La ministra Calletti fue a Diputados a informar sobre el alcance del proyecto de creación de la Policía de Investigaciones. Detalles de una visita que no dejó muy en alto la autoestima de la funcionaria. (Aníbal Roldan)
Con saco y pollera ajustada negra, Pamela Calletti, llegó minutos antes de las 10 de la mañana, luciendo una perfecta figura realzada por tacones altos que la elevaban unos centímetros del piso y ayudaban a componer la imagen de una mujer moderna, sensual y profesional. “La prueba de una mujer elegante es ver qué hay en sus pies”, dijo en alguna oportunidad el diseñador francés Christian Dior. Y cuando se mira a Calletti, sin duda, puede corroborarse esto: la elegancia sobre todo.
Sin embargo, su espalda esbelta y la altura de sus tacos difieren de la elevación de las ideas que anunció con un agudo y femenino tono de voz. Así quedó de manifiesto en la mañana del miércoles 3 de agosto, cuando la ministra de Justicia acudió a la legislatura para informar sobre la prórroga por la emergencia en violencia de género y sobre el proyecto de ley relativo a la creación de la Policía de Investigaciones.
Sobre la prorroga comentó que el ejecutivo ya envió el proyecto para que los legisladores lo discutan y posteriormente lo aprueben, así se puedan profundizar por dos años las estrategias y políticas públicas destinadas a fortalecer el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y sin discriminaciones. Ese punto fue un señalamiento casi fugaz y luego pasó a explicar el polémico proyecto de creación de una policía de investigaciones.
En cuanto a esto último, Calletti se limitó a repetir el repertorio de conceptos mencionados por Cornejo D’Andrea cuando visitó a los senadores, quienes días después, sin debate le otorgaron media sanción. Remarcó que el objetivo es tener un cuerpo de investigadores “profesionales” que estén bajo las ordenes de los fiscales, aunque puso un notable énfasis en señalar que enfocaran su tarea en resolver “crímenes” y delitos vinculados al narcotráfico. “Salta estará a la vanguardia de las investigaciones”, aseguró.
Resaltó como importante que la policía de investigaciones dependa del ministerio Público, hoy en manos de un hombre muy conocido por ella como lo es López Viñals, aunque procuró no mencionarlo, y señaló que éste organismo será el encargado de controlar las acciones de los efectivos.
La primera parte fue una exposición rápida pero no por eso realizada con pocas palabras; fue rápida porque la ministra tiene un ritmo de habla precipitado, cargado de retórica judicial que resulta poco entendible pero genera un efecto apabullante. “Estos temas me apasionan, tengo que hablar más despacio”, reconoció luego de equivocarse por tercera vez en su alocución.
Manuel Santiago Godoy en el primer tramo estuvo callado pero luego fue uno de los que más uso la palabra al igual que el diputado Martinelli. Este último dijo que ya existe una policía que depende del ejecutivo y trabaja junto al ministerio fiscal y utilizó una línea similar a la de la Asociación de Jueces, quienes señalaban la posibilidad que éste cuerpo realice espionaje, además, de defender las facultades que actualmente tiene la policía provincial. En ese sentido, también, se plegó el romerista Romeo Medina pero tratando de llevar la discusión hacia la inconstitucionalidad de la iniciativa de Urtubey. Ambos buscaron poner en aprietos a la ministra pero con puntería poco afinada.
Godoy, por su parte, fue light con los cuestionamientos, y más bien trató de patear la pelota para adelante diciendo que “hay tiempo” para discutir este tema, pero aclaró que está de acuerdo con el proyecto en su objetivo genérico aunque se debería prestar atención a la redacción respecto a la junta de calificaciones y la relación con el ejecutivo. Pese a que no buscó confrontar, como sí lo hicieron los legisladores romeristas, el presidente de la cámara recordó una iniciativa similar que años atrás fue liderada por el juez Fleming. En su observación más aguda, señaló que posiblemente se genere una disputa entre las dos policías existentes eventualmente en la Provincia.
Ya avanzada la reunión, Calletti se puso el casét y respondió a todos los planteos. “Esta salvada la constitucionalidad”; “Este esquema es el que ofrece mayores garantías, porque tiene el control del ministerio público”; “Será un avance en la profesionalización por área”, fueron algunas de los lugares comunes que repitió hasta el cansancio sin que fuera refutada brutalmente por ninguno de los presentes.
En esta parte, fue donde quedó claro que no tenía intenciones de profundizar sobre lo que estaba hablando pero dejó algunas huellas de lo que hay de fondo. Reconoció que muchas veces miembros de la brigada cuando están realizando tareas de investigación son trasladados. “Con este cuerpo el jefe de policía no puede dar órdenes de investigación sino los fiscales”, sentenció como remedio para este sospechoso accionar y aseguró que “las movilizaciones estarán a cargo de la policía provincial” al igual que la “seguridad ciudadana”, y reconoció que es fundamental para el combate contra el narcotráfico, pues estas bandas se renuevan y eso, según contó, se refleja en que si bien es Salta considerada un ejemplo de lucha contra el microtráfico, cayeron las detenciones porque las bandas reinventan métodos para eludir a la policía. Luego de las explicaciones quedó la sensación de que avanzaría el visto bueno de los diputados.
Más allá de esto, Calletti dejó de lado la historia en torno a las investigaciones que se realizan en la provincia, lo cual empuja a preguntarse si la ministra sabrá de lo que habla cuando dice que los efectivos no tendrán la misma conducta que la brigada o el d2. Tan superficial sonó todo que sólo un desprevenido se puede creer que con un proyecto se puede solucionar el desbande policial. Eso ni siquiera fue mencionado pese a los incontables casos que existen; todo indica que no se hizo, ya que implicaría balancear una experiencia recorrida muy peligrosa y densa. Y como la ministra conoce poco sobre los turbios movimientos de la brigada y las comisarias, quienes “investigan” todos los días, prefirió irse por la tangente de las abstracciones jurídicas y constitucionales. No es nada nuevo, y confirma algo sabido: la sanción formal de las cosas no puede resolver el desbande caótico que se vive en las calles.
