El juez Federico Diez, imputado por violencia de género y amenazas con arma, en 2011 envió a la cárcel a la madre de una niña muerta por un aborto clandestino. Hoy es asistido por una Defensora Oficial, porque aparentemente no puede costearse una defensa.
El juez Federico Diez fue señalado y criticado por su accionar por organizaciones de mujeres de todo el país en 2011, tras conocerse su decisión de imputar a una madre que había perdido a su pequeña hija del delito de “aborto seguido de muerte”.
El juez ni siquiera dejó a la madre asistir al velorio de su hija: fue detenida y separada de sus otros tres hijos.
Compartimos la nota escrita por Mariana Carabajal y publicada en 2011 en Pagina 12, en donde se da cuenta de este hecho, titulada “La balanza despareja de la Justicia”:
En un hecho inédito en el país, la madre de la niña salteña que murió días atrás por una infección generalizada causada por un aborto inseguro fue detenida y está encarcelada desde la semana pasada. El juez Federico Diez le imputa el delito de aborto seguido de muerte y rechazó el pedido de excarcelación planteado por su defensa. La detención de la mujer generó el repudio de organizaciones de mujeres, académicas, sociales, de derechos humanos y partidos políticos. “Se trata de una situación donde se quiere dar una sanción ejemplificativa hacia las mujeres, en una provincia que brinda educación religiosa en colegios públicos, que devuelve las cartillas de educación sexual integral de la Nación con el argumento de que no se corresponden con la idiosincrasia salteña, donde existen altísimos índices de embarazo adolescente y donde el Senado decidió proclamarse contra la despenalización del aborto”, denunció la abogada Mónica Menini, del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, que ayer se sumó a la defensa de la mujer. Mañana, en el Día de la No Violencia contra las Mujeres, está prevista una concentración en el centro de la ciudad de Salta, en Córdoba y San Martín, para reclamar –entre otras reivindicaciones– por la liberación de la mujer.
Sus iniciales son C. G. Está detenida desde la semana pasada en la Alcaidía de los tribunales salteños. El juez que la mantiene presa ni siquiera le permitió despedir los restos de su hija: mientras velaban a la niña, el miércoles 9, un día después de su fallecimiento, el magistrado ordenó el secuestro de su cuerpo. “Existe una grave violencia institucional, en el momento que sacaron el cuerpo del velatorio lo único que tenía el juez era una llamada anónima que denunciaba que la muerte se había producido como consecuencia de un aborto”, señaló a Página/12 Menini, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta.
El juez acusa a la madre de haber suministrado algún medicamento que le provocó el aborto a su hija. C. G. negó la imputación. Luego de que Díaz rechazara el pedido de eximición de prisión, la defensa apeló la resolución. Página/12 intentó entrevistar al magistrado, pero no contestó las consultas. El vocero del Poder Judicial de Salta, Marcelo Báez, dijo en declaraciones a la prensa local que “el aborto habría sido inducido por algún fármaco, por lo que el juez está buscando determinar a través de testimonios y de distintas pericias de qué fármaco se trató y cómo fue brindado a la menor”. El delito de aborto seguido de muerte está previsto en el artículo 85 del Código Penal y prevé de 3 a 15 años de prisión.
La diputada Cecilia Merchán también reclamó la libertad de C. G. “La policía y la Justicia salteñas manifiestan su absoluta ignorancia y oscurantismo al pretender indagar a la madre de esta niña y acusarla de ‘sospechosa’: con ese criterio, entonces encerremos a las 500.000 mujeres que se practican cada año un aborto. Y, por qué no, a todas y todos los de su entorno”, indicó Merchán.
G. tiene otros tres hijos, de 6, 8 y 17 años. Su esposo es marino y trabaja en La Plata. Ayer, C. G. le dijo con desesperación a la abogada Menini que lo que más quiere es volver a reunirse con sus hijos. Hace dos semanas perdió a la segunda de sus hijas, de 13 años. La niña murió el 8 de noviembre en el Hospital Materno Infantil de Salta, tal como informó este diario, como consecuencia de una infección generalizada causada por un aborto inseguro. La niña –D. N.– cursaba el 8º grado del Colegio Comercial 2 Victorino de la Plaza, en la capital. “En la escuela no se dictaba educación sexual”, contó ayer a Página/12 Graciela Abutt Carol, abogada especializada en derechos humanos, quien se acercó a la Alcaidía para conocer la situación judicial de C. G. “En este caso el juez es instrumentador de la estrategia del gobierno provincial, que tiene dos objetivos: por un lado exculparse de su clara omisión instrumentada a través de una política de Estado, convirtiendo a una de las víctimas –madre– en victimario. Y por el otro, en clara alineación con el clero local, intentando revertir el argumento de la probada ineficacia de la criminalización del aborto por no tener condenados, encontrando un chivo expiatorio, en la madre”, opinó Abutt, en diálogo con este diario.
Más de una docena de organizaciones salteñas salieron ayer a repudiar la detención y a pedir la libertad de C. G., entre ellas la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, el Movimiento Libres del Sur, la Red PAR y el Foro de Mujeres. Desde Católicas por el Derecho a Decidir, su coordinadora, Marta Alanís, se sumó a las críticas. “El encarcelamiento de la madre de la niña fallecida por un aborto inseguro pretende ser aleccionador para otras madres, que no acompañen a sus hijas, que tengan cuidado que pueden ir presas”, consideró Alanís, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Para la abogada del CELS Lourdes Bascary, este caso “es otro ejemplo de las consecuencias dramáticas de la penalización del aborto en la Argentina”.
