El agua que inunda a las comunidades originarias de la ruta 53, en el departamento San Martín, no cae de arriba hacia abajo. Los enormes terraplenes que el exintendente de Pichanal construyó para cuidar sus cultivos en Embarcación están desviando el curso del agua proveniente del río Seco. (Por Nicolás Bignante)
Si existe peor desgracia que tener a Julio Jalit como intendente, sin dudas es tenerlo de vecino terrateniente. Así lo ponen de manifiesto los pobladores de las comunidades de la ruta 53 en Embarcación, donde el desterrado patrón de Pichanal fue extendiendo sus terruños desde 2006 en adelante. Resulta que, además de haber desmontado cerca de tres mil hectáreas en territorio oranense y en el departamento San Martín, el hombre que opina que «para robar hay que ser inteligente» no halló mejor forma de proteger sus cultivos que levantando enormes paredes de tierra a ambos lados de la ruta que une Embarcación con Misión chaqueña. Los rudimentarios terraplenes se elevan unos cinco metros por encima de la llanura chaqueña y las modificaciones en el terreno están provocando el desvío del río seco hacia las comunidades de la ruta 53. Semanas atrás Cuarto Poder pudo constatar cómo la maquinaria al servicio de Jalit ahondaba en el suelo lindante al camino para construir canales artificiales.
Las consecuencias del desvío del agua hacia las comunidades quedaron en evidencia días atrás con la evacuación de unas 250 familias de Misión Golondrina, a 2 kilómetros de Embarcación. En Padre Lozano la situación también fue crítica y en Misión Chaqueña el agua ya circunda el edificio del colegio secundario N° 5165. «Ellos protegen sus sembrados cavando con maquinaria. El agua va para donde nosotros vivimos, por eso estamos sufriendo esto este año. Los años anteriores, cuando no estaba Jalit, no era así», comenta Elba Argamasta a Cuarto Poder.
En la semana que concluye, una delegación de cuarenta originarios de Misión Salim, ubicada en inmediaciones de Padre Lozano, llegó hasta la Capital salteña en busca de respuestas por una serie de problemáticas estructurales. Veinticuatro de ellos son niños, muchos de los cuales presentaron al momento de su arribo evidentes signos de desnutrición, vómitos y diarrea. Entre los adultos está Elba, quien no dudó en responsabilizar a los terratenientes de la zona por la situación que atraviesa su gente: «Toda la comunidad está inundada. Nosotros sufrimos por la contaminación que viene en el agua desde las fincas. Eso cae donde estamos nosotros y por eso los chicos sufren de dolor de cabeza y vómitos».
Además de la acumulación de agua en el territorio habitado por las comunidades, la presencia de agroquímicos y sus consecuencias son cada vez más evidentes, y los rastros del veneno utilizado en los cultivos se tornan inocultables: «Vemos como el agua trae víboras, animales muertos y bidones de agrotóxicos. Todo eso llega hasta las comunidades», apuntó Elba.
A ambos lados de la ruta 53 operan además de Jalit, las fincas: «El Guayacán» y «Salvita», de Salvador y Miguel Ángel Muñoz. Esta última fue denunciada en 2017 por matar y faenar animales pertenecientes a familias wichís de Padre Lozano.
Los registros inmobiliarios señalan que entre 2006 y 2014, el ex jefe comunal de Pichanal adquirió 11 terrenos agrícolas en los departamentos Orán y San Martín que cotizan por encima de los $400 millones. Unas siete fincas, de esa extensión total de 3000 hectáreas, fueron adquiridas luego de la aprobación del ordenamiento territorial de bosques y posterior a la suspensión de los desmontes dictaminada por la corte suprema de justicia en marzo de 2009.
La finca que el pichón de magnate oranense cercó con montículos de tierra tiene una extensión de 912 hectáreas y fue adquirida en 2009 por un valor de $1.010.600, según las escrituras de inmuebles. A esos terrenos, Jalit fue anexando paulatinamente otros campos hasta abarcar casi la totalidad del trayecto Embarcación-Padre Lozano.
En las comunidades aledañas hay quienes señalan que el proyecto «The Wall» criollo tiene como objetivo proteger los cultivos (Tomates, pimientos, cítricos, etc.) de las inundaciones propias del período estival. Otros aluden que busca dar respuesta a los reiterados robos de ganado, maquinaria y agroquímicos registrados en la zona, algunos de ellos de carácter millonario. Pero todos coinciden en que el ex patrón de Pichanal y apadrinado político de Juan Manuel Urtubey es un tipo celoso de sus propiedades.
El enunciado puede corroborarse en un hecho grabado en la retina de Omar Gutiérrez, joven wichí oriundo de Misión Chaqueña y estudiante de abogacía en la ciudad de Buenos Aires. Una noche en la que transitaba por la ruta 53 en moto junto a su hermano Livio (actual delegado municipal de Embarcación en Misión Chaqueña), se detuvieron debajo de un poste de luz para parchar una rueda y poder seguir su camino. Segundos después, un hombre armado se abrió paso entre los campos de Jalit para increparlos. «Nos gritaba: ‘Váyanse indios de mierda que los voy a cagar a tiros. Váyanse antes que les meta un tiro a cada uno'», relata Omar a Cuarto Poder. No alcanzaron las explicaciones de los hermanos Gutiérrez para que el matón a sueldo cediera en su infeliz accionar. Livio y Omar abandonaron el lugar como pudieron y a los pocos segundos, otras seis personas armadas llegaron al lugar. «Esto es nuestro. Díganle a esos roñosos de Misión Chaqueña que nadie pase por acá» vociferaron.
En el destacamento policial de Padre Lozano sólo atinaron a recomendarles que no presenten ninguna denuncia. «Son gente de poder. Ustedes no van a poder venir ni a declarar» tuvieron que escuchar por parte de los diligentes. Al traumático episodio, confiesa Omar, lo recuerda como si hubiera sido ayer.
Un episodio similar tuvo lugar en noviembre de 2018, cuando un grupo de observadores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), llegó hasta la Finca Don Félix, de propiedad de Julio Jalit para realizar una inspección. Los anfitriones no encontraron mejor manera de recibirlos que a balazos: «El hermano del intendente hizo un tiro al aire con un rifle calibre 22», declaró por entonces Sebastián Cáceres, uno de los inspectores.
En aquella inspección, y en otras subsiguientes, se pudo constatar la presencia de trabajadores en condiciones infrahumanas, durmiendo sobre recipientes de glifosato y en condiciones de extrema precariedad. Pese a las reiteradas denuncias, el exintendente ultra-urtubeicista jamás se vio siquiera incomodado por la justicia.
A pesar de haber destronado hace dos meses y medio al ex-jerarca de Pichanal, los habitantes del norte provincial siguen padeciendo las penurias de su accionar en el agronegocio.
