Tras su quinto faltazo a declarar en la causa por tratante, el exintendente de Salvador Mazza obtuvo un pedido de captura. Carlos Villalba está prófugo y su abogado Gabriel Calvo Moscoso se va quedando sin recursos dilatorios. (Franco Hesling)

El exintendente proxeneta, Carlos Villalba, tiene pedido de captura desde el pasado miércoles, cuando no se presentó a declarar por quinta vez consecutiva en la causa por trata de personas en la que está sospechado de haber llevado a dos mujeres para ser explotadas sexualmente. Villalba, desde entonces, es un prófugo de la Justicia.

Las investigaciones para desenmarañar una red de trata de personas decantaron en un allanamiento el pasado 15 de agosto de 2013, en un local del macro centro de la ciudad de Salta. En aquel procedimiento, quien por entonces era el jefe comunal de Salvador Mazza fue encontrado en pleno juerga machista.

Las actuaciones de Villalba no dejaron de ser un deleite para los adictos al grotesco, ya que al ser entrevistado por cadenas nacionales, el pelilargo intendente aseguraba que no sabía que era un prostíbulo y cuando él había entrado allí pensó que lo estaban invitando a una casa de familia. Al borde de lo inverosímil.

El devenir político es harto conocido: Urtubey aprovechó la ocasión para mechar uno de sus artilugios constitucionales preferidos, la intervención, pero luego no impidió que Villalba se presentara a elecciones para tratar de recuperar su cargo. Tras la intervención de Mercedes Junco, que asumió sólo ocho días después del allanamiento –el 23 de agosto de 2013-, Rubén Méndez obtuvo más votos que el alicaído Villalba.

El devenir judicial es menos conocido. Villalba está acusado de haber transportado a dos mujeres desde Salta a Jujuy en complicidad con una telaraña de trata de personas que las quería para explotarlas sexualmente. La acusación es realmente grave, y la Procuraduría nacional de Trata y Explotación de Personas (Protex) sigue de cerca el caso.

El intendente, asesorado por Gabriel Calvo Moscoso –a quien se hará en un subtítulo subsiguiente-, interpuso recursos legales de todo tipo para no prestar declaración. Fue citado por primera vez el 9 de setiembre de 2013, luego el 22 de noviembre del mismo año, seguidamente el 23 de julio de 2014 y por último el 02 de marzo último.

Las maniobras de Calvo Moscoso pasaron por fallos de cámaras federales y del mismísimo Tribunal de Casación, la máxima instancia en el fuero penal. De todos modos, la causa volvió al Juzgado Federal Nº2 de Salta, encabezado por Miguel Medina, luego de que casación rechazara los argumentos esgrimidos por el letrado.

La causa por la que se lo investiga, contrariamente a los fundamentos de inocencia de Calvo Moscoso, logró recuperar 70 mujeres víctimas de explotación sexual. El proceso de investigación se inició el 29 de mayo de 2013 por pedido del fiscal Federal, Eduardo Villalba, que aunque tenga el mismo apellido no tiene ningún parentesco con el exintendente proxeneta.

Villalba –el fiscal- ordenó seis allanamientos en simultáneo para aquel 15 de agosto, fue en uno de ellos que se encontró a Villalba –el proxeneta y presunto tratante-. La acusación puntual es que el defendido de Calvo Moscoso habría transportado desde Salta hacia Jujuy, a dos chicas capturadas por una red de trata.

Conforme a lo que informa el Ministerio Público de la Nación, estructura en la que se encuentra a la Protex, la investigación de este caso ha desmembrado ya varios aspectos de una compleja maraña delictiva, en la que se uniría a Jujuy con Calama por medio de Salta. Las víctimas habrían sido explotadas en los cabarets “Don Quijote” (Salta) y “El Señor de la Noche” (Calama), entre otros.

Hasta ahora, han sido detenidos, procesados y condenados seis sujetos. Se investiga si acaso el pulpo tratante no tenía tentáculos también en Brasil y Bolivia. Con este panorama a cuestas, la situación de Villalba es más compleja como se ha hablado hasta el momento. El exintendente no sería sólo un cliente, sino un eslabón de una cadena de esclavizadores y tratantes.

El abogado, diablo

Sergio Gabriel Calvo Moscoso es el especialista en leyes que defiende a Villalba, pero su relación no es reciente ya que Calvo Moscoso estuvo contratado por el Municipio de Salvador Mazza, en carácter de asesor, durante la gestión del proxeneta. En un convenio que estipuló una relación entre Calvo Moscoso y la comuna, se le abonaron $517.000 en carácter de honorarios por un período de 39 meses.

“Esta contratación forma parte de una de las causas judiciales radicadas en el Distrito Judicial del Norte (Tartagal), a raíz de ‘una serie de denuncias y ampliaciones efectuadas por tres concejales del municipio de Salvador Mazza, por supuestas irregularidades cometidas en la gestión”, apuntaba al respecto del lazo Calvo Moscoso-Municipio la Auditoría General de la Provincia (AGP) en su informe de 2010 sobre Salvador Mazza.

Además de ello, Calvo Moscoso, confirmado propietario de un inmueble situado en Lerma 163, le alquilo dicha propiedad a la comuna, aunque el contrato de tal locación no se encuentre en ningún expediente. En ese lugar funcionaba un alojamiento para estudiantes de Salvador Mazza que se radicaban en la capital. No se sabe cuánto dinero le fugó Villalba a Calvo Moscoso por el alquiler del lugar.

Las supinas relaciones entre el letrado y el proxeneta fueron aún más lejos: Calvo Moscoso consiguió que Villalba contrate como secretario personal a su errante hermano, Sebastián Calvo Moscoso. Sin ningún tipo de experiencia en administración pública, Sebastián se consagró como ladero del intendente. Entre los papeles desaparecidos que denuncia la AGP se encuentra el contrato con el menor de los Calvo Moscoso.

No conforme con todos esos favores que le otorgó la hacienda comunal bajo el padrinazgo de Villalba, el abogado domiciliado en calle Leguizamón casi Pueyrredón, litigó contra el Municipio una vez que Méndez era el conductor de las riendas. Con Villalba fuera, Calvo Moscoso no tuvo reparo alguno en reclamarle aparentes deudas a la Municipalidad de Salvador Mazza. Consiguió un fallo a su favor por aproximadamente 3 millones de pesos.