Con el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor Abigail Antelo, ya suman 11 femicidios en Salta en lo que va del año. Además la violencia cotidiana contra la mujer sigue en aumento; según datos oficiales de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) confirma un promedio de 43 denuncias diarias de mujeres. (Garrik)
Se confirmó la muerte de la menor de 17 años, Abigail Antelo, tras ser hallado su cuerpo por la policía en un descampado en la localidad de Pocitos del lado Boliviano, al límite con Salvador Mazza. Recordemos que en esa misma localidad salteña, en febrero de este año una mujer de 20 años había sido asesinada aparentemente por su pareja. Con la muerte de Abigail ya son 11 las mujeres víctimas de femicidio en nuestra provincia en lo que va del año y según datos oficiales de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF) confirma un promedio de 43 denuncias diarias de mujeres.
Además, de acuerdo con las estadísticas de la justicia local, desde el mes de enero del 2013 hasta abril de este año, hubo 1,5 asesinatos de mujeres por razones de género. Lo que se torna aún más preocupante si tenemos en cuenta, que el año pasado nuestra provincia estuvo en el cuarto lugar del país con más víctimas fatales. Recordemos que, según la Asociación Civil la Casa del Encuentro de los 295 asesinatos sucedidos durante el 2013, la provincia de Buenos Aires se llevó el primer puesto con 89 Femicidios, seguida por Córdoba (31), Santa Fe (28), Salta (16) y Chaco (16).
Estado de emergencia
Debido a este cuadro, desde distintas agrupaciones que defienden los derechos de las mujeres se le solicitó a la provincia que declare la emergencia en materia de violencia de género para visibilizar el problema y erradicar este flagelo.
Como propuestas urgentes se pidió la creación de juzgados específicos de violencia de género para evitar las demoras por la cantidad de causas existentes en los tribunales comunes y encarar con el Ministerio de Educación programas de enseñanza para modificar la cultura machista, causante de esas situaciones. Toda vez que, por ejemplo, aun no se aplica la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y no se conocen campañas masivas de prevención de la violencia, ni de erradicación de los patrones culturales que le dan origen, y esto permite la naturalización de la violencia, ya sea física, psicológica o sexual.
Se debe dar prioridad al tratamiento de los organismos provinciales y municipales, asignar partidas presupuestarias específicas y suficientes; incorporar la perspectiva de género en el abordaje de las problemáticas sociales y entender que no se trata sólo de un asunto de salud, educación, justicia, o seguridad, sino que es un tema transversal a todos los ámbitos, recordando que tomar medidas para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia es un mandato de la “Convención de Belem do Pará”, y leyes nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y provincial 7.403 de protección de víctimas de la violencia familiar.
Entre alguna de las medidas de atención a las víctimas se solicitó que se establezca una Red de contención social y sanitaria entre el Estado y las organizaciones sociales e instituciones especializadas en violencia de género. Que se destine fondos para la creación de albergues y refugios (que garanticen en lo inmediato la protección de la vida de las mujeres y personas a cargo) en las ciudades cabeceras de todos los departamentos para que las victimas en situación de riesgo, puedan hacer frente a la emergencia y salir transitoriamente de los escenarios violentos.
Como también establecer brigadas comunitarias o barriales que intervengan en la denuncia, traslado, acompañamiento hasta el refugio o albergue. Trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales, centros de salud, centros vecinales, escuelas entre otros. Asimismo que se brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica a mediano y largo plazo. Asegurar la continuidad escolar de los hijos/as de las víctimas.
Para que las víctimas de violencia de género se puedan reinsertar en la sociedad se solicitó que se le proporcione una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil hasta tanto se reinserten laboralmente según cada situación. Y que se les garantice el ingreso a programas específicos de empleo y a ámbitos de formación laboral, el acceso real y efectivo a un empleo digno, el acceso real a una vivienda digna a las y que se establezca en todos los casos y aun en los registros que las autoridades públicas puedan implementar, la preservación y resguardo de la identidad de la víctima y la de sus hijos.
El problema
La violencia hacia las mujeres se basa en una relación desigual de poder, y se magnifica cuando se desarrolla en lo que conocemos como patriarcado, que es el sistema social de valores, creencias y costumbres en el que el hombre subordina a la mujer. En este sistema las relaciones de género son jerárquicas y desiguales, y es el que, lamentablemente, impera en nuestra región.
La agresión puede ser ejercida física, psicológica, sexual, económica y hasta simbólicamente. Este tipo de violencia la perpetra el grupo social dominante sobre el dominado sin hacer uso de la fuerza física, para imponer determinados valores, idiosincrasias y así condicionar las relaciones sociales. El grupo dominado usualmente desconoce o consiente esta imposición, por esto se dice que es la más peligrosa, ya que no siempre se percibe.
Este tipo de violencia se disemina como un virus, que si no es atacado a tiempo infecta a toda la sociedad y aparece en todos los ámbitos de nuestras vidas: en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc. Y una de sus “vías de transmisión” más eficaces es la propaganda y los mensajes que se difunden en los medios masivos de comunicación, principalmente los audiovisuales.
A través de estos mensajes se suele difamar, injuriar, discriminar, humillar, y hasta promover, directa o indirectamente, la explotación de las mujeres, atentado contra la dignidad de las mismas. En todos estos casos se empieza a legitimar y a construir patrones socioculturales reproductores de la desigualdad lo que deriva en un ejercicio de poder agresivo hacia ellas.
