El Senado provincial aprobó pero con modificaciones la Ley de Fertilización Asistida y por lo tanto devolvió a Diputados el proyecto original. Las modificaciones del Senado restringen y limitan el acceso al derecho de cobertura médica a las parejas que los diputados habían aprobado. (Gonzalo Teruel)
Los simpatizantes de Néstor y Cristina Kirchner repiten, una y otra vez, que la “década ganada” está fundamentada en la ampliación de derechos para todos y todas. Enumeran la incorporación de millones de trabajadores al sistema previsional, la asignación universal por hijo, las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, entre otras iniciativas impulsadas por el kirchnerismo. Aunque no se equivocan, deberán reconocer, no obstante, que esa ampliación de derechos tiene marchas y contramarchas.
Un claro ejemplo de esas -marchas y- contramarchas se dio esta semana en la Legislatura de Salta. El Senado aprobó pero con modificaciones y, por lo tanto, devolvió a Diputados el proyecto de ley de Fertilización Asistida.
El proyecto original contempla, siguiendo a la ley nacional sancionada en junio del año pasado, el derecho universal de toda pareja, cualquiera sea su condición social, a acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Para ello establece que los efectores públicos dependientes del Ministerio de Salud y los prestadores del IPS deben garantizar el tratamiento. Es decir que, como manda la ley nacional, los hospitales públicos deben realizar el tratamiento de aquellas personas que lo soliciten y, en caso que corresponda, el IPS debe cubrir la prestación médica.
El Senado, sin embargo, introdujo modificaciones que restringen y limitan el acceso al derecho de cobertura médica. “La mayor limitación tiene que ver con la cantidad de intentos de fertilización por año”, informó una fuente legislativa. El proyecto de Diputados obliga al Estado a garantizar 4 prácticas para la fertilización de baja complejidad y 3 para la de alta complejidad pero el Senado redujo ese derecho a una y sólo una intervención al año.
Los impulsores de la ley sospechan que la restricción obedece al lobby de las empresas de medicina prepaga y a la falta de interés y voluntad política por parte de las autoridades del IPS, la obra social estatal.
Otros cambios al proyecto inicial son de carácter moral. “Ahora, solo pueden fertilizarse los óvulos destinados a la implantación y no pueden ser más de 3 por intento” denunció la senadora Gabriela Cerrano y explicó que “la cantidad de intentos y los tiempos entre cada uno, los impone la aceptación de cada mujer al embrión hasta que finalmente éste se fija y desarrolla”. “En la práctica no deben ponerse restricciones si efectivamente se quiere proteger el derecho de la mujer infértil a embarazarse”, sentenció la legisladora del Partido Obrero que, al igual que las parejas que reclaman la ley, reclamó que estas decisiones queden a criterio de los pacientes y los médicos.
En el mismo sentido, la creación de una Comisión de Bioética abocada al seguimiento de los avances científicos en la materia e integrada por profesionales de la medicina prevista por Diputados fue modificada para incorporar profesionales de especialidades no médicas. Al respecto, los impulsores de la ley creen que el objetivo de este cambio es establecer a partir de criterios morales y no médicos las técnicas y procedimientos a aplicar y determinar los recursos necesarios.
El proyecto de ley de Fertilización Asistida volvió a Diputados pero no está definido cuando recibirá tratamiento y aprobación definitiva. El reconocimiento del derecho de toda mujer, cualquiera sea su condición social y su posibilidad económica, a acceder a la práctica médica que le permita embarazarse todavía está pendiente en Salta.
La resistencia a ceder terreno en un negocio altamente rentable por parte de la corporación médica y las dudas morales de buena parte de la dirigencia política demoran el acceso, contemplado ya en la ley y la jurisprudencia nacional, a un derecho fundamental para toda pareja y para toda mujer salteña.
