Originarios y criollos del chaco salteño le hacen frente a la falta de agua y piden la intervención del estado para evitar la muerte de animales. Sin embargo, cuando el velo se corre aparece el rostro del agronegocio y la tala indiscriminada. (Nicolás Bignante)

 

Una doble realidad azota desde hace algunos años al chaco salteño con una fuerza inusitada: mientras en los meses de octubre y noviembre las lluvias suelen provocar el aislamiento de parajes y localidades enteras; de enero a septiembre, las altas temperaturas sumadas a las nulas precipitaciones hacen que el líquido elemental escasee. Cada año, no obstante, tiene sus particularidades. Entrado el mes de noviembre, las lluvias vienen bastante retrasadas y la sequía genera estragos en los departamentos Rivadavia, San Martín y Santa Victoria. Apenas algunas lloviznas aisladas se dieron en zonas dispersas sin que sea suficiente para mitigar los efectos de la sequedad.

La realidad de cientos de familias campesinas criollas y originarias contrasta de lleno con el devenir de los grandes latifundistas que se abren paso a fuerza de máquinas. Sobre la ruta 81, a la altura del km 1801, un grupo de pequeños ganaderos organizados dentro de la Asociación Criolla Guardianes del Monte del Frente Nacional Campesino, realizó un corte de media calzada a la espera de funcionarios del área de Agricultura. Del otro lado del alambre, el establecimiento El Yuto, de propiedad de la familia Macri, exhibe una realidad muy distinta. Allí el agua fluye desde los sistemas de riego o, en su defecto, llega en camiones desde municipios cercanos.

Aunque los habitantes de la zona llevan años de acostumbramiento al clima hostil de la región, los cambios en el uso del suelo trajeron aparejados brutales efectos en el ambiente. En los últimos 15 años, la superficie desforestada en el chaco salteño superó el millón de hectáreas según distintas investigaciones académicas. La tierra resquebrajada que rodea las pocas áreas fértiles de la zona deja en evidencia el impacto de la erosión en el suelo. Detrás de las cifras está el creciente negocio agroganadero, motor indiscutible de los desmontes en las últimas cuatro décadas.

«Año a año va aumentando. Los montes se van quedando sin árboles. Todo el chaco salteño está así. En la ruta siempre vas a encontrar camiones transportando la madera. A veces los campesinos intentan cortarles el paso, pero ellos saben por donde entrar», comenta Mónica Torres del Frente Nacional Campesino. «El problema viene desde junio o julio aproximadamente. La tierra está que se parte y la temperatura está muy alta. El monte, las lagunas y todos los lugares en donde había agua se empezaron a secar».

A la mortandad de animales -se estima que cada familia campesina perdió entre 2 y 5 vacunos en la última semana- se suma la inaccesibilidad al agua que los seres humanos padecen desde hace años. «Tomamos agua del mismo lugar donde toman agua los animales A veces sacamos agua de lluvia, ponemos chapas, un tacho abajo y agarramos el agua de la lluvia», se lamenta Torres.

Al menos 300 familias de los departamentos Rivadavia, San Martín y Santa Victoria aseguran estar padeciendo las consecuencias de la sequía, aunque el territorio afectado se estima en unas 40 mil hectáreas. La falta de agua para el consumo humano es una constante en los municipios del chaco. En Santa Victoria Este, tal como mostrara Cuarto Poder en ediciones anteriores, las comunidades originarias tienen un acceso parcial o directamente nulo al líquido vital. En el municipio comandado por Moisés Balderrama se llegó al absurdo de inaugurar una central de bomberos voluntarios que jamás contó con equipamiento y que no logró funcionar desde su creación en 2014. En Morillo -Coronel Juan Solá-, se presupuestaron obras de saneamiento que quedaron inconclusas y sus pobladores todavía arrastran enormes problemas por la falta de potabilidad del agua. «Tenemos un agua sucia que sale marrón. Aparte es salada, tiene mucho cloro y no sabemos si es potable», comenta Torres. El intendente Atta Gerala, atornillado al poder desde hace más de 20 años interrumpidos sólo por la gestión de Carbajal, fue señalado por los campesinos como el responsable de haberse quedado con herramientas que hubieran permitido mitigar la falta de agua. En Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca llegó al poder en 2011 con el 80% de los hogares carentes de baños con descarga de agua o retretes. Al día de hoy, poco y nada ha cambiado en la realidad de su municipio, salvo el patrimonio y la bonanza de sus allegados. La opulenta residencia valuada en millones de pesos que el jefe comunal construyó en La Unión, desentona obscenamente con el presente del segundo departamento más pobre del país. Los vecinos comentan que de los cuatro camiones cisterna destinados a distribuir el agua en todo el municipio, uno es utilizado para acarrear agua desde Santa Rosa a su mansión, puesto que al patrón de Rivadavia Banda Sur no le gusta el agua salada de La Unión. El elemento común en cada uno de los tres casos es la bendición política del sempiterno Mashur Lapad, vicepresidente primero del senado provincial.

En contrapartida, entre las 300 o 400 familias que integran la Asociación Guardianes del Monte, muchas adquieren el agua del día a día solamente cuando cae del cielo: «El que tiene tachos junta agua de lluvia, sino ve la forma de salir adelante. Es un problema de años. Tenemos que acarrear el agua y hervirla, pero cada día es peor porque las temperaturas son altas. En los parajes directamente no tienen agua porque se mantienen con la de los pozos, de las lagunas», informa Mónica Torres a Cuarto Poder.

A pesar del panorama y de la gravedad del caso, desde la secretaría de agricultura de la gestión saliente interpusieron nudos burocráticos de todo tipo. El pedido de las familias afectadas es concreto -agua, forraje y atención veterinaria-, pero los tiempos que exige un proceso de licitación no son acordes a la urgencia del caso.

El drama estructural de la falta de agua para animales y seres humanos por igual parece no tener una salida en el corto plazo, por lo que las esperanzas de criollos y originarios de la zona en que la nueva gestión pueda solucionarlo es cada vez menor. «Hay una posibilidad. Nosotros propusimos que manden técnicos para ver la posibilidad de hacer pozos más profundos, los que hoy tenemos son precarios. Estamos pidiendo que se haga cargo el estado, que edifique la zona y que vea la forma de hacer pozos. No digo en todos los parajes, pero podría ser en los más cercanos, en las escuelas, en zonas estratégicas», concluye Torres.

 

 

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