La paciencia de los trabajadores del Ingenio San Isidro se agotó y decidieron tomar la fábrica para recibir precisiones sobre si se reactivará la producción. Diputados se negaron a tratar el proyecto de expropiación una vez más y la conducción sindical parece no tener más opción que radicalizarse junto a las bases que llevan a cabo la medida de acción directa. Milcíades
Hasta hace una semana el cierre del ingenio San Isidro parecía condenado al ostracismo. Desde febrero a esta parte el desarrollo de los acontecimientos fue acercándose a un final semejante a lo sucedido en la misma planta azucarera en 1992. Lentamente, uno de los hechos más relevantes del año para la provincia, en materia económica, política y social, iba perdiendo estatus en la agenda mediática local y en las declaraciones de funcionarios públicos y políticos. Parecía que la historia estaba escrita y faltaba terminar de dar vuelta la página del libro.
Pero este lunes 4 de junio la medida de fuerza que emprendieron unos 150 trabajadores junto a la dirección del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI), removió nuevamente las redacciones de diarios, puso alerta a editores, redactores y movileros de radios, noteros televisivos, usuarios de redes sociales y por supuesto punzó a dirigentes gremiales y políticos. Con más o menos fuerza, la realidad alarmante de una de las principales fuentes laborales de la provincia y en particular del Valle de Siancas volvió a ocupar espacio de la agenda mediática.
Alambrado sacrosanto
El vallado perimetral del ingenio ubicado en Campo Santo resulta débil en sí mismo, pero su función de centinela de la propiedad privada le otorga, podría decirse, un aura sacrosanta, incuestionable, inviolable. El vallado separa a los obreros de sus fuentes de trabajo, les pone un límite insoportable, les repite al oído que eso que todos los días supieron utilizar durante años ahora no les pertenece, ni les perteneció.
Detrás del alambrado numerosos esqueletos de metal aguardan inmóviles que las manos de los operarios vuelvan a montarlos para poner a punto la fábrica. Las malezas crecen en pequeños recovecos y empiezan a ganar preponderancia en el paisaje. La sensación de abandono contrasta enormemente con los cañaverales que rodean el lugar, altos y verdes, llenos de vida. La empresa se ha llevado en febrero piezas fundamentales para el funcionamiento de la planta y para llevar adelante la zafra. Por ejemplo, el cilindro del trapiche y las máquinas cosechadoras se encuentran en Tucumán y Salta Capital, respectivamente, esperando ser reparadas. “Hay que pagar siete millones de pesos para que traigan reparado el cilindro del trapiche”, relata a este cronista un operario resguardado en su campera de un azul oscuro con la leyenda “San Isidro 2017”.
Si esta semana el periodismo volvió a mirar con atención a los anónimos que hasta ayer trabajaban para el Grupo Gloria, regando la caña, cosechándola, sometiéndola a diferentes procesos de refinación hasta transformarla en azúcar de alta calidad, fue ante todo porque muchos de ellos profanaron el aura sacrosanta del vallado perimetral que resguardaba la propiedad privada del ingenio.
Aunque nadie lo diga, ni siquiera los mismos anónimos o su principal dirigente sindical, esta acción directa mojó la oreja al pilar de la “vida armónica” de la sociedad, al dios de todos los patrones y manantial de sus riquezas. “Si lo hubiéramos hecho antes capaz que teníamos respuestas más rápidas”, señala otro obrero de campo del ingenio, que salió del predio y se acercó a tomar unos mates dónde la olla popular no deja de ennegrecerse por las cenizas de la leña.
El gobernador, Juan Manuel Urtubey, inmiscuido en la rosca de cara a las elecciones presidenciales, tratando de desmarcarse de Mauricio Macri, al mismo tiempo que lo recibe de brazos abiertos tras vetar el freno parcial a los tarifazos, no podrá mirar para otro lado si el caso del Ingenio San Isidro pega un volantazo.
Semana movida
La mañana del lunes fue distinta para la vida cotidiana salteña, hacía mucho tiempo que no acontecía un hecho similar. “Los obreros ocuparon de forma pacífica el Ingenio San Isidro”, “Azucareros ocupan el ingenio San Isidro y esperan soluciones”, “Trabajadores toman el ingenio San Isidro”, titularon los principales diarios de la provincia. Rápidamente los portales digitales y las redes sociales empezaron a cubrir lo que sucedía en la localidad cuyo intendente es el peronista Mario Cuenca, padre del actual secretario general del SOEASI, Mariano Cuenca. Hasta allá viajaron periodistas y políticos de la izquierda, del Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), entre otros.
“Una jueza les dio tiempo hasta las 19 después sino van a desalojar con la infantería”, alertaba el mismo lunes por la tarde un mensaje de otro obrero anónimo del ingenio, que por diferencias políticas no apoya la medida de lucha pero que a la vez lejos está de desear la represión contra sus compañeros. No obstante, los rumores del desalojo por parte de la policía provincial empezaron a esfumarse a medida que llegaban más detalles desde Campo Santo. Las imágenes de unos cuantos policías montando guardia en la entrada del ingenio que se acercaban a calentarse al mismo fogón que los obreros, ilustraban una contradicción que en otros ingenios de la zona, como en El Tabacal o La Esperanza, sería difícil siquiera de imaginar.
Hasta el cierre de esta edición no hubo desalojo de los trabajadores que ocupan la fábrica. El pedido presentado el martes por el representante legal de EMAISA y PROSAL (dos empresas subsidiarias que funcionan dentro del ingenio y en las que se encuentran enrolados los trabajadores, divididos entre campo y fábrica), el abogado Raymundo Sosa, fue desestimado por la Jueza del Juzgado de Garantías Nº8, Claudia Puertas. La letrada consideró que existe “una contradicción, por cuanto no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral”.
Sosa había solicitado a la Fiscal Penal de General Güemes, Verónica Simesen, el desalojo y el reintegro del inmueble a sus propietarios, en tanto los trabajadores “ingresaron a las instalaciones ejerciendo violencia, ya que rompieron la cerca perimetral y se instalaron allí sin autorización y bloqueando el normal desarrollo de las actividades». La Fiscal Simesen accedió al pedido del abogado, pero encontró un límite en la interpretación de la jueza Puertas. Al igual que las declaraciones del Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, quién afirmó que “si la Justicia ordena, la Policía tendrá que cumplir».
Tras las primeras 24 horas de toma del ingenio, el martes por la noche en la sesión ordinaria de la Cámara Baja legislativa de la provincia, la bancada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, volvió a intentar que se trate sobre tablas el proyecto de expropiación del San Isidro, presentado hace un mes. Una vez más, la mayoría de los legisladores del oficialismo y la oposición rechazaron el pedido y el proyecto volvió a quedar “cajoneado”.
Mientras tanto, afuera de la legislatura unos 100 manifestantes cortaban la calle Mitre en apoyo a los más de 100 obreros que se ven afectados por el cierre del ingenio y que se encuentran bajo convenio del Sindicato de Camioneros. En una arenga cargada de combatividad el diputado mandato cumplido, Jorge Guaymas, dirigente de Camioneros y la CGT Salta, adelantó desde la entrada al palacio legislativo que había “un límite hasta mañana al mediodía (miércoles 6 al mediodía, NdR), porque hay un compromiso legislativo y ejecutivo, de buscar una solución (…) queremos decirle a todos los compañeros en nombre de todos los trabajadores de Salta, camioneros, taxistas y todos los gremios, que vamos a estar hasta las últimas consecuencias, y si mañana no hay una solución ya hemos aprobado y seguramente la CGT aprobará (…) un paro a más tardar el día viernes con movilización de toda la provincia a la capital y al Grand Bourg”.
La trascendencia de los hechos obligó al Gobierno provincial a concretar una reunión con representantes y abogados del Grupo Gloria. La misma se realizó el miércoles al mediodía y desde Grand Bourg emitieron un comunicado donde el Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, declaró que “la reunión fue para saber cómo van las negociaciones. Pedimos celeridad para la resolución del tema, que tomen una decisión de transferencia entre privados y que se realice lo más rápido posible”. Yarade no se privó de señalar que la preocupación del Gobierno provincial es “mantener un marco de tranquilidad para evitar que se entorpezcan las negociaciones”, en referencia a la profana actitud de los trabajadores que rompieron el vallado e ingresaron a la fábrica.
Tras la reunión, no muy distinta a las numerosas reuniones que tuvieron lugar en estos cuatro meses que han pasado desde el 19 de enero, el paro provincial anunciado por un Guaymás encendido y verborrágico directamente se desactivó, posponiéndose para la semana siguiente sin fecha confirmada. Mientras tanto, no se volvió a saber con exactitud ni a quién ni bajo qué condiciones se estaría gestando la venta del ingenio. Lo único que ha quedado claro para la sociedad salteña es que a pesar de todas las adversidades, tanto las explícitas como las implícitas, los trabajadores azucareros han puesto el dedo en la llaga, han profanado el más importante de los mandatos capitalistas: la propiedad privada.
Que este atrevimiento obrero logre transformar lo que parecía hasta ahora una derrota fulminante, dependerá del curso de los acontecimientos y estos estarán estrechamente ligados a la orientación política de la dirección del SOEASI. Deberán elegir entre desgastar por completo las fuerzas que les restan, aislando a los huelguistas que han tomado la fábrica, o desarrollar una campaña solidaria con el San Isidro en perspectiva ya no sólo de una expropiación estatal para garantizar la venta a un privado, sino de poner en funcionamiento la más antigua de las plantas azucareras de Argentina bajo control de sus propios trabajadores.
Patrón pide mano dura
Ante la toma que se inició a principios de semana en la fábrica del ingenio, Hugo Alejandro Pinto, representante legal de la firma Prosal y Emaisa, que también tiene intereses en la industria, presentó un requerimiento a la Justicia para que se ordenase el desalojo y reintegro del inmueble ocupado pacíficamente. Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes, de Verónica Simensen, quien desestimó la solicitud por valorar que no se puede dilucidar si se trata de un hecho delictivo o una medida de fuerza en el marco de un conflicto laboral.
