El presidente Mauricio Macri negó en una entrevista la posibilidad de despenalizar el aborto durante su mandato. En el Congreso de la Nación espera ser tratado un proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo y cuenta con el apoyo de 38 diputados de distintos bloques y de más de 350 organizaciones sociales y políticas. Garrik
En una entrevista con la agencia mexicana Notimex el Presidente se pronunció por “defender la vida” y aseguró que durante su gestión no se impulsará ningún proyecto sobre interrupción del embarazo. Macri fue consultado sobre el caso de Belén, la mujer tucumana detenida hace dos años por sufrir un aborto espontáneo, y dijo que es un «tema muy delicado», por lo que «a veces esos casos particulares lo llevan a una reflexión» sobre la despenalización del aborto, aunque aseveró: «vuelvo a insistir que acá lo importante es defender la vida».
«Traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja, una persona es la expresión más linda de amor que hay, siempre me quedo del lado de la defensa de la vida, independientemente de que hay protocolos que hay que cumplir, pero creo realmente que ese valor es algo que tenemos que reconocer como central en la vida de todos nosotros», dijo.
Tras ello, la periodista mencionó que «la despenalización del aborto durante su gobierno no, ni pensarlo», por lo que Macri fue enfático: «no», aseguró.
El Congreso espera
El proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y con el apoyo de legisladores de diferentes partidos, ya ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, que consagra como un “derecho humano” la IVE en las primeras 14 semanas de gestación, comenzaría a tratarse en la Comisión de Salud de la Cámara baja en septiembre.
Entre lo más destacado, el proyecto define en su artículo 1° que: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Más allá de ese plazo, se despenaliza y legaliza la IVE en casos de violación, si corre riesgo la vida o “la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”; y si existieran malformaciones fetales graves.
El proyecto establece que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento”. La práctica deberá ser incorporada como prestación médica básica obligatoria y cubierta por el sistema de salud público, prepagas y obras sociales. En ningún caso se exigirá autorización judicial y las autoridades de cada establecimiento deberán garantizar la atención. La iniciativa garantiza los mismos derechos a las personas trans con capacidad de gestar.
Medio millón
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina está entre los países con mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos. Las últimas cifras oficiales, que datan de 2005, señalan que por cada 770.000 nacimientos anuales hubo 500.000 abortos, una cantidad que según el Ministerio de Salud argentino se habría reducido desde entonces. En tanto, 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas.
Expertos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina (OSSyR) dijeron que los abortos clandestinos son la clic principal causa de muerte materna en el país. El 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%.
Los únicos otros dos países de la región donde los abortos son la principal causa de muerte materna son Jamaica y Trinidad y Tobago. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en estas naciones, el problema en nuestro país no puede atribuirse a falta de recursos.
De hecho, Argentina gasta más en salud por habitante que algunos de sus vecinos, como Chile y Uruguay, a pesar de lo cual estos dos países tienen menos de la mitad de los índices de mortalidad materna que la nación más grande. Mientras que Argentina registró en 2008 cuatro muertes cada 10.000 niños nacidos, en Chile la cifra fue de 1,8 fallecimientos y en Uruguay de 0,9.
También la cantidad de mortalidad materna atribuida al aborto es mucho menor: 4% del total en el país transandino (según datos de 2003) y 0% en Uruguay (en 2008, cuando se registraron sólo cuatro casos de muerte materna, ninguno por aborto).
Según especialistas, esto se explica porque en Argentina faltan políticas públicas sobre este tema. Uno de los principales problemas es la falta de una política de prevención. En muchos lugares no se enseña educación sexual y no hay acceso a anticonceptivos, sobre todo teniendo en cuenta que evitar los embarazos no deseados sería la mejor forma de evitar la muerte de mujeres por abortos mal hechos.
La muerte o la cárcel
Asimismo la punibilidad del aborto o la estigmatización de la mujer que se lo realizó genera muchas veces que cuando llega a un hospital con complicaciones por haberse realizado un aborto no sea bien tratada o incluso directamente no sea tratada, incumpliendo los centros de salud muchas veces con lo que dicta la ley, ya que si bien el Código Penal contempla la violación como una causal para permitir un aborto, muchos médicos se rehúsan a realizar el procedimiento, obligando a las víctimas a realizarse un aborto clandestino.
Lo profesionales de la salud, en estos casos deben respetar el secreto profesional y el derecho a la intimidad y confidencialidad entre paciente y profesional. Es verdad que ellos tienen la obligación, por otro lado, de denunciar hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, pero siempre que se intente evitar un mal mayor. Es que de no ser así, es decir, si una persona que a causa de un hecho delictivo que cometió, sufre una lesión que pone en riesgo su vida, se la pondría en la disyuntiva de elegir entre la muerte o la cárcel.
La Corte Suprema de la nación, dijo al respecto que: “el principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución penal del Estado”.
Resulta llamativo que un tema como el aborto, que es la principal causa de muerte materna y su práctica una de las más numerosas demográficamente a nivel global, continúe sin poder ser debatido en el ámbito del Congreso de la Nación, tal vez esta vez prospere su discusión y tratamiento.
