La voracidad por los cargos que ostenta el tartagalense Sergio Napoleón Leavy es inversamente proporcional a su inclinación por la transparencia. Las últimas tres auditorías en Tartagal revelan desmanejos y algo más que «irregularidades».
En el municipio comandado por el pluricandidato Sergio «el Oso» Leavy los sistemas de control y transparencia de gestión escasean o directamente son nulos. Es lo que a priori se puede concluir de las últimas tres auditorías realizadas en el Departamento Ejecutivo Municipal y la Cooperadora Asistencial. Cada uno de los extensos y detallados informes elevados por la AGP no deja lugar a dudas: Los registros y asientos de la comuna en cuanto a erogaciones presupuestarias y otras operaciones vienen flojitos de papeles. En toda circunstancia similar, se prefiere el término «irregularidades» contables, y en más de una ocasión los auditados optaron por el circunloquio «problemas de transparencia»; eufemismo complaciente y propia -como diría Galeano- de la escuela del mundo del revés.
Pero aunque las cuentas públicas no parecen ser el fuerte de la gestión leavysta, cada vez que el oso tuvo que acudir a los estrados judiciales fue por temas concernientes al plano institucional y a denuncias por desmanejos en las donaciones para las víctimas del alud de 2009. En ambos casos, salió indemne. Ocurre que, a pesar de la evidencia en los desmanejos, la secretaría legal y técnica de la AGP es quien debe merituar los argumentos para recién remitir las actuaciones al ministerio público fiscal. Entre amagues que van y vienen, las presentaciones terminan empantanadas en la nebulosa contable. La marea de tecnicismos es tal, que los propios auditores evitan hablar de números y, mucho menos, de la comisión de delitos. «Puede pasar que los municipios prevean un dinero que pueda enviarles Nación y que no se concrete, o prevean cierta recaudación que después no tienen» justificó a un matutino local el presidente del organismo Gustavo Ferraris.
Retomando. El período 2017 es el más reciente de los auditados por la AGP y corresponde al Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal. Dicho informe se elaboró tras la elección de Sergio Leavy como diputado nacional, quien nunca dejó el cargo de intendente, por lo que la palabra «transición» parece hasta un formalismo innecesario.
En dicho informe, la Municipalidad de Tartagal omitió información de todo tipo y carácter. No se informó sobre el estado de Situación de Tesorería, ni la ejecución presupuestaria de gastos del período 2017. No se presentó la cuenta general del ejercicio 2016, ni se suministró la ordenanza aprobada en el concejo deliberante que ratificaba dicho balance. Tampoco aparecieron detalles de los anticipos a proveedores, facturas pendientes de pago, libros mayores de banco, órdenes de pago correspondientes a deuda exigible ni copia de las cédulas parcelarias de bienes inmuebles.
Entre lo más resonante del informe de la auditoría para el ejercicio 2017, figura la ausencia de información sobre el estado de deuda de la Cooperadora Asistencial de Tartagal al 31/12/16 y al 31/10/17, clasificado en deuda exigible y no exigible, flotante y consolidada. El Banco Macro, por su parte, tampoco suministró información referida a las cuentas bancarias correspondientes al Municipio de Tartagal y a la Cooperadora Asistencial.
El organismo cuya función es de alta sensibilidad en el municipio del norte, no estaba inscripto en AFIP, por lo que no poseía CUIT y todos los bienes incorporados a su patrimonio se hicieron a nombre de Municipalidad de Tartagal. El ente no presentó rendiciones en todo el 2015, año en el que Leavy fue electo como intendente, por lo que al día de hoy se desconoce el destino de casi 6 millones de pesos. Allí aparecen también compras directas por $328.000 y $167.750.
Otra auditoría realizada sobre el período 2014 se dio a conocer meses más tarde. Allí se hicieron reiteradas observaciones sobre diferencias de montos entre presupuesto y ejecuciones; que en algunos casos llegan a los $14 millones. Por ejemplo, para ese año se tenía un presupuesto modificado de $ 174.550.923 pero hubo una ejecución presupuestaria de $159.972.259. La diferencia es de $14.578.664.
El Departamento Ejecutivo Municipal en la situación descripta, transgredió los principios establecidos por la Ley 7488 de Responsabilidad Fiscal, aquellos referidos a la formulación del presupuesto y a la ejecución presupuestaria, comprendido en el Capítulo III Art. 8 del Dto. Reglamentario 402/08.
Estas y otras tantas anomalías que salpican la gestión del «oso» no parecen haber sido suficientes como para resolverlas en los carriles de la justicia. Por ende tampoco fueron impedimento para sus aspiraciones múltiples. Su destitución en 2009, en medio del escándalo por el desvío de donaciones para los afectados por el alud, se realizó en base a 16 causas en su contra que abrevaron en un proceso judicial caratulado como «fraude a la administración pública». La justicia sobreseyó a Leavy tres años después en un frustrado juicio sobre el que se posaron los ojos de todo el país a través de medios y canales nacionales.
Además de las sospechas por el destino de las donaciones para el alud, persisten una serie de interrogantes y desmanejos que pusieron en cuestión el accionar del candidato gobernador durante su mandato como intendente de Tartagal. Uno de los más relevantes es el «caso Almaraz», que implicó la rendición de facturas de servicios a nombre de un plomero de apellido Almaraz para cobrar trabajos que nunca se habrían realizado en el basural de esa ciudad. En 2010 se descubrió un cheque municipal destinado al pago del falso servicio, pero que terminó pagando un terreno, propiedad en ese entonces de Dante Álvarez, adquirido por la esposa del intendente Leavy, Andrea Barbieri, y por el cuñado de Leavy, «Fredi» Medina.
Con o sin el respaldo del Grand Bourg, el «oso» no tuvo que volver a dar explicaciones ni rendiciones ante la justicia. Hoy, detrás de su candidatura a gobernador se abroquelan otros jefes comunales de iguales o peores antecedentes. Entre los «comuñes» que se fotografiaron junto al candidato a todo figuran los ultracuestionados: Julio Jalit (Pichanal), Rubén Méndez (Salvador Mazza), Alfredo Llaya (Embarcación) y Gustavo Solís (Rosario de la Frontera).
