La secretaría de Seguridad prepara una megalicitación de cámaras de videovigilancia que se sumarán a las mil ya existentes. Por los nuevos chiches la provincia pagará alrededor de 20 millones de dólares. Entretanto, se reabren debates en torno al espionaje de estado y el derecho a la privacidad.
En abril de este año, un fallo judicial suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de la Ciudad de Buenos Aires por considerarlo violatorio de la privacidad y la intimidad de las personas, además de ser capaz de ejercer discriminación. Un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó que el gobierno de Larreta usó en forma ilegal el sistema de escaneo facial que se implementa a través de las cámaras que están en la vía pública.
La investigación también detectó que el Ministerio de Seguridad porteño incluyó como prófugos de la justicia a por lo menos 8045 personas que no se encuentran registradas en la Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas). Entre ellos había periodistas, dirigentes sociales y políticos. A pesar de la batería de apelaciones presentadas por el gobierno porteño, hace dos semanas la justicia volvió a ratificar el fallo y es apenas una muestra de lo que sucede con una inmensa base irregular que se armó con datos biométricos.
El profundo debate desatado en CABA contrasta violentamente con la pasividad con la que la provincia de Salta abordó la temática en 2018, cuando se adquirieron 10 aparatos de escaneo facial que al día de hoy siguen funcionando.
La provincia se convirtió por entonces en una de las seis jurisdicciones que utiliza esta tecnología profundamente invasiva y, en cuatro años de funcionamiento, apenas se conoce de la detención de una persona con pedido de captura: Una mujer de 21 años detenida en 2019 por comercialización de droga.
A pesar del enorme hermetismo en torno a la ubicación de las mismas, se pudo saber que la tecnología de escaneo facial adquirida en 2018 se concentra exclusivamente en la Capital. Precisamente en el penal de Villa Las Rosas, el estadio Padre Ernesto Martearena, la terminal de ómnibus, el Cabildo histórico y las peatonales céntricas.
Desde su implementación a la fecha, esta enorme ingeniería de vigilancia, rara vez contribuyó a la resolución de delitos complejos. Por el contrario, hoy se parece más a un enjambre de aparatos al servicio del código de contravenciones. Toda una ingeniería estatal volcada a detectar “actitudes sospechosas”, trifulcas callejeras y otros ilícitos de menor rango.
Biometría: El juguete del poder
El reconocimiento facial es una tecnología biométrica que permite reconocer e identificar a las personas mediante los rasgos de su rostro. Si bien hay ciertas aplicaciones del reconocimiento facial que son útiles, esta tecnología se extiende cada vez más en Argentina como una herramienta de vigilancia y control. El uso indiscriminado, más la ausencia de una regulación apropiada y precisa está poniendo en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, el disfrute del espacio público y el normal desarrollo de la vida en sociedad.
Los datos biométricos son datos personales sensibles y se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, los que provienen de las características físicas y fisiológicas: las huellas dactilares, los rasgos faciales, el ADN, el iris, la retina, la forma de una parte del cuerpo como la mano o la oreja, e incluso el mapa de nuestras venas. Por otra parte, los que se refieren a ciertas características del comportamiento, como son la voz, la firma, el modo de andar o de escribir en un teclado.
La biometría es un proceso de probabilidades, por lo que una vez que el software encuentra una potencial coincidencia, arroja un porcentaje que define qué tan probable es que corresponda a la misma persona. En Gran Bretaña en 2022 fueron detenidos ocho sospechosos por identificación facial pero solo uno correspondía con un prófugo buscado. Hubo un 86 por ciento de falsos positivos.
Un caso conocido en Argentina fue el de Guillermo Ibarrola, detenido en Retiro, por supuesto robo agravado cometido en 2016 en Bahía Blanca. Había 23 personas con el mismo nombre, en el sistema de prófugos pusieron su DNI y no el de la persona buscada. El hecho es que terminó en la cárcel.
Por este y otros tantos motivos, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lanzó hace algunos años la campaña «Con mi cara No», orientada a advertir sobre los riesgos de la vigilancia biometrica: Uso encubierto o sin consentimiento de la población, inversión de la carga de la prueba, discriminación, posibilidad de filtraciones o hackeos a la base de datos y ausencia de regulación sobre garantías ciudadanas, son algunos de los peligros enumerados en la web oficial de la ONG.
Vigilar también es negocio
Increíblemente, aun no se sabe cuántas de las cámaras existentes funcionan y cuántas no. La información fue solicitada en reiteradas oportunidades por la legislatura, pero no hubo respuestas. Así y todo, la secretaría de Seguridad llamó a una megalicitación para la compra de casi 700 nuevos aparatos.
El servicio a concesionar es una Red de Transmisión de Datos para el Sistema de Monitoreo de la Policía de la Provincia de Salta que actualmente está adjudicado a la empresa NUBICOM SRL.
A pesar de la escasa difusión que tuvo la convocatoria, se supo que el objetivo de la compra es: «actualizar, cambiar tecnológicamente, modernizar, y ampliar los sistemas existentes», por lo que se incorporará:
– Un nuevo SW de monitoreo para la reutilización del equipamiento existente (1200 cámaras)
– La modernización de los centros de monitoreo CVV y la incorporación de 2 nuevos CVV
– La compra y conexión del 500 cámaras + 100 cámaras portátiles + 60 cámaras para móviles policiales
– Un nuevo SW para el sistema de Gestion de Emergencias 911
– La incorporación de 83 licencias y puestos de trabajo
– La desfuncionalización de los sitios de transmisión que hay actualmente
– El agregado de 5 sitios nuevos en el interior de la provincia
– La compra y conexión del 500 equipos de radio de mano (Handy) y 200 radios para móviles vehiculares
– Mantenimiento preventivo correctivo de los 3 sistemas x 5 años
Herencia «U»: Una tradición de incumplimientos
En 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, se firmó un convenio con la empresa Telmex, del magnate multimillonario mexicano Carlos Slim. Telmex debía hacerse cargo de la conexión de organismos públicos, además del servicio de videovigilancia instalando 1.100 cámaras, de las cuales finalmente estuvieron operativas 867. Esta situación derivó en la rescisión del contrato y la empresa acabaría cobrando solo 18 millones de dólares de los 53 previstos.
Con la llegada de la administración Sáenz se realizaron auditorías en el Ministerio de Seguridad y se detectaron incumplimientos por parte de la empresa Datandhome, que estaba a cargo del servicio desde 2018. «Tenía una contratación de 16 millones de dólares. Cuando fue auditado la contratación llevaba un año de incumplimiento. Ellos tenían 320 días para tener el sistema funcionando al 100%», detalló por entonces el exministro Juan Manuel Pulleiro.
A pesar de que se habían contratado 1400 cámaras, se habían instalado apenas 1.225 y funcionaban en 2019 el 75 por ciento de ellas. Aún con las millonarias licitaciones del urtubeycismo, el número de cámaras operativas es, al día de hoy, el mismo que dejó funcionando Telmex.
