Mientras Salta sigue a la cabeza de las provincias con mayor cantidad de casos de femicidios, por resolución del Procurador General, Pablo López Viñals, se creó el “Comité de Evaluación de Femicidios”. La medida reconoce la responsabilidad estatal en el “resultado fatal”.
El Comité de Evaluación de Femicidios ya cuenta con un equipo trabajo. El mismo estará integrado por el fiscal de la Unidad GAP, Ramiro Ramos Ossorio, la fiscal de Violencia Familiar y de Género 1, Claudia Noemí Geria, los Auxiliares de Fiscalía, Analía Elízabeth Alisio y Marianella Sánchez Hulet, y las Licenciadas Viviana Guijarro Cárdenas y Daiana Alanis.
Además informaron que ya se extendió una invitación formal al Observatorio de Violencia contra la Mujer, como así también se espera la integración de un representante de la Unidad de Análisis Estratégico del Delito.
El Comité de Evaluación de Femicidios, el cual estará integrado por fiscales y auxiliares penales de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas y de Violencia de Género, como así también por un equipo interdisciplinario, fue creado en función de las facultades otorgadas por la Ley 7690, y por resolución, el Procurador General, Pablo López Viñals.
La medida es una copia de experiencias desarrolladas en Estados Unidos.
Será un instrumento, según señalaron, a partir del cual se pretende estudiar los casos ya registrados a fin de recomendar el ajuste de medidas preventivas, como así también poner en prácticas nuevos protocolos.
Al argumentar la necesidad de poner en marcha este comité, el Procurador sostuvo que “que la violencia contra la mujer constituye un fenómeno que por su caracterización como violación a los derechos humanos ya definida en tratados internacionales a los que la Argentina está adherida, ha sido especialmente enfocado desde el Estado provincial como un problema de atención prioritaria, lo que demanda que a su respecto se adopten todas las medidas necesarias para optimizar la intervención que cabe cumplir en esta materia a cada uno de los organismos estatales competentes.”.
En ese contexto, remarcó que “al Ministerio Público Fiscal le concierne la investigación y persecución de los casos de violencia contra la mujer constitutivos de delitos penales y especialmente la protección de las víctimas, por lo que en este ámbito institucional deben adoptarse todos los recaudos para que dichas funciones se cumplan de la mejor manera posible, mancomunando esfuerzos y reuniendo recursos e informaciones disponibles”, informó el sitio de fiscales penales de Salta.
“Cabe considerar que la mayor parte de los femicidios constituyen la culminación de procesos de violencia ya sometidos a la consideración estatal, donde los mecanismos de prevención no han podido evitar el resultado fatal”, reconoció el Procurador.
Recordemos que López Viñals ya había sido cuestionado por organizaciones de mujeres. López Viñals había presentado un escrito ante la Justicia en el que solicitaba rechazar la demanda en ese caso presentada por el Foro de Mujeres, que solicitaba la realización de un aborto no punible a una menor embarazada producto de una violación. El consideraba que el pedido se basaba en argumentos “conjeturales e hipotéticos”.
El procurador y el gobernador de la provincia compartieron la misma frase “evitar casos fabricados” y con esa idea justificaron las trabas impuestas y el no cumplimiento al Fallo de la Corte sobre abortos no punibles.
