La fiscalía pidió que se inicie el juicio contra el exintendente de Campo Quijano. Faltan vehículos y maquinarias. Hasta había vales que justificaban el pago por ir a votar.
Un prejuicioso no daría dos pesos por Manuel Cornejo. En Quijano, cuando asumió como intendente, muchos le decían “Manuelito”. El diminutivo como una forma de restarle importancia. Era una poca cosa para muchos. No parecía tener muchas luces. Y aún así, hizo desaparecer 84 millones de pesos.
La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió la elevación a juicio contra el exintendente. En la misma causa fue imputada la exsecretaria de Hacienda de ese municipio, Carmen Rosa Méndez, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, en concurso real y en calidad de autora.
El informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, además de la falta de registración contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.
Faltan vehículos y maquinarias. Hasta había vales de campaña y “dinero para el doctor”.
La fiscal penal Simesen de Bielke, tuvo por acreditada la participación el exjefe comunal en el delito de peculado en cuatro hechos. El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando el imputado adquirió una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales.
Surgió como segundo hecho que el imputado Cornejo, a pocos días de finalizar su mandato como Intendente, sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos. Es que el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato de locación de un predio de 3000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma, donde depositó las maquinarias que luego fueron secuestradas y que según expresó verbalmente Cornejo, le pertenecían.
De la declaración del titular del predio, surgió que Cornejo le pidió un sector de la finca para guardar la maquinaria, a fines de noviembre o principios de diciembre de 2019, sin darle mayores explicaciones. Tampoco supo quién llevó hasta allí la maquinaria. Sin embargo, un empleado que se desempeñó por 14 años en el municipio -y que estuvo cargo del parque automotor- sostuvo que en los primeros días de diciembre de 2019, hizo un inventario en el que consignó todas las maquinarias del taller y del parque automotor.
Por otra parte, la fiscal tuvo por acreditada la participación de Cornejo en el tercer hecho, que surgió de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, que prueban la sustracción de fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de $500 a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad.
Así se desprendió de la documentación presentada por la actual gestión, consistente en vales de retiros de fondos y entrega; y del informe de la División Delitos Económicos en el cual figura que diversas personas entrevistadas informaron que recibieron la suma de $500, antes de la campaña electoral del exintendente Cornejo. Según testigos, el pago citado era “en apoyo y a cambio del voto para Cornejo”.
Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia. Sobre estos últimos, se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.
Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000 (ochenta y cuatro millones de pesos). A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.
Como se ve, la fiscal tiene pruebas de sobra. Habrá que ver si cuando quede tras las rejas, los otros presos le dirán Manuel o si usarán el diminutivo.
