El intendente Manuel Cornejo interpuso una medida cautelar frente al pedido del cobro de sueldos de dos concejales de la oposición. (Nicolás Pantaleón Abalos)

 

Los siete ediles del Concejo Deliberante de Campo Quijano continúan sin cobrar sus dietas desde que asumieron en 2017. En el transcurso de ese tiempo hasta ahora se presentaron varios pedidos al intendente Manuel Cornejo para cobrar sus sueldos pero las ordenanzas fueron vetadas.

El conflicto se originó el año pasado cuando se derogó la ordenanza “Ad honorem” que aprobó el cuerpo legislativo anterior. La misma establecía que no cobrarían sus dietas de $6500 y que serían destinadas al sueldo de los trabajadores por hora que percibían en ese tiempo $15 la hora.

Luego de la derogación de la ordenanza por los nuevos concejales entrantes, fijaron una dieta de 15 mil pesos mensuales en concepto de su salario, pero el pedido no prosperó. Tras la negativa del ejecutivo, los ediles volvieron a insistir con otra ordenanza 16/18. Al parecer el nuevo pedido molestó al ejecutivo y judicializó el proceso bajo la caratula de “conflicto de poderes entre el municipio de Campo Quijano vs. el Concejo Deliberante”.

A partir de ese conflicto esta semana llegó una segunda notificación de la corte de Justicia de la Provincia solicitando documentación necesaria para avanzar con el proceso judicial. “La primera notificación fue respondida con archivos que avalan parte del proceso de investigación y en la semana llegó otra” contó a Cuarto Poder, Lino Yonar, presidente del Concejo Deliberante.

Lamentablemente el plazo de presentación de papeles venció y temen que puedan perder la contienda judicial contra el municipio. En este caso si el viento de la Justicia sopla a favor del municipio y el concejo pierde el juicio, estos últimos deberán pagar los honorarios del abogado del municipio con todo lo que implica perder.

Ante el temor de pagar una deuda a futuro los ediles se reunieron el viernes de la semana pasada y discutieron la posibilidad de buscar un abogado y contribuir entre todos para el pago de los honorarios. “No contamos con presupuesto para hacerlo y los concejales no tienen cómo abonar tampoco y hoy por hoy estamos a la deriva” contó Yonar sobre la falta de voluntades de sus compañeros y de recursos propios del Concejo.

Por su parte su par Ariel Gallardo, lo acusó de hacer “todo lo posible” para que el concejo no interviniera como cuerpo ante el caso. “Se hizo una presentación sobre la hora y se vencieron los plazos” explicó Gallardo y agregó que se tardó en poner el tema la orden del día para el conocimiento de todo el cuerpo. Una situación similar se vivió el año pasado con el ex presidente del concejo, Leonardo López.

Sin fondos

Según los ediles entre los argumentos que expone el jefe comunal Manuel Cornejo para el no pago de sus haberes está la excusa de “que no hay partidas presupuestarias”. Sin embargo este año cuando entró en vigencia la nueva Ley de Municipalidades 8126 se hablaba de más de dos millones de pesos para el funcionamiento pleno del Concejo Deliberante, entre ellas el pago de sus sueldos.

A pesar de reuniones y compromisos con el ejecutivo, el pedido nunca prosperó durante el año aunque se avanzó con la habilitación de cuenta en el banco para el depósito del supuesto dinero. “El argumento fue que perjudicábamos gravemente al municipio al pagarnos esa dieta de quince mil” afirmó Gallardo.

Un dato no menor es que todavía no se aprobaron las ejecuciones presupuestarias del 2017 y 2018 y el presupuesto 2019 por irregularidades que se encontraron. En cambio se enviaron todos los papeles a la Auditoria de la Provincia para que la entidad emita un dictamen favorable o no, acerca de los números de Cornejo de los últimos dos años.

Pedido individual

El cobro de las dietas comenzó por un pedido individual de la concejal PRO, Débora López que pedía al ejecutivo una suma de 100 mil pesos de retroactivo en concepto de haberes desde que asumieron en el cargo. En su momento había declarado las dificultades para realizar su labor legislativa sin goce de sueldo y a realizar otra actividad para sostenerse económicamente.

Ante el pedido Cornejo los denunció penalmente. Con el tiempo la Corte de Justicia de Salta determinó que “se trata de un situación institucional”. “Es por eso que recurren nuevamente al cuerpo como institución” sostuvo el presidente Lino Yonar.

Por último a principios de este año se envió un documento solicitando que “se suspendan términos y actos procesales” que había iniciado Cornejo mediante una medida cautelar. En el escrito además acusan al intendente de poseer conductas de abuso de autoridad y retención indebida de haberes “con la ausencia, silencio y obsecuencia del presidente del Concejo Deliberante”.

 

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