Martín montando rejas a su alrededor. Una fórmula tristemente copiada a su antecesor Carlos Cayetano Oliver, quien dispuso junto a la ex-secretaria de Ambiente Irene Soler de Durand, colocar portones de acero en las escalinatas del cerro San Bernardo para prevenir hechos de inseguridad. Los resultados de aquella brillante idea quedaron en evidencia el martes pasado, cuando un joven de 19 años fue apuñalado por dos ladrones mientras caminaba junto a su pareja.
Muy a tono en los conceptos punitivistas y muy escasos de autocrítica, Cordeyro y Pulleiro acordaron apuntar hacia más arriba. El ministro de Seguridad lo hace luego de que se sucedieran once homicidios en 20 días en la provincia. El funcionario municipal, por su parte, llegó a referirse a la ciudad de Salta como un «paraíso de la informalidad», casi como si los ambulantes y manteros se regocijaran día a día en el edén de la venta informal. De esta forma, los señalamientos fueron para Gendarmería Nacional, AFIP, Rentas, Migraciones y Aduana.
Según el precario entender del expolicía, la conformación de «mafias» en torno a la «venta ilegal» tiene lugar gracias al ingreso irregular de extranjeros. Un argumento que, como se sabe, cala hondo en el sentido común de las mayorías, pues exteriorizar el problema siempre resulta más sencillo que reconocerlo. Hasta el secretario general del SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina), Jorge Pampero, se expresó en los mismos términos; posiblemente dejando en claro (todavía más) su alineamiento con la burocracia municipal y provincial.
Lobo con piel de Cordeyro
El funcionario a cargo de controlar la actividad comercial en la vía pública fue convocado por la intendenta Romero tras la salida de Jorge Guido, quien decidió pegar el portazo aludiendo estar «cansado». Cordeyro es licenciado en Seguridad, fue docente de la escuela de cadetes, estuvo a cargo de la brigada de investigaciones, fue director de Seguridad de la Policía y se presenta a sí mismo como el creador del sistema de emergencias 9-1-1 en Salta.
A las pocas horas de asumir en diciembre de 2020, Cordeyro solicitó la presencia policial en las peatonales de Salta, dejando una triste imagen que recorrió el país a horas de la nochebuena. Desde entonces, las tensiones entre el poli-funcionario y los 500 trabajadores del microcentro fueron constantes.
En una de sus columnas radiales en FM Profesional, el funcionario llegó a asegurar que «en Salta no hay secuestros extorsivos, bandas organizadas, asaltos a mano armada de grupos organizados, carteles de drogas y sin ningún lugar a dudas tiene que ver con el accionar preventivo y represivo Policial». En al menos dos oportunidades se hizo correr la bola sobre su renuncia por falta de apoyo del ejecutivo. Una de ellas se dio hace apenas dos semanas en medio del debate sobre la relocalización de manteros en el subsuelo del Mercado San Miguel.
