Un reciente informe de la Auditoría General de la Provincia confirma el absoluto desapego de los funcionarios a las más elementales normas de transparencia y control público. Y, sobre todo, la escasa eficacia de los organismos de control. G.T.
El informe se realizó el año pasado y versa sobre el cumplimiento de los funcionarios con cargos jerárquicos de los ministerios de Trabajo y de Cultura y Turismo a los mandatos de la Ley 3.382 y su modificatoria 6.547 respecto de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales en el año 2013.
El objetivo de los auditores fue relevar cuántos funcionarios presentaron su declaración jurada ante la Escribanía y qué hizo ésta en caso de detectar incumplimiento. El resultado, a primera vista, es satisfactorio: el 80% de los funcionarios cumplió con lo que le manda la ley. Pero el incumplimiento, de un 20%, de funcionarios jerárquicos es tan alto como inaceptable.
La Ley 6.547 establece que debe presentar su declaración jurada de bienes “toda persona que desempeñe funciones de gobernador y vicegobernador de la provincia, ministro del Poder Ejecutivo, magistrado judicial, legislador, secretario general de la gobernación, secretario y subsecretario de Estado” y añade que “los titulares de los distintos poderes (…) podrán extender las obligaciones a empleados y funcionarios no expresamente comprendidos en la misma”. En la práctica, dentro del Poder Ejecutivo, están obligados a presentar su rendición de bienes los ministros, secretarios, subsecretarios y coordinadores.
“Los funcionarios obligados en los ministerios suman veinticinco personas, perteneciendo diecisiete a Trabajo y ocho a Cultura y Turismo” detalla el documento de auditoría y añade que “desde el 31 de diciembre de 2013 fecha de culminación del periodo auditado y hasta el 13 de enero de 2015 fecha de finalización de las tareas de campo, se protocolizaron las declaraciones juradas patrimoniales de veinte funcionarios”. Triste: 25 funcionarios tenían que informar sus bienes y sólo lo hicieron 20. Mucho más triste: la Escribanía no supo, no pudo o no quiso hacer cumplir la ley a los 5 rebeldes.
Así lo reseña el informe “el Director General de Comunicaciones y el Jefe de Programa de la delegación San Martín del Ministerio de Trabajo, no presentaron declaración jurada a pesar de haber sido invitados e intimados (…) el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo no presentó declaración jurada, habiendo sido solamente invitado (…) el Director Titular de la Orquesta Sinfónica y el Director del Departamento Vocal y Coral del Instituto de Música y Danza, no presentaron declaraciones juradas y el ente auditado tampoco los invitó ni intimó”.
Los funcionarios mencionados son Mariela Barraza, Franco Gustavo Cardozo y Pablo Rafael Alavila en la cartera de Trabajo y Jorge Lhez y Luciano Garay en la de Cultura y Turismo.
A continuación, el reporte de Auditoría se vuelve desopilante y consigna en tablas y gráficos de barra los porcentajes de cumplimiento e incumplimiento de la ley del 80% y 20%, respectivamente. Más aún cuando realiza una decena de “observaciones” al trabajo de la Escribanía. Falta de sellado, falta de firmas, formularios con espacios en blanco, y falta de precisión sobre el motivo (asunción o renuncia) de la presentación son algunos de los vicios detectados por los auditores.
Aunque a primera vista el resultado es satisfactorio (con un cumplimiento del 80%) la verdad es que el trabajo de la Escribanía a cargo de la siempre amable Graciela María Galíndez es muy pobre: tenía que reunir 25 declaraciones juradas y sólo consiguió 20 de las cuales unas 10 tienen defectos que no fueron oportunamente corregidos.
Siempre igual
El antecesor de Galíndez, el bate Víctor Manuel Fernández Esteban fue removido de su cargo el año pasado tras la publicación de un artículo de Cuarto Poder también sustentado en un informe de la Auditoría.
En aquella oportunidad este semanario informó que “de los 86 salteños y salteñas elegidos por la ciudadanía en 2011 para ejercer la primera representación vecinal, es decir para desempeñarse como concejales o intendentes, apenas 50 cumplen con la ley 3.382 y (su modificatoria ley 6.547) respecto de las declaraciones juradas patrimoniales”. “En efecto, de acuerdo a un informe realizado por la Auditoría General de la Provincia en la Escribanía de Gobierno, sólo 10 de los jefes comunales elegidos en 2011 y 40 de sus respectivos ediles presentaron la Declaración Jurada”, puntualizó.
Y recordó que “no es la primera vez que Víctor Fernández Esteban es observado por los auditores (…) en el informe publicado el 3 de enero del año 2013, por ejemplo, los auditores también evidenciaron cumplimientos paupérrimos” y enumeró que de 158 intendentes y concejales electos entre 2007 y 2009 sólo 19 habían cumplido con la ley.
Esta incapacidad para hacer cumplir la ley a los funcionarios le costó el año pasado la renuncia a Fernández Esteban. No parece ser éste el caso, dentro de 10 días con el titular de la Auditoría, Oscar Salvatierra, como anfitrión Salta recibirá un sinnúmero de auditores y especialistas en control de la hacienda pública que participarán del 23° Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas y de unas Jornadas Internacionales de Control Externo de la Administración Pública y un escándalo en un organismo de contralor y legalidad ensuciaría la imagen de la provincia.
