El Concejo Deliberante de Molinos fue evaluado por la Auditoria que detectó irregularidades de funcionamiento que, al lado de las condiciones en la que trabajaban los tres concejales, convierten a estos en protagonistas épicos que luchan solitariamente contra intendentes decididamente malos. (Daniel Avalos)
La misión de los auditores era simple: evaluar la ejecución presupuestaria del Concejo Deliberante del departamento de Molinos entre los años 2010 y 2011. Del examen realizado se determinó que ese Concejo “evidenció un relativo y acotado cumplimiento de la legislación vigente”. La ambigüedad del dictamen estuvo influenciada, entre otras cosas, porque a los técnicos declaraban que era difícil emitir opinión ante la falta alarmante de documentación que posibilitara un correcto análisis. Los auditores, por ejemplo, redactaron doce observaciones en donde advertían, entre otras cosas que el concejo carecía de reglamento interno, registraba mal el carácter de las reuniones que protagoniza sin que nunca quedase claro si las mismas eran sesiones preparatorias u ordinarias, o que no registraba el control de asistencia de los mismos concejales a esas reuniones. A todo eso, se le sumaba que el mismo concejo carecía de archivo que asegure la recopilación y guarda de los textos originales de las ordenanzas, decretos, resoluciones o documentos públicos, y hasta los legajos personales de los concejales.
Hasta allí, todo parecería indicar que nos encontramos ante un caso más de esas gestiones municipales en donde las irregularidades de todo tipo son la regla; que el departamento ejecutivo a cargo del Intendente de Molinos y los tres concejales, están acostumbrados a manejarse con total impunidad. Pero no. Si uno observa las condiciones en la que se desenvolvieron estos últimos uno se inclina por disculparlos. Y es que los auditores informaron que esos concejales “llevan a cabo sus tareas en un ínfimo espacio físico -habitación única de madera de 2 mts x 3 mts a 3,50 mts aproximadamente- con claras muestras de hacinamiento, atento a carecer de condiciones mínimas de comodidad por resultar muy pequeño el recinto”.
Eso no era todo. También se constató que el Departamento Ejecutivo vetó al Concejo deliberante “la posibilidad de designación o afectación de un Secretario Administrativo”. Pero hay más, porque a continuación los auditores agregaron que “a las circunstancias descriptas debe agregarse la carencia de mobiliario acorde al desempeño de su labor, los únicos existentes a simple vista se componen de una mesa de plástico de jardín y 3 o 4 sillas, junto a un pequeño armario de pocos estantes; además una máquina de escribir Olivetti en desuso y una mesa pequeña de madera utilizada como repisa”. Para rematarla, se deja constancia que la intendencia vetó la Ordenanza Nº 7/10 que disponía la creación de una caja chica de $ 4.000,00 destinada a útiles de oficina, papelería, etc. El veto del intendente se realizó a través de la Resolución Nº 28/10.
Los patriotas concejales que buscaban tener un secretario y una caja chica de $4.000 eran Santos Esteban Alancay, Delia Sandoval y Víctor Hugo González. Cuando se enteraron que el intendente vetó la iniciativa, demostraron que además de patriotas eran también determinados e insistieron. La sana terquedad tuvo sus resultados y el ejecutivo municipal resolvió a partir del mes de julio/10 cumplir la ley. Sí… cumplir la ley y depositar en la cuenta bancaria que el Concejo Deliberante indicara el 3,00 % establecido en la Ley Nº 6.832, dentro de las 48 horas posteriores a que Tesorería de la provincia deposite en la cuenta corriente municipal los conceptos sobre los que se aplica dicho porcentaje. Acá empezó el otro calvario. El cuerpo deliberativo recién pudo contar con cuenta bancaria en el mes octubre del 2010.
Mientras tanto correspondió al ejecutivo la liquidación, pago de dietas y otros gastos. En agosto y setiembre, por ejemplo, el ejecutivo emitía cheques, el Presidente del Concejo se encargaba de cobrarlos en Cachi y distribuir los fondos en partes iguales entre los integrantes del cuerpo, registrar la recepción del pago mediante recibos y sin que nunca nadie se beneficie de los aportes y contribuciones obligatorias del régimen previsional y de seguridad social vigentes.
