Salta es considerada como una de las 7 provincias argentinas de captación de mujeres para la explotación sexual. En lo que va del año, según el Ministerio de Justicia, hubo más de 100 víctimas rescatadas. Críticas por la complicidad política y policial que hacen que este delito aumente. (Andrea Sz)
Desde la aprobación de la ley 26.364 de Prevención y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008) hasta junio de este año, fueron rescatadas 6.992 víctimas de explotación sexual y se realizaron 3.288 allanamientos en todo el país según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En Salta, mujeres de diferentes organizaciones difundieron esta semana un comunicado que señala que según datos del Ministerio de Justicia de Salta, en lo que va del año se rescataron más de 100 personas entre trabajadores esclavizados y mujeres explotadas en la prostitución.
En mayo de este año, la ministra de Justicia Pamela Caletti tras un pedido de informe que le solicitaba datos sobre la cantidad de procesados por delitos de trata de personas, manifestó que desde el 2008 a la fecha, la Justicia Federal condenó a 11 personas y procesó a 65 por este tipo de delitos. Agregó también que se rescataron a 101 víctimas del delito y que nueve de ellas fueron rescatadas en el presente año. Las víctimas según informó son salteñas pero no se encontraron solamente en la provincia. El 23 de setiembre del año pasado, mientras tanto, la entonces ministra de Derechos Humanos, María Pace, brindaba una conferencia en la que reflejaba que “Desde el 2008 hasta la fecha hubo más de 260 personas rescatadas, la mayoría de los menores que rescatamos son víctimas de explotación sexual”.
Sin complicidad no hay trata
Esta semana se difundía la desaparición de dos menores más en nuestra provincia. Abigail Rosaura Antelo, la adolescente de Salvador Mazza, desaparecida el 25 de agosto y que tuvo el peor final: apareció muerta en una zona cercana de la frontera entre Bolivia y Argentina. Antelo tenía signos de haber sido salvajemente golpeada y hasta el momento no hay ningún detenido.
Otro de los casos es la desaparición de Delma Araceli Abigail, de 16 años, que falta de su casa desde principios de año. Su madre denuncia que fue secuestrada por una red de trata, sin embargo la policía y justicia salteñas lo siguen tomando como “fuga de hogar”. La madre asegura que la joven puede estar en algún sitio contra su voluntad.
El documento difundido y que está firmado por la abogada Monica Menini (Alianza de Abogadas- Católicas por el Derecho a Decidir), Sonia Morales (Hijos Salta), Ana Fernández (Comisión de Familiares contra la Impunidad), Ana Simesen (Docente Universitaria e Investigadora), la diputada del PO Gabriela Jorge y la senadora del mismo partido Gabriela Cerrano, da cuenta de otros casos de mujeres desaparecidas que podrían haber sido víctimas de trata. Entre ellos se nombran los casos de María Ester Maidana que desapareció en diciembre de 2008 cuando tenía 26 años, y Cintia Jurado desaparecida en marzo de 2007 cuando tenía 27 años. Ambas son madres. Maidana al momento de su desaparición trabajaba de “copera” en el local conocido como Don Quijote.
Respecto a la causa Maidana, quien vivía en el barrio Francisco Solano, la Ministra Calleti indicó que la Justicia Federal recibió copia de la denuncia en 2009 y que desde entonces el fiscal federal N° 2, Eduardo Villalba, pidió medidas de investigación que indague sobre las personas que rodeaban a Maidana sospechadas de dedicarse al delito de trata. La causa establece salidas de la mujer a Brasil y Paraguay. A partir de 2011 y en el marco de la investigación, se exhortó a otras provincias a autorizar acciones de la Policía de Salta.
De esas acciones surgieron allanamientos que se hicieron en provincias del Litoral y permitieron el rescate de víctimas de Trata. Desde el 14 de mayo, indicó Caletti, la causa se encuentra en manos del juez federal N° 2, Miguel Medina, “para la revisión de algunas fotografías”. Sin embargo el documento de las mujeres señala que el juez Julio Bavio, tardó varios años para pedir la fotografía de la mujer que hasta el momento se encuentra desaparecida “se tomó 4 años para recién solicitar la foto de Maidana. Lógicamente no existe la celeridad para buscar a las desaparecidas”.
Es así que el documento de las mujeres denuncia la complicidad policial y política que dilata la búsqueda de las personas. “La policía debería ser el primero en advertir una situación de trata, sin embargo, son el primer eslabón en la cadena de responsabilidades: o no toman las denuncias de desaparición o la disfrazan con la figura ‘fuga de hogar’ o ‘abandono de hogar’. Una vez que efectivamente se toma la denuncia, la Justicia local tarda meses en determinar si el caso ‘parece trata’. Por ejemplo, en el caso de María Cash tardaron 3 meses para girarlo a la Justicia Federal”, señala el escrito. Al caso de Maidana, Cash y Jurado se suman los casos de Marcela Mamaní desaparecida en 2012 y el de la guachipeña Noelia Rodríguez desaparecida desde el 4 de mayo de este año.
La semana pasada, mientras tanto, otra salteña fue rescatada de un prostíbulo en Catamarca. La mujer se encontraba junto a 5 mujeres en el prostíbulo llamado “Chanel” donde bajo amenazas eran obligadas a ejercer la prostitución. La joven que apenas pasa los 30 años, contó que llegó a Chanel hace un año y medio, luego de que comiencen a cerrarse las whiskerías en la mayoría de las provincias. De joven fue engañada con la chance de conseguir un trabajo digno. “Cuando empecé, pensé que iba a ser promotora; no tenía idea de lo que era esto. Un tipo nos prometió el trabajo y después cuando nos hacía viajar, la realidad era muy distinta. Por cada chica que mandan a trabajar a prostíbulos cobran una cantidad de plata. Aprovechan los lugares donde hay más pobreza”, expresó. “Donde se mueve plata, todo se puede esconder bajo el poncho”, indicó otra de las mujeres. Y es que, según sus dichos, “iban policías y funcionarios; son los que más habitan esos lugares. Gente importante iba y son los más miserables”.
Esclavas de las rutas
Salta es considerada una de las 7 provincias argentinas de captación de mujeres para la explotación sexual. La vulnerabilidad social suele ser para los captores un anzuelo porque en general las redes de tratas buscan a personas con necesidades económicas o afectivas insatisfechas y se les promete un trabajo en otra provincia. Por su posición geográfica, nuestra provincia también es considerada como uno de los pasos fronterizos más vulnerables para la trata de mujeres. De allí que tanto las fronteras como las rutas nacionales y provinciales son consideradas escenarios donde este delito toma fuerza.
Por esto, desde la Fundación María de los Ángeles, desde el año 2012 se busca concientizar a los conductores de camiones con la proyección del audiovisual “Las rutas de la trata”, que refleja la situación padecida por las mujeres obligadas a prostituirse. Esta proyección que se da a partir de un convenio firmado entre la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Asociación Civil La Casa del Encuentro y la Fundación de Susana Trimarco. Es lógico: “Los camiones cruzan zonas donde se sabe que hay trata de personas, por eso hicimos este acuerdo”, dijo el secretario General de FADEEAC.
Primer juicio por trata
Este miércoles comenzó en Tucumán el primer juicio por el delito de trata de personas. Si bien el país tiene memoria del juicio emblemático por el caso de Marita Verón, aquel proceso no se enmarcó en esta norma dado que sucedió antes de que la ley de trata estuviera en discusión en el Congreso nacional. En el juicio que empezó el miércoles, la víctima es una mujer que era menor de edad al momento de cometerse el delito y que actualmente es acompañada por la fundación de Trimarco. El caso sucedió en el año 2008, cuando la víctima fue convencida mediante engaños de viajar junto a la imputada Verónica del Jesús Olivera con destino a Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, en búsqueda de trabajo en una academia de folclore.
Intendentes prostibularios
Después de siete años de mandato, David “Sapito” Bravo, intendente de Colonia 25 de Mayo, en La Pampa, está condenado en una causa por la habilitación de un prostíbulo mientras es objeto de investigación en otra causa. Él es uno de los cuatro jefes comunales pampeanos que la Justicia Federal investiga en legajos de trata sexual. El año pasado lo condenaron a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación por 14 meses por abuso de autoridad por habilitar de manera irregular el prostíbulo rutero “El rancho”. El lugar estaba habilitado bajo normativas municipales vigentes en ese entonces, pero no cumplía con un requisito: funcionaba a pocos metros de una iglesia informó el sitio Infojus.
El caso toma relevancia en Salta donde el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue encontrado en un prostíbulo del que se rescataron 37 mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual. De la misma manera ocurre con el allanamiento realizado este año por la AFIP en Orán donde se detectó diez situaciones de prostitución de menores y de mujeres que no superaban los 35 años en algunos boliches y karaokes de la localidad. Las víctimas se encuentran en proceso de recuperación y son acompañadas por la fundación María de los Ángeles. Ni al ex intendente Villalba ni al intendente de Orán Lara Gros, le han pedido explicaciones por sus responsabilidades en los casos. de igual modo ni la actual ministra de DDHH, Marianela Cansino, ni la de Justicia, Pamela Caletti se han pronunciado al respecto.
