Si el menemismo vendió las joyas de las abuelas privatizando empresas públicas; el macrismo se deshace de sus propiedades. La transferencia de la Palúdica al municipio se enmarca en esa política impulsada por Ramón Lanús. Desde la Casa Rosada buscan aminorar gastos. (Daniel Avalos)
Entre el miércoles y jueves de esta semana el semblante de los trabajadores de la Palúdica era el propio de quienes se preparan para soportar una gran pérdida, de esas que precisan un tiempo prudencial para que la mente se persuada de la misma. Como suele ocurrir en estos casos todos trataban de recordar el momento exacto en que empezó a gestarse la desolación que ahora atraviesan. Y en lo que todos coinciden es que la historia tuvo su inicio cuando un “porteño” visitó la provincia en agosto y recorrió el edificio con un Gustavo Sáenz que al decir de los profesionales, recién parecía reparar de la existencia de esas oficinas de paredes agrietadas.
El “porteño” en cuestión es Ramón Lanús cuyo perfil es el de un macrista auténtico, un producto acabado de ese modelo de gestión que asemejando al Estado con una empresa, se empecinan a priorizar los balances numéricos y no a las personas que trabajan en un organismo ni los servicios que éste presta a la población. Con semejante horizonte no sorprende que la única buena idea que se le ocurra para ahorrar costos sea deshacerse de bienes inmuebles que resulten onerosos para el fisco.
Chico PRO
Lanús es subordinado del hombre más fuerte del gobierno nacional: el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. De éste depende la Agencia de Administración de Bienes del Estado en la que asumió el primero en marzo pasado cuando en la primera reunión que mantuvo con Macri le informó que estaba relevando todos los bienes inmuebles nacionales a los que pretendían darle un uso moderno y transparente. Para ello, detalló, era imprescindible ejercitar movimientos claves como brindar “respuestas a las necesidades socio-urbanísticas de los municipios de todo el país”; intervenir “en las gestiones inmobiliarias sobre los bienes del Estado para la creación de obras públicas destinadas al bien común”; u ofrecer a las “entidades del Sector Público Nacional un sistema de reducción de alquileres”.
Seis meses después, más precisamente el 25 de septiembre pasado, Lanús ya aparecía en los medios asegurando que la decisión de vender terrenos públicos para desarrollos urbanísticos estaba tomada con el fin de “reactivar la economía y la construcción”. De ese modo, la vieja sentencia inaugurada por la dictadura y consolidada por el menemismo resurgía con el macrismo: achicar el Estado es engrandecer la Nación.
Que Lanús se haya tomado en serio la tarea también se entiende. Como buen tecnócrata es de aquellos que asumen con ahínco la política encomendada sin que les importe si los resultados afectan o no a las personas, algo que los jóvenes de ese perfil asumen desde temprana edad para que los valores forjados sean durables: recibido en la Universidad Austral fundada en los 90 por la prelatura del Opus Dei, se especializó luego en una universidad de EEUU y de allí se vinculo al actual ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich -el hombre que pidió a los empresarios que no lo consideren un funcionario público sino un gerente de recursos- quien lo llevó al G25, el instituto que capacita a profesionales del ámbito privado para incorporarlos a la gestión pública.
A los vínculos con Bullrich, Ramón Lanús sumo luego una excelente relación con el actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para el que trabajó entre 2009 y 2011. Ahora, Lanús sumó a sus buenos contactos el del propio Marcos Peña
De guitarreada en Salta
Lanús fue diligente en cumplir la tarea de relevar los bienes del Estado. En agosto aseguró tener un listado de 40.000 propiedades aunque aseguraba que el número total rondaba en los 80.000 inmuebles. Su trabajo facilitó la redacción del decreto 952/2016 publicado el lunes 22 de agosto en el Boletín Oficial de la nación. Allí se autorizaba la venta de 17 inmuebles estatales que según los considerandos tenía por objeto “reducir gastos y generar actividades económicas en espacios que no están siendo aprovechados”.
Entre ese mes y septiembre, las visitas del funcionario se repitieron en provincias como Mendoza, Santa Fe y localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. En todos los casos los inmuebles blanco de su atención fueron los pertenecientes a las estaciones de ferrocarril que, por lo que se puede ver, lejos de aportar a la reactivación de los trenes interesan más como objetos de operaciones inmobiliarias que el Estado transferirá al sector privado.
También en agosto Lanús arribó a Salta. Era el “porteño” al que parte de los trabajadores de la ex Palúdica adjudican haber convencido a Gustavo Sáenz de lo provechoso que sería darle otro uso al edificio que a diferencia de los que ya se habían ofrecido a la venta, no estaba inutilizado ni era objeto de alguna concesión vencida y mal paga como argumenta el gobierno nacional cuando quiere optimizarlos. Y es que en la Palúdica, como no muchos saben, funciona un organismo nacional en donde trabajan 50 de los 120 trabajadores con que cuenta la entidad en toda la provincia y se prestan servicios vinculados al control de vectores de enfermedades tropicales, sanidad de frontera, reconocimientos médicos y residencias nacionales.
Sin sponsor para el disco
¿A qué conclusiones se puede arribar de todo lo expuesto? A que la transferencia del predio a la municipalidad capitalina no supondrá dinero alguno para el Tesoro Nacional que se conformará con desentenderse de la manutención permanente del mismo. Mientras todo ello se concreta, los trabajadores del lugar aseguran que de ser dueños del lugar pasaran a ser los inquilinos molestos de un emprendimiento del que todavía no se sabe bien quiénes y cómo se financiara.
La preocupación fue abiertamente explicitada por el Delegado Sanitario Federal del ministerio de Salud de la nación, Andrés Dantur, quien asumió en el organismo en mayo pasado. El médico confió a Cuarto Poder que en lo que va de su gestión remitió a las autoridades nacionales dos informes que daban cuenta de las condiciones en la que se desempeñaban los trabajadores y profesionales del lugar como así también del estado edilicio que posee alas directamente clausuradas por peligro de derrumbes.
Al respecto, el médico recordó que entre los reportes que remitió se incluyó un estudio elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNSa en el año 2010 que valuaba las refacciones en 35 millones de pesos. Lo que el médico no confirmó a este medio es la veracidad de una reunión mantenida en el organismo el lunes 14 de noviembre con los funcionarios municipales Pablo Outes y Luis García Salado y de la que también habría participado el mismo Dantur, el médico Mario Zaindenberg y el jefe de sanidad de Fronteras, Ramón Oliver.
En tal ocasión estos habrían indagado a los funcionarios en torno a si el gobierno de la ciudad contaba con ese monto para invertir en el edificio obteniendo por respuestas simples ambigüedades. El día jueves, mientras tanto, la secretaria de Obras Públicas de la municipalidad Kity Blanco admitió en los medios que recién ahora con la transferencia aprobada, ellos impulsaran un proyecto de recuperación con el cual irán en búsqueda de los recursos que permitan no sólo arreglar el lugar, sino también remodelarlo y adaptarlo a las necesidades de un museo.
Y así las cosas y en contra de lo que suele decirse, la suma de debilidades no siempre da por resultado una debilidad mayor sino una nueva fuerza. Es lo que ocurrió en Salta cuando la inclinación de Lanús por ahorrar gastos a la Casa Rosada, la de Gustavo Sáenz por el folclore y la de los diputados y senadores “U” que aprobar el proyecto, generaron este nuevo estado de cosas en donde la propiedad del predio quedó en manos del municipio de una provincia que hace años se desliza a los negocios inmobiliarios.
