Para sortear los obstáculos del juez norteamericano Griesa, se aprobó en el senado el cambio de sede de pago de la deuda con los fondos buitres. La oposición votó en contra y allí se encontró J.C.Romero que entre otras cosas, dijo “No conozco a los buitres”.

 El oficialismo logro 39 votos que se impusieron sobre los 27 de la oposición y 2 abstenciones que correspondieron a “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI), que igualmente criticaron el texto finalmente aprobado.

Los 27 votos de la oposición se juntaron de parte de la UCR, el interbloque FAP-UNEN, el PRO y el Peronismo Federal en el que se encuadra Juan Carlos Romero que por twitter iba resaltando lo que denominaba puntos salientes de su discurso: «Más allá de que no nos guste el fallo, Argentina se expuso a esto” (…)»El desendeudamiento es otro mito de esta gestión: hemos pagado y debemos más” (…)»Somos pagadores seriales y defaulteadores seriales, eso es lo que me preocupa»(…) «No conozco a los buitres y espero no conocerlos, este gobierno no esta tratando de mejorar las cosas». Lo que no resaltó Romero es que la postura de la oposición de la que forma parte no planteó un propuesta alternativa a la oficial y con ello avalaba en los hechos lo que ya Mauricio Macri había explicitado: hacer lo que decía la justicia norteamericana, algo que hubiera supuesto una catarata de juicios para el país y algo al que se oponen no sólo fuerzas sociales de nuestro país, sino también estados de otras parte del mundo.

Con respecto al texto de la ley aprobado, algunos de los puntos salientes fueron resumidos por varios medios: “En ejercicio del poder soberano” del país, el primer artículo del proyecto declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en 2005 y 2010, así como “el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al 100 por ciento de los tenedores de títulos públicos”, esto es, tanto a los bonistas que entraron a los respectivos canjes como a los holdouts que litigan contra Argentina.

El objetivo de la norma es “implementar instrumentos legales” que permitan el cobro de la deuda a todos los bonistas, ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos” depositados por el Estado argentina en el Banco de Nueva York el 26 de junio pasado, medida dispuesta por el juez Thomas Griesa. Según el Poder Ejecutivo, este bloqueo es “violatorio tanto de la soberanía e inmunidades” de Argentina “como de los derechos de terceros”, en alusión a los bonistas que se ven impedidos de cobrar esos fondos.

Por eso, el proyecto autoriza al ministro de Economía a remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos S.A., creada para tal fin en el Banco Central de Argentina. No obstante, la propuesta reconoce el derecho de los tenedores de bonos de designar otro agente de otro país que garantice el canal de cobros, incluso Estados Unidos.

Se conoció que este martes, el oficialismo anunció que también incluirá a Francia como otra sede de pago, algo propuesto por el Frente Renovador. Por otra parte, la iniciativa autoriza al Ministerio de Economía a “instrumentar el canje” de los títulos públicos que aún no ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010, entre los que se encuentran los fondos buitre.

En este sentido se crea una cuenta especial en Nación Fideicomisos para que el Gobierno deposite, en las fechas de vencimiento correspondientes, “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios” de los títulos que se emitan en el futuro en reemplazo de aquellos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Según el Poder Ejecutivo, esta cuenta especial se abre “en virtud de la buena fe de Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente conocida como pari passu”.