Una cantidad incalculable de horas extra del personal policial son computadas como «recargo de servicio» cuando deberían ser abonadas como adicionales. Bajo esta modalidad los efectivos no cobran un sólo peso y podría ser el detonante de estafas como las de Saulo o Rios & Asociados.
Por: Nicolás Bignante
El accionar de dos financieras insolventes se encuentra bajo la mira de la justicia local luego de que decenas de inversionistas se toparan con que sus ahorros habían sido confiscados. La mayoría de ellos eran -por razones que aún se investigan- miembros de la policía de Salta. Se trata de Ríos & Asociados y Saulo Capital SRL, empresas que prometían enormes retornos en tiempo récord a inversores incautos.
A días de que comenzara la investigación, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) ordenó supervisiones en el departamento de Adicionales de la policía de Salta. Más tarde llegarían las detenciones y las primeras hipótesis en torno a que el dinero involucrado provendría de la denominada «caja azul».
A pesar de las múltiples acepciones que el término ofrece, las miradas se posaron exclusivamente en una: El volumen recaudatorio de la institución azul en materia de pagos por adicionales. Esto es, el dinero que ingresa por la contratación de efectivos para la cobertura de actividades privadas con fines de lucro.
La custodia de entidades bancarias, la seguridad en locales bailables o carpas, los operativos en partidos de fútbol y la presencia en festivales folklóricos, son algunas de las actividades por las que sus organizadores deben abonar cuantiosas sumas en las oficinas de la comisaría primera, sita en Dean Funes y Gral. Güemes.
Un servicio adicional es equivalente a cuatro horas de trabajo, por lo que no todas las actividades privadas pueden afrontar completamente el pago del servicio. El costo de los adicionales se mide en Unidades Fijas (UF) equivalentes al precio de venta al público de un litro de nafta. Dependiendo de si el servicio solicitado es de suboficial común o de suboficial extraordinario, la hora del adicional cuesta 5 o 6 UF. Una vez determinado el costo, por la actividad administrativa que se dispensa y por la utilización de elementos (matafuegos, autobombas, canes, equinos, etc.), la institución policial añade otro 13% adicional. De manera que, en los papeles, casi el 90% de lo abonado por privados debe ir a los bolsillos de los efectivos y el porcentaje restante a la institución policial.
Adicionales vs. Recargo de servicio
El régimen de horas extras de la provincia de Salta y de casi todo el país se basa en el sistema de horas POLAD (Servicio de Policía Adicional) y horas CORES (Compensación por Recargo de Servicio).
El decreto 547/18 define a las primeras como la «función de seguridad y vigilancia que el personal policial cumplirá en ocasión de encontrarse franco de servicio como una continuación del servicio ordinario (…) con la finalidad de mantener el orden público y con la previa designación de la oficina pertinente». Se trata, como se dijo, de contrataciones por parte del sector privado, siempre y cuando medien fines de lucro.
Las horas CORES, en cambio, son aquellas en las que el personal tiene que continuar trabajando indefectiblemente porque no terminó el servicio. Para estos casos, la reglamentación indica que los policías no pueden abandonar su puesto hasta que termine el operativo. Se trata de un recargo que no es retribuido directamente, sino que integra el salario policial como ítem no remunerativo, de manera que no existe un pago por el cumplimiento de esas horas extra.
Esta modalidad se aplica en casos en los que no existe una actividad privada con fines de lucro, tales como manifestaciones, cortes de calle o desfiles. Para el ideario policial, las procesiones y manifestaciones de la Iglesia Católica encuadran en esta definición (aunque sobran los artículos publicados por este medio que podrían relativizar esa noción), por lo que los agentes afectados no perciben un sólo peso extra.
La existencia de esta modalidad fue motivo de presentaciones judiciales y pedidos de inconstitucionalidad en todo el país.
La confusa línea
Algunos testimonios recogidos por Cuarto Poder dan cuenta que, en el último tiempo, fueron muchos los agentes que cumplieron con recargos de servicio en actividades privadas y con fines de lucro. Hablamos de efectivos que debieron continuar con su trabajo fuera del horario habitual en locales bailables o sucursales bancarias sin percibir una remuneración extra como correspondería.
Esta realidad engloba dos posibilidades: O el estado subsidia la actividad privada con trabajo impago o la policía de la provincia evade el pago de adicionales haciéndolos pasar como horas CORES.
Sobre esta última hipótesis se asientan las investigaciones en torno al caso Ríos & Asociados que esta semana tuvo un nuevo detenido, un comisario retirado que habría intentado esconder el dinero en efectivo de la financiera antes de los allanamientos a la sede.
Testimonios
S.G. trabaja como guardia en Casa de Gobierno y contó que, en más de una oportunidad, fue afectado a la seguridad de un boliche de la zona de la terminal. Ya había cumplido horas como adicional en otros locales bailables anteriormente, pero en estos casos, esas horas le fueron solicitadas como recargo de servicio. «La verdad es que no podemos negarnos, pero es una actividad privada, ¿Qué tiene que ver con las horas de servicio? Nosotros creemos que los empresarios si pagaron esas horas, entonces ¿A dónde fue a parar lo que nos corresponde?», se preguntó.
Por su parte, J. M. fue convocado recientemente para cubrir un encuentro disputado por Central Norte en el Martearena. Mientras algunos de sus compañeros lograron cobrar esas horas como adicionales, él y varios más estuvieron afectados al evento de manera gratuita. «De los casi 200 policías que estuvimos en el operativo, uno 50 habrán ido como adicionales pagados por el club. El resto fuimos de balde. No es justo porque hay una discriminación tremenda, nadie sabe cómo se asignan realmente los adicionales», se lamentó.
Desde el área de Comunicación de la Policía de Salta reconocieron que, en el caso de los eventos deportivos, hay una suerte de «entendimiento» de la situación económica de los clubes; por lo que una buena parte de la seguridad se cubre con horas de servicio. «La policía pone su mejor esfuerzo para que el partido se lleve adelante, absorbiendo un gran porcentaje con policías de recargo», manifestaron a este medio.
Esa proporción es, por lo general, de 80/20. Es decir, de cada 10 policías presentes en un operativo futbolístico, 8 están cumpliendo con recargo de servicio y sólo 2 cobrarán el adicional pagado por los clubes. «En un partido de Gimnasia y Tiro, por ejemplo, trabajan alrededor de 240 policías. De ellos, 70 son adicionales», afirmaron desde Prensa de la Policía.
Curiosamente, desde hace algunos meses los clubes del Federal A vienen reclamando que los aportes mensuales del Gobierno de la Ciudad (alrededor de $1,5 millones) no alcanzan siquiera para pagar los adicionales de los partidos que juegan de local. Sólo en mayo, el «Cuervo» depositó en las oficinas de la comisaría primera $1.989.000,00 correspondientes a 180 adicionales por encuentro. Los reclamos perduran y las cuentas… siguen sin cerrar.
