Tres años pasaron para que decidieran poner en marcha este Comité que había sido resolución del ex Procurador General, Pablo López Viñals en 2016 y hoy juez de corte. (Andrea Sztychmasjter)
A pesar de encontrarse en estado de emergencia social por violencia de género desde 2014, Salta hasta el año pasado no contaba con un registro oficial de femicidios que dé cuenta de la situación en la que vivían las víctimas y de los avances de las causas contra los femicidas. Pese a que en 2016 a través de facultades otorgadas por la Ley 7690, y por resolución, el Procurador General, Pablo López Viñals, creaba el “Comité de Evaluación de Femicidios”, que según informaba en aquel entonces, ya contaba con un equipo de trabajo integrado por el fiscal de la Unidad GAP (Graves Atentados contra las Personas), Ramiro Ramos Ossorio; la fiscal de Violencia Familiar y de Género 1, Claudia Noemí Geria; los Auxiliares de Fiscalía, Analía Elízabeth Alisio y Marianella Sánchez Hulet; y las licenciadas Viviana Guijarro Cárdenas y Daiana Alanis.
El Comité en cuatro años no fue efectivizado pese a que las muertes de mujeres siguieron sucediendo, recién esta semana y luego del cambio en la dirección de la Procuración anunciaron el equipo que integrará lo que ahora fue denominado como “Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género”.
Según describieron “será responsable, entre otras acciones, de elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, además de trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios, todo ello conforme las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes”.
Las integrantes
El Procurador, Abel Cornejo, es quien preside el Comité, y cuya coordinación está a cargo de la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, quien se desempeñaba anteriormente como “abogada auxiliar del Poder Judicial” y quien en 2014 se sumó a dar su adhesión a Cornejo como juez de corte.
Estos a su vez y según la información oficial convocaron a mujeres que trabajan, cada una desde sus especializaciones, en la “temática”. Allí aparece la histórica referente de la Comisión de Familiares contra la impunidad y presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández, critica constante de los mecanismos de la justicia salteña para perpetuar la impunidad y para ocultar los femicidios. Ana mencionó sin embargo que considera que este Comité de Femicidios ayudará a transparentar la justicia.
Al Comité además lo integran las fiscales penales, Ana Inés Salinas Odorisio y Claudia Geria. Luego de asumido Cornejo, Odorisio junto a Gustavo Torres Rubelt reemplazaron a quienes venían desempeñándose como fiscales de UGAP Pablo Rivero y Ramiro Ramos Ossorio en el aun impune femicidio de Jimena Salas. En tanto Geria desde 2015, se desempeña como Fiscal de Violencia Familiar y de Género
a cargo de la Fiscalía Penal N° 1.
Otra de las integrantes será la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración y periodista Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi recientemente cuestionada por permitir participar a la abogada mediadora Natalia Wayar en una capacitación sobre violencia de género donde terminó acusando a las propias mujeres de violentas. Descripción aparte merece resaltar la actitud que tuvo la funcionaria Iradi cuando al leer una nota donde reflejábamos la terrible situación de que alguien como Wayar, sin capacitación alguna en la “temática”, brindará una charla nada menos que a policías, llamara personalmente a quien escribió la nota y muy enojada gritara, intentando explicar que ella no era responsable, de lo que fue responsable.
Otra de las integrantes será la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca; a quien señalaron por intentar acomodarse antes que el gobernador Urtubey termine su mandato, para ocupar los cargos de Asesor de Incapaces Nº 5 y 8.
También formaron parte las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos, cuestionada por su candidatura acompañando al concejal Martín Del Frari señalado por sus propias compañeras como acosador y Ana Pérez Declercq; además estará la abogada Yesica Montagna de la Fundación Innocence Project.
Copia, copia que algo queda
Recientemente alguien analizando los proyectos que tanto desde el Ejecutivo como concejales, diputados y senadores de Salta presentan, dedujo algo cierto: pareciera que se abocan a buscar en otros países proyectos para copiarlos y después ponerlos en práctica en nuestra provincia.
En tal sentido, y tal como lo informó el ex procurador al anunciar hace unos años este Comité, “la idea” se tomó como modelo a seguir de una experiencia que se desarrolla en ciudades de Estados Unidos “donde se han constituido comités para la evaluación de casos de violencia en los que se verifica la muerte de la víctima en contextos de violencia doméstica para aprender del pasado y obtener futuras respuestas institucionales de prevención de mayor calidad, experiencia ésta que cabe imitar en nuestro medio”, definía la resolución que en 2016 proponía este comité “especializado”.
