El fantasma de la cartelización recorre la provincia y anuncia, tras el caso del juez Raúl Reynoso, que la droga puede fundir en su ejército a los supuestamente buenos que provienen del Estado y los decididamente malos que son narcos. (Daniel Avalos)
No es la primera vez que ese espectro sobrevuela en la provincia, puesto que reaparece cada vez que las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico terminan decididamente involucradas en el mismo. Pero a diferencia de otras veces, el caso que ahora concentra la atención del país, involucra a un juez acusado de recibir coimas para producir argumentos jurídicos que desestimando pruebas posibilitaban que los narcos quedaran en liberad.
Una conclusión se impone: la ley existe y efectivamente estamos hundidos hasta el cuello en ella, aunque no resulte menos cierto aquello de que la misma sirve para que letrados poderosos hagan de ella un gran negocio. Para Reynoso, incluso, pudo haber sido el negocio turbio perfecto. No sólo porque el norte provincial es un mercado cautivo para letrados que queriendo lucrar con causas vinculadas al narcotráfico cuentan con la ayuda inestimable de un punto limítrofe entre un país productor de cocaína y el nuestro que posee déficits estructurales para controlar las fronteras; también porque tal como ocurre con los grande negocios, Reynoso era capaz de monopolizar sus servicios al controlar el único juzgado federal de ese gigantesco y caliente escenario. Un juez que hasta el miércoles era presentado como un cruzado medieval que en vez de arremeter contra herejes, lo hacía contra narcotraficantes. Magistrado presentado como un alma bella, un ser casto inmune a las tentaciones y con fuerzas casi sobrenaturales para trabajar en condiciones precarias siempre resaltadas por una prensa que hacia suyos los reclamos del juez: políticas que permitieran a su jurisdicción contar con más recursos materiales y humanos para luchar contra el Mal.
Advirtamos rápido que quienes impulsaron el aura de notable en Raúl Reynoso eran actores poderosos. Desde grupos mediáticos como La Nación, Infobae o Clarín, hasta la cada vez más minúscula Corte Suprema de Justicia que asegurando que la coyuntura electoral confirmaba al narcotráfico como preocupación central de los argentinos, resolvió crear una comisión contra esa actividad de la que Raúl Reynoso formaría parte. Él, inclusive, fue hace un par de semanas un orador protagónico del Coloquio de IDEA, esa institución que nucleando a 400 empresas líderes de la economía nacional y latinoamericana, organiza desde 1960 un encuentro donde los gobernantes en ejercicio y los pretenden serlo van y ofrecen explicaciones sobre cómo diseñarán un país que contemple los poderosos intereses nucleados en IDEA. Allí hablaron Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, Daniel Scioli y el propio juez Reynoso, que presentado como el juez anti narco, carga ahora con las firmes sospechas de ser justamente un juez vinculado al narcotráfico.
Y entonces, decíamos, el espectro de la cartelización vuelve a sobrevolar la provincia. Un fantasma que con su rondar advierte que las fuerzas del Estado encargadas de combatir el tráfico de drogas no son inmunes al largo brazo reclutador de ese terrible. Un fantasma que declama sin complejos que la concepción que atravesó durante siglos a las guerras modernas no es aplicable a la lucha contra el narcotráfico porque si las primeas parten de la premisa que los contendientes forman grupos claramente identificables y enfrentados, la segunda se presenta como una donde definir taxativamente a los supuestamente buenos (el Estado) y los decididamente malos (los narcos) resulta de una asombrosa ingenuidad. Un dios maligno, en definitiva, presume de poder fundir en su ejército a figuras que provienen de uno y otro lado.
A veces simples perejiles, policías o gendarmes pocos sofisticados que convencidos de que la vida no les reditúa el beneficio que creen merecer, se involucran en la actividad para quedar atrapados entre los planes de una conducción invisible de capos narco y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Otras veces, cuadros policiales importantes, como los policías encarcelados Giménez y Gallardo que, formando parte de divisiones estratégicas que debiendo centralizar información para combatir la actividad, terminaron usando la información para involucrarse en la misma. Ahora, a esa lista, se suma un juez y notables abogados que especializándose en desmenuzar las leyes, están señalados por su esfuerzo para encontrar vericuetos maliciosos que les permitieran asegurar que ciertas denuncias eran infundadas para que luego, el abogado más capanaga, es decir el juez, concluyera que efectivamente la denuncia era una metida de pata. Todo, por supuesto, a cambio de coimas que enriquecen a los letrados para confirmar así que el incremento patrimonial no tiene la capacidad de mejorar a las personas.
La reacción que ante lo ocurrido adoptarán los grandes actores del país y la provincia, puede adivinarse. Los supremos jueces de la nación, los grandes editorialistas de los medios o el propio gobernador, desenfundarán declaraciones ya empleadas otras veces: así como es bueno que las fuerzas armadas actúen contra sus miembros descarriados, también lo es que la Justicia haga lo propio con los suyos. Enunciados que no lograrán tranquilizarnos por la simple y matemática razón de que los descarriados ya son muchos e incluyen a personal estatal de todo tipo, obligando a preguntarnos si existe algún cuerpo del Estado inmune al poder corruptor del narcotráfico.
