Enero de 2024 pasará a ocupar un lugar en la antología del llanto argentino. El motivo es el mega ajuste basado en un mega DNU y la Ley Ómnibus que Milei necesita para cumplir con sus acreedores políticos y financieros, todo antes de que se desvanezca el enamoramiento de su electorado. Por José Veronelli
Primeramente hagamos un poquito de memoria para abordar el rol del Congreso. Durante la Revolución Francesa ocurrió la abolición del Antiguo Régimen que incluía la monarquía absoluta y el sistema feudal. A partir de allí se estableció un Sistema Republicano que otorgaba el poder legislativo a una asamblea representativa del pueblo.
La Asamblea Nacional Constituyente, formada en 1789, desempeñó un papel crucial en la creación de una nueva legislación para la Francia que hoy conocemos, a pesar de su antigüedad no ha sufrido muchos cambios, por ejemplo su código civil. Esta asamblea promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental que establecía los derechos y libertades individuales.
Fue a partir de la Revolución Francesa que nacieron los conceptos de “derecha” y de “izquierda” para encasillar el conjunto de ideas e intereses que representaban los legisladores en un sentido similar al que hoy entendemos en la Argentina.
Posteriormente, se crearon varias formas de legislaturas durante el período revolucionario, incluyendo la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional. Estas instituciones tuvieron un impacto significativo en la redacción de nuevas leyes y en la reorganización del sistema político francés.
El poder legislativo durante la Revolución Francesa experimentó una transformación radical, pasando de un sistema monárquico absolutista a un sistema republicano representativo que reflejaba los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad. El Liberalismo fue uno de los hijos de la revolución, pero también lo fueron el Conservadurismo y Radicalismo (muy distinto a la UCR Argentina).
Los congresos en los países de Europa varían en su composición, pero en general muchos de ellos tienen sistemas parlamentarios y utilizan una forma de gobierno democrática representativa. Por ejemplo, el Parlamento Europeo es uno de los cuerpos legislativos de la Unión Europea que está compuesto por 705 miembros que son elegidos directamente por los ciudadanos de la UE.
Además, el Consejo de Europa -por ejemplo- está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Autoridades Locales y la Cámara de Regiones, las cuales reúnen a 612 funcionarios electos. Muchos países tienen parlamentos bicamerales o unicamerales que representan a sus ciudadanos.
Aún así, no necesitamos irnos hasta Europa para entender la importancia de tener un poder legislativo fuerte que sirva de contrapeso a un ejecutivo nacional profundamente presidencialista como el de nuestro país. Basta con mirar a nuestro hermano y vecino republicano y federativo.
El parlamento de Brasil, conocido como el Congreso Nacional, es bicameral y está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La Cámara de Diputados está formada por representantes de todos los estados brasileños y el Distrito Federal, mientras que el Senado Federal comprende 81 escaños, con tres senadores elegidos por cada uno de los 26 estados y tres senadores por el Distrito Federal. Esta estructura bicameral permite una representación diversa y equitativa en el proceso legislativo brasileño.
En Brasil, la Cámara de Diputados está compuesta por 513 diputados, quienes son elegidos por representación proporcional para servir mandatos de cuatro años. Esta estructura permite una representación amplia de la población brasileña en el proceso legislativo. Asimismo, le demanda una gran capacidad de diálogo y negociación al ejecutivo nacional.
Algunos hechos recientes entre el actual presidente Lula y el Congreso en Brasil incluyen la conmemoración del asalto al Congreso por parte de manifestantes de extrema derecha, así como la inauguración de un museo llamado «Memoria, Democracia y Reconstrucción» para reorganizar los restos del asalto al congreso y al Tribunal.
También se destaca que Lula celebró el aumento de impuestos a los ricos como parte de su agenda legislativa (de lo que ya nos hemos encargado anteriormente). Estos eventos muestran la compleja dinámica política que rodea al presidente y al congreso en Brasil y como estos se necesitan para un equilibrio de poder en pos de evitar volver a un modelo autocrático.
Hace poco más de un año Lula da Silva desde San Pablo dictó por las manifestaciones y destrozos que realizaron seguidores de Jair Bolsonaro en Brasilia, un decreto de urgencia que firmó luego de mantener una reunión de emergencia por videollamada con los ministros de Defensa y Justicia de su administración. Allí decretó la “intervención federal” de la seguridad de la capital y que al “interventor se le otorgarán todos los recursos necesarios” para llevarla a cabo.
El presidente Lula consideró que hubo mala fe en el accionar de la Policía de la capital de Brasil y advirtió que algunos de fueron parte de la organización de los manifestantes, Lula decidió que hasta el 31 de enero se intervenga con las fuerzas federales la seguridad de ese distrito.
Todo ello representa un hito para la historia brasileña por el apoyo que recibió Lula de parte del parlamento. Tal medida no pudo ser posible sin construir un consenso previo, y ahí es donde radica una de las deficiencias insalvables del gobierno actual.
Mientras tanto en Ciudad Gótica…
Mientras tanto en Argentina la discusión pasa por hasta donde se puede saquear el bolsillo argentino con un DNU titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina. Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Dentro de dicho DNU se afirma que “la inflación mensual anualizada implicaría una inflación del 300% anual (…) podría pasar a tener una tasa anual del orden del 3.600 %” y hasta se animan a afirmar que se podría haber alcanzado un 15.000% de inflación anual. Tal número no se puede explicar contemplando todas las variables macroeconómicas y las condiciones de funcionamiento de la Economía Argentina desde 1989.
Dentro del mismo DNU se proyectó una inflación mensual entre diciembre y febrero en torno al 20 y 40 %. Siendo el número final para el mes de diciembre del 25,5% aunque sea extremadamente disimil con los aumentos del 50, 80 y hasta 100% en muchos rubros y que para el INDEC alcanza el 211% interanual en 2023.
En tan solo 8 años la Argentina pasó de un 26% anual en 2015 al 211% del año pasado, con todas las consultoras y el propio gobierno proyectando una inflación del 400% para 2024. Este número se asemeja al primer año del gobierno de facto dirigido económicamente por José Alfredo Martínez de Hoz en 1977.
Las discusiones y argumentos dentro de ambas cámaras han ido tensionando cada vez más las formas y el protocolo. Se está en presencia de una conformación con figuras “nuevas” en política, muy poco formadas y carentes de cualquier experiencia parlamentaria. En el mismo sentido se puede pensar sobre el presidente, ya que nunca dirigió ni un centro vecinal.
Entre las negociaciones más negadas está la de la Vicepresidenta Villarroel, tratando de conseguir los votos necesarios para que la oposición no voltee el DNU, mientras que todas las miradas se posan sobre los bloques radicales, “provinciales” e “independientes” en la cámara de diputados.
Salta no es la excepción, en los últimos comicios colocó a dos representantes por “Unión por la Patria”: el “Loro” Outes y la polémica ex intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega. Ambos responden más a las demandas del actual gobernador de la provincia, que al partido e intereses que representan quienes los votaron.
Sobre siete diputados que lleva Salta a la cámara baja, cuatro fueron puestos como candidatos por designio del gobierno nacional anterior. Sobre siete diputados que deben defender los intereses de Salta, la segunda provincia más afectada por las partidas extraordinarias que provee el Estado Nacional, se especula que sólo uno votaría en contra de las medidas que intentan imponer Milei y Macri.
Tal calamidad económica y coincidencia respecto a la postura legislativa del gobierno nacional argentino sólo deja como reflexión que nuestro país no puede soportar el paquete de medidas armado por los dueños de la Argentina. Por ello, la presencia del poder legislativo representa un obstáculo que el gobierno de Milei desea sortear a través del DNU y la Ley Ómnibus. Las sesiones extraordinarias y ordinarias de los próximos meses marcarán el rumbo de nuestra nación, ya sea como un dique de contención a las iniciativas contra el pueblo o como un empujón al abismo del 90-95% de la población.
Salta no será la excepción, las condiciones económicas profundizarán las desigualdades estructurales. Las “actualizaciones” tarifarias en luz, agua, gas, salud, comunicación y transporte, sin contar la bestial suba en los alimentos y alquileres, dejarán cómo saldo la desaparición de la clase media en muy pocos meses.
