El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no piensa deshacerse de la causa por espionaje ilegal, en la que investiga cómo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) usó nueve bases para hacer espionaje político entre fines de 2016 y fines de 2017 en provincia de Buenos Aires.
En esta causa ya está procesado Pablo Pinamonti. Ahora, el magistrado debe resolver la situación procesal de los máximos directivos de la AFI macrista.
Durante la gestión de Gustavo Arribas, se creó la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, conocida como “Proyecto AMBA”, para hacer pie en territorio bonaerense en 2017. Bajo esta cortina de humo, la AFI instaló seis nuevas bases en Haedo, La Matanza, San Martín, Pilar, Ezeiza y Quilmes. A las que se le sumaron tres sedes que históricamente tuvo la exSIDE en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca. La cabeza de todo esto fue Pinamonti con la coordinación de los excomisarios, Daniel Salcedo y Antonio Vicente Melito.
La investigación sobre el «Proyecto AMBA» es un desprendimiento de la causa por la asociación ilícita paraestatal que protagonizó el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
Aparte de Pinamonti está procesado Ricardo Bogoliuk, ex jefe de la base de Ezeiza y vínculo más que estable de D’Alessio con la AFI.
Ramos Padilla también indagó a los coordinadores y a los jefes de las bases, así como a Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, que planteó que la causa debería tramitar en los tribunales de Comodoro Py, territorio menos árido para el macrismo que Dolores. Su argumento es que, al estar siendo investigadas las autoridades centrales de la AFI, la investigación debería llevarse adelante en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
Ramos Padilla rechazó esa pretensión de plano, sosteniendo que todas las acciones de espionaje ilegal sucedieron en provincia de Buenos Aires y que, en su juzgado tramita la causa contra D’Alessio, Pinamonti y compañía, que es conexa a la del “Proyecto AMBA”. Otro argumento válido es que Dolores tiene jurisdicción sobre la base de Mar del Plata, que desplegó el espionaje en localidades como Pinamar, Villa Gesell, Lucila del Mar, Chascomús e incluso la propia Dolores, en su afán de perseguir distintas protestas gremiales y sociales.
De esta forma, la AFI encontró evidencias del espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan. La interventora en la AFI, Cristina Camaño, radicó una denuncia en la justicia federal de Mar del Plata, que tramitó delegada en la fiscalía de Daniel Adler. El juez federal de Mar del Plata entendió que debía seguir curso la investigación en manos de Ramos Padilla, pero el fiscal apeló y la cuestión de competencia deberá ser zanjada por la Cámara Federal de Mar del Plata.
Es previsible que, tras haber rechazado el planteo de Majdalani para llevar la causa a Comodoro Py, Ramos Padilla se aboque a resolver si avanza con los procesamientos de las máximas autoridades de la AFI macrista y de los jefes del «Proyecto AMBA».
