Tanto Juan Romero como Santiago “el indio” Godoy son denunciados por quedarse con tierras de manera ilegal. El caso de La Cienaga en San Lorenzo y Tolloche en Anta muestran la impunidad del poder para hacerse de tierras sin la criminalización de los medios y la anuencia de la Justicia.  Andrés Moro

Las ocupaciones de terrenos no son solo exclusividad de las clases humildes.  Un puñado de familias poderosas de Salta se ha quedado con importantes porciones de tierra sin la mínima condena social ni jurídica.

Un caso emblemático es el negociado realizado por Juan Romero con las 90 hectáreas en La Ciénaga, compradas para viviendas de Familia Propietaria, en el año 1998. Las tierras fueron adquiridas al precio de 1.100.000 (pesos- dólares)  y tras una serie de pasamanos, y no sin antes haber construido una autopista para el acceso, fueron (prácticamente) regaladas por la ridícula cifra de 24.000 (dólares) en el año 2009, a una firma vinculada a Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador y actual senador nacional. En los terrenos nunca se construyeron viviendas populares sino que fueron utilizadas para barrios privados.

La causa tiene más de una decena de imputados, entre ellos a Juan Romero, su hijo Juan Esteban, familiares, funcionarios de su gobierno y amigos.

Pese a las pruebas, los jueces Ramón Medina y Guillermo Poliotto, jueces cercanos al presidente de la Corte, Guillermo Catalano, resolvieron que la causa por la apropiación y venta ilegítima de terrenos tenía que volver a fojas cero. “La Ciénaga”, entonces, quedó durmiendo en los cajones del Ministerio Público Fiscal.

Tolloche

El caso de la apropiación de lotes en el paraje Tolloche, ubicado en el departamento Anta, involucra a Manuel Santiago “el  Indio” Godoy.  Se trata de una muestra más de un negocio redondo: comprar barato y vender caro.

Según informó El Tribuno en el año 2011, el cuñado de Godoy, asesor en ese entonces de la Cámara de Diputados y apoderado del Partido Justicialista, Luis Alberto Díaz, fue protagonista de un fraude monumental.

Según la cédula parcelaria de la matrícula 12449 de Tolloche, Díaz recibió 445 hectáreas el 26 de noviembre de 2007, con una hipoteca de $50.000, y las vendió a un santafesino (Antonio Cristian Fenosa) por $180.000 un año y medio después a pesar de que el decreto de la adjudicación prohibía enajenar esas tierras por 10 años.

El pariente del indio nunca vivió en la zona pero, evidentemente, por sus contactos con el poder se habría apropiado de las tierras. “El cuñado de Godoy es un desconocido en esas tierras”, declararon a El Tribuno puesteros de la zona. Pese a que nadie lo conoce en el sur provincial, Díaz mintió  en la escritura que firmó en noviembre de 2007 donde aseguró vivir “desde siempre” en la fracción que recibió en Tolloche.

También declaró su estado civil como “soltero”, cuando está casado desde el 12 de enero de 1978 con Graciela Godoy, la hermana del titular de la Cámara baja, con quien reside desde siempre en la capital salteña.

Luego del escándalo por la apropiación de tierras, los lotes sospechados fueron desajudicados.

Dejando en claro que los negocios del poder político tienen la ventaja de no ser investigados ni juzgados, ni mucho menos, estigmatizados como usurpadores, como suele ocurrir cuando los más humildes toman un pedazo de tierra para vivir.

¿Quiénes son los verdaderos okupas?

Las tomas de terrenos, no es un hecho espontáneo, sino el reflejo de una realidad que, cada tanto, los sectores más humildes buscan como una vía para salir de la precariedad en que permanecen por no tener a un vivienda propia. Esta carencia suele llevar a que más de una familia convivan hacinadas en una misma casa anexando habitaciones en busca de un espacio íntimo con todas las dificultades que implican. Por otro lado, la pandemia y sus efectos ha dejado en evidencia los graves déficits que hay en la provincia, ya sean, falta de trabajo estable o el declive de la economía que provoca que muchas personas no puedan sostener gastos de alquiler o del sustento diario.

Los registros del Instituto provincial de la Vivienda (IPV) y las estadísticas del INDEC dan cuenta de la crisis habitacional. Según relevamientos oficiales, hasta el año pasado, Salta tenía un déficit superior a las 70.000 viviendas, cifra que, teniendo en cuenta la expansión demográfica, debe haber quedado muy atrás. Más allá de los anuncios que se dan en materia habitacional, estos no suelen ser suficientes ni de fácil acceso para el grueso de la demanda. Situación que desenlaza en la proliferación de asentamientos.

Por lo que, si tomamos a rigor las estadísticas, la idea de que los usurpadores son vagos oportunistas y gente de mal vivir que, a partir de su ocio delictivo, deciden hacerse de una propiedad, queda como un argumento falaz y mal intencionado de un poder que siempre criminaliza a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Aventurarse a una toma conlleva el hecho de permanecer durante largo tiempo bajo condiciones hostiles, sean por clima, terreno, falta de servicios, accesos, y la precariedad de lo que se habite como vivienda a espera de futuros proyectos de urbanización, que normalmente suelen postergarse en los barrios marginales. Tampoco se puede desestimar que, en muchos casos, se trata de familias con la carga de menores desprovistos de una buena alimentación y vestimenta. Por lo cual sería muy simplista y superficial dar sentencias despectivas sobre ellos, sin tomarse el mínimo tiempo de analizar de manera objetiva los motivos esenciales que los movilizan.

El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y el estado debe garantizarlo e instrumentar formas para satisfacer esas demandas.

Esto no significa que se deba asumir que ello prescinda de costos. En todo caso deben adoptarse a la capacidad adquisitiva de las personas, si se ofrecieran soluciones de manera inmediata. Pero la acción del gobierno apunta a los operativos de  desalojo a modo de un mensaje claro de cuáles son los intereses que se defienden. Incluso yendo en contra de reglamentaciones como las propuestas en 1976 por la agencia de hábitat de las Naciones Unidas que compromete a los Estados al no desalojo de los asentamientos populares y plantea radicarlos y ayudar a los habitantes a construir sus barrios y viviendas. En Argentina existen desde 1983 políticas de radicación de villas y asentamientos. Algunas normas claves que podemos mencionar son la que en 1991 dieron origen a la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales (Programa Arraigo), que regularizaba dominialmente las ocupaciones en tierras fiscales nacionales (luego fue cambiando el nombre del organismo a cargo).

En la provincia, como en el resto del país, existe un déficit una aguda crisis habitación y las tomas o ‘usurpación’ son un fenómeno que responde a esta realidad, más allá de cualquier agrupación o movimiento que los administre puesto que nada de esto sucede de manera espontánea. Quedará entonces el debate sobre las circunstancias en que esos terrenos privados fueron adquiridos por sus dueños, sabiendo también que, existen apropiaciones de grandes porciones de tierras como hicieron los Echevehere en Entre Ríos, en disputa por estos días. En todo caso, debemos decir que, los latifundios y sus terratenientes se hicieron a base de expropiaciones, usurpaciones y hasta genocidios que beneficiaron a un puñado de familias que hasta hoy conservan el título de propietarios, como ocurrió en la mal llamada conquista del desierto del Gral. Roca a costa de miles de nativos muertos. ¿Por qué cambiarían entonces ahora los métodos

 

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