En medio de un complicado escenario nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) parece haber despertado de su prolongado letargo para convocar a un paro general, marcando así su primera acción significativa en el mes y medio de gestión del nuevo gobierno.
La medida, anunciada en un plenario de delegados del Sindicato de Camioneros con la ratificación de Hugo y Pablo Moyano, pretende expresar el rechazo a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a una ley ómnibus impulsados por el oficialismo y actualmente en debate en el Congreso. Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer, cuestionando la oportunidad de la protesta en medio de una coyuntura económica y social compleja.
La CGT, autoproclamada representante de los trabajadores, es señalada por su evidente desinterés durante los cuatro años de la gestión anterior, un período en el que el país enfrentó desafíos económicos y sociales que aún hoy se pagan caro. La pregunta clave es: ¿realmente defienden los intereses de los trabajadores o están más enfocados en preservar sus propios privilegios?
El paro se presenta como un acto de pirotecnia sindical en un país que aún sufre las consecuencias de políticas económicas y sociales cuestionables. Mientras el país enfrenta una inflación récord, salarios devaluados y una creciente pobreza, la CGT decide movilizarse no tanto por supuestas inequidades en una reforma laboral futura, sino por medidas que recortan su poder, como la eliminación de aportes automáticos.
Las críticas se extienden a la contradicción inherente a la protesta: ¿es legítimo que aquellos que no han trabajado activamente durante años, siendo testigos presenciales de cómo se sumía al país en la pobreza extrema, ahora tomen las calles en nombre de los trabajadores?
En Salta, la adhesión al paro se materializará mañana en afectaciones a servicios clave como el transporte público, vuelos y la atención bancaria. La diversidad de sectores involucrados en la protesta, como las trabajadoras de casas particulares que se suman a la medida, añade complejidad al panorama.
El paro general, previsto para el miércoles 24 de enero, se erige como un termómetro de la actual relación entre el gobierno y los sindicatos, mientras el país busca superar una etapa de incertidumbre económica y social.
Salta no es la excepción al adormecimiento de los gremios que nunca pensaron en parar durante el caótico gobierno de Alberto Fernández. Carlos Rodas, Secretario General de la Asociación Bancaria, expresó su preocupación sobre la situación laboral actual y criticó duramente al gobierno no peronista, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de las políticas gubernamentales.
Rodas mencionó que el personal del hospital de Rosario de la Frontera se encuentra encadenado en protesta por sus derechos. Señaló la precarización de los trabajadores de salud y la falta de acciones para abordar esta cuestión que parecen haber descubierto recién en este mes de enero.
En cuanto al paro convocado por la CGT, Rodas cuestionó la gestión del gobierno y la posible aprobación de un DNU con 900 artículos, considerándolo una locura. Además, criticó al gobierno por orientar los fondos hacia áreas que no combaten la desocupación y la inflación, le faltó decir, a las que nos llevó el gobierno al que la C.G.T. no le hizo ni una huelga.
En relación con la marcha convocada, Rodas detalló que partirá desde la CGT hasta la legislatura, donde se leerá un documento. También destacó la importancia de la movilización pacífica «para defender los derechos de los trabajadores».
Las próximas horas revelarán el alcance y las repercusiones de esta movilización en un país que, entre la urgencia de resolver problemas estructurales y la necesidad de diálogo, busca un camino hacia la estabilidad.
