El estado provincial, en sintonía con los intereses privados, impulsa un nuevo intento de desalojo a la comunidad Lule de Finca Las Costas. Los acusan de contaminar la cuenca hídrica de la que se abastecen los lujosos countries de la zona.
Nicolás Bignante
La antigua disputa legal de la comunidad Lule por el reconocimiento de la posesión ancestral de unas 11.875 has. en la zona de Las Costas adquirió otro cariz tras el amparo presentado por la provincia por supuesta contaminación ambiental. Esta semana se llevó a cabo una audiencia pública en la que se permitió hablar sólo a seis representantes de la comunidad que, se estima, está conformada por unas 700 familias.
Las caras visibles del intento de desalojo son el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina y el administrador de Las Costas, Enrique Clement, quien además es funcionario del Ministerio de Producción que comanda Martín de los Ríos. Los miembros de la comunidad apuntan también al edil sanlorenceño José María Conde Mauger, como el autor intelectual del amparo.
En concreto, la provincia acusa a la comunidad de contaminar la cuenca del río Astillero, pese a que las familias allí asentadas no desarrollan actividades productivas de alto impacto, como sí realizan los barrios privados que rodean el territorio en disputa.
En la audiencia se leyó un informe de Obras Públicas de Nación que explica: “el sistema de Finca Las Costas está abasteciendo en la actualidad a un 27,5% de la Población de la Ciudad de Salta Capital (…). Que, si se encararan obras de ingeniería de mayor envergadura, como ser la construcción de uno o dos Diques de Contención, se puede lograr servir hasta un 62% del total de usuarios del servicio de agua potable de la Ciudad de Salta, Capital”.
En definitiva, la provincia argumenta que con el caudal de Las Costas podría -obras mediante- subsanar buena parte del déficit que la ciudad de Salta ostenta en materia hídrica. Las pretensiones, sin embargo, parecen muy lejanas considerando el evidente abandono de la empresa Aguas del Norte para con los habitantes de la zona.
David Torres, presidente de la comunidad, manifestó a Cuarto Poder que «Aguas del Norte no invierte hace años en el saneamiento ni en la limpieza de las tomas de agua. Están a cielo abierto. Muchas veces se ven animales muertos, ramas y hojas. Genera toda una fauna dentro de los filtros porque no hay limpieza». Y añade: «No extraen agua de pozo en las cercanías de los caseríos. Todas las tomas pasan lejos, nos preguntamos cómo contaminamos si el agua se la llevan los countries y nunca se quejaron por eso. Es más, tienen lagos, piscinas y parques de riego».
La comunidad que preside, en cambio, no siembra desde hace mucho tiempo porque no disponen de agua. «Durante el verano pasamos desde horas hasta semanas sin agua porque se la llevan toda», asegura Torres.
La avanzada cheta
Detrás de la acusación, entienden desde la comunidad, se encuentran los clásicos intereses inmobiliarios y turísticos que motivaron desde siempre los encontronazos con las familias originarias. Así como los desmontes asedian a las comunidades del Chaco salteño, en el valle, los barrios privados y los emprendimientos turísticos ilegales van cercando cada vez más el territorio comunitario.
«Alrededor de la comunidad hay muchos countries y también avanza la ciudad para este lado. Hay una pendiente de norte a sur en el valle de Salta y todas las aguas servidas van hacia la zona de La Quesera. Por eso es que todos quieren venir a vivir aquí, porque son los últimos espacios verdes que quedan y empiezan a chocar con las comunidades».
En el último tiempo aseguran que se han mensurado unas 19 hectáreas en la zona. También son testigos de cómo vecinos de La Aguada se sirven camionadas de ripio del río sin que pase absolutamente nada. El mencionado barrio, de hecho, fue acusado por los habitantes de la zona de haber conseguido permisos de manera irregular para el uso del agua. «Ellos (por el country La Aguada) solicitaron el agua a Recursos Hídricos y se la otorgaron violando otro derecho. Violando los derechos de las comunidades. Adentro tienen consorcios de agua por los que casi no pagan, creemos que hay un negocio redondo con el agua», destacó David Torres.
Los impulsores
El representante del estado provincial en la causa es el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina. El abogado que ahora acusa de contaminación a familias originarias tuvo como clientes de su estudio jurídico a empresas como: Borax Argentina, Galaxy Lithium S.A., Mansfield Minera, MH Argentina S.A., Minera Austral S.A., Pacific RIM Mining Corporation, Pepennini Argentina, Potasio y Litio Argentina, Puna Exploraciones, Silex Argentina, entre otras. Su expertise en materia de representación legal del extractivismo le valió el mote de «abogado de las mineras», por lo que muchos dudan de su repentina preocupación por el medio ambiente.
De la audiencia también participó el administrador de los terrenos de Las Costas, Enrique Clement Fernández, veterinario de profesión y miembro del staff del ministerio de Producción. Al hombre se le conoce por no tener muy en claro el concepto de respeto a la propiedad privada. Según cuentan las familias de la comunidad, en más de una oportunidad fue denunciado por ingresar sin autorización alguna a los domicilios. «Entraron con caballos hasta los patios de las casas. Mas de 20 personas lo han denunciado por eso», relató Torres a Cuarto Poder. En una ocasión, incluso, uno de los vecinos que participaba en una asamblea comunitaria fue alertado de que el administrador se encontraba nada menos que adentro de su vivienda. «Fue denunciado varias veces por violación del domicilio», comentan.
Finalmente, los habitantes de la zona señalan al concejal de San Lorenzo José María Conde, como el autor intelectual de la arremetida. Según sostienen, el edil tendría intereses vinculados a la Asociación de Equinoterapia que comanda. De hecho, fue señalado por los habitantes de la comunidad por haber avanzado en la instalación de un establecimiento junto al presidente del fortín de gauchos de San Lorenzo. «Creemos que utilizan el aparato del estado para hacer sus negocios», señalan.
Una antigua disputa
En el caso, según denuncia el presidente de la comunidad, sólo se están tomando en consideración aspectos del articulado referidos al derecho ambiental. Lo que exigen es que se consideren los Derechos Humanos contemplados en el artículo 75, inc. 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en el dominio del territorio. «Somos un conjunto y se nos citó individualmente en la búsqueda de que los hermanos se quiebren», relató Torres. Y añadió: «Cada planta, cada árbol es producto de la relación con la comunidad. La conciencia nuestra dice que cuando morimos volvemos ahí. Ese es el ciclo en el que nosotros creemos».
