A sólo seis meses de haber firmado el decreto N° 1603/17, el Ejecutivo de la Provincia borra con el codo lo que escribió con la mano. El martes de esta semana el Boletín Oficial de Salta publicó el decreto N° 442, afectando personal de diversas áreas de la Administración Pública al despacho del diputado nacional Andrés Zottos. Milcíades
En abril del año pasado, el gobernador Juan Manuel Urtubey firmó junto a otros trece mandatarios provinciales el “compromiso federal para la modernización del Estado”, una iniciativa que el Gobierno nacional impulsó y que tomó estado público como “Pacto Fiscal”. En ese marco, se sancionó el decreto 1603/17 que imponía ajustes en la administración provincial. Pese a esa medida que busca la optimización de los recursos, esta semana se conoció que el Poder Ejecutivo le ofreció catorce trabajadores del gabinete al diputado provincial Andrés Zottos.
Recorrido
Numerosas han sido las críticas a esta política gubernamental de ceñimiento fiscal, siendo quizás la más difundida aquella que enarbolan dirigentes sindicales y referentes políticos de la oposición, quienes denuncian como medidas de ajuste lo que el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra —bajo el beneplácito del jefe del Gabinete, Marcos Peña, y el mismísimo presidente, Mauricio Macri— presenta como planes para alcanzar metas de “eficiencia y transparencia” en la administración pública.
Meses después de firmar el Pacto Fiscal, la semana del 23 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 1603/17, firmado por el gobernador y todo su Gabinete, y cuyo título reflejaba la cruzada republicana del PRO-Cambiemos: “Modernización y asignación eficiente de recursos públicos”.
La Nación se hizo eco en aquel momento de la noticia y tituló “Urtubey decretó un fuerte ajuste en el Gobierno provincial”, mientras tanto, para los habitantes comunes de la provincia y en particular para los empleados de la administración pública centralizada y descentralizada, se montó una doble puesta en escena: Por un lado se impuso el congelamiento de incrementos en la “remuneración o equivalencias remunerativas” hasta el 31 de diciembre de 2018, para “los Ministros, el Secretario General de la Gobernación, la Fiscal de Estado, Síndico General de la Provincia, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Autoridades Superiores, Autoridades Fuera de Escalafón, Personal de Cargos Políticos y demás funcionarios públicos de la Administración Centralizada, Descentralizada, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.
Pero, por otra parte, más abajo en el mismo decreto, se instaba a los organismos de la Administración Pública Provincial a remitir a la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, “un listado con la totalidad de los empleados estatales que se encuentren en condiciones de obtener el beneficio de jubilación ordinaria con arreglo a las disposiciones de la Ley 24.241 y complementarias, e informar si fueron o no intimados a iniciar ante la autoridad previsional los trámites para el otorgamiento de la jubilación, todo ello con anterioridad al 31 de diciembre de 2017”.
Esta medida fue completada y abrochada por el decreto 164/18, sancionado el 2 de febrero de este año y que establece la prohibición de “efectuar nuevas designaciones en cargos vacantes por jubilación” en el ámbito de todo el sistema de la Administración Pública provincial. “Son despidos encubiertos”, declaró en aquella ocasión el diputado opositor Claudio Del Plá del Partido Obrero (PO).
Mientras se insta al achicamiento de la planta de personal y a la restricción de incrementos salariales para cargos políticos, por otra parte se beneficia a uno de los diputados nacionales que responde directamente al gobernador con la afectación de personal a su despacho. Las oficinas de Andrés Zottos, se divulgó esta semana, cuentan con asesoras remuneradas por el Poder Ejecutivo.
Letra chica
“Visto la solicitud efectuada por el diputado nacional Andrés Zottos” para que se “gestionen nuevas afectaciones, comisiones de servicios y prestaciones de servicios a título de colaboración del Poder Ejecutivo Provincial” a su despacho, el gobernador resolvió aprobar el pedido y mandatar que catorce agentes de diversos ministerios y la Secretaría de la Gobernación pasen a prestar servicios hasta febrero de 2019 o mientras “duren las necesidades de servicio” del diputado nacional.
En detalle, los afectados pertenecen al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia (cinco miembros), a la Secretaría General de la Gobernación (dos miembros), al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (tres miembros), al Ministerio de Salud Pública (dos miembros), al Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes (un miembro de cada uno).
El decreto 1603/17 en su inciso “M” restringe la posibilidad de realizar “afectaciones, comisiones de servicios y prestaciones a título de colaboración” de personal enrolado en la Administración Pública centralizada y descentralizada a otros poderes del Ejecutivo Provincial, organismos nacionales o municipales… salvo excepciones, que consideradas por la Secretaría de la Gobernación y la Jefatura de Gabinete de Ministros, resulten indispensables para el funcionamiento de los correspondientes Ministerios, áreas, secretarías, subsecretarías, etc., afectados.
En el caso del decreto 442 resulta fácil inferir que se trata de una rotación de personal con el objeto concreto de acrecentar las capacidades técnicas que demanda el ejercicio político en la Cámara de Diputados de la Nación, como así también, no resulta difícil distinguir lo arbitrario de la decisión, pues esos costos deberían correr por cuenta de las dietas legislativas de Zottos o de los partidos que lo acompañan. A esta arbitrariedad se suma el hermetismo con que el despacho del legislador se manejó hasta el momento respecto del caso: para este cronista ha sido imposible establecer contacto con el señor diputado, pese a sobrados intentos, para consultarle sobre los objetivos y metas del personal afectado a su despacho.
Mudarse a la Justicia Federal
Pero no es sólo el ex vicegobernador, actual diputado nacional y miembro del Partido Renovador de Salta, el único que encuentra sumamente flexible los criterios de la “modernización estatal”, en un acápite del Boletín Oficial publicado el pasado 24 de abril puede leerse en el decreto 446 que la licenciada Solange Hack Dubois, contratada por la Secretaría General de la Gobernación, a cuyo frente está el doctor Ramiro Simón Padrós, será re asignada para la “prestación de servicios en carácter de colaboración a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta”.
El caso de la licenciada Hack Dubois, que pasará literalmente a trabajar en la Justicia Federal pero cobrando como contratada por el Poder Ejecutivo provincial, preguntarnos por los móviles y fines políticos sobre los que se asienta esta medida nos permite plantear una pregunta: ¿qué espera alcanzar el Secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, a través de esta reasignación de personal de su cartera a la Justicia Federal?
